La Cámara de Diputados de Santa Fe dio media sanción a un proyecto de comunicación en el que se pide al gobierno provincial que gestione la inclusión de las provincias ribereñas en la gestión y control de la hidrovía Paraná-Paraguay.

La iniciativa fue presentada por el diputado y exgobernador Omar Perotti, quien pidió continuar al trabajo conjunto de las provincias ribereñas en el desarrollo de este sistema fluvial “fundamental para el desarrollo del país y la región”.

El pedido obedece a que el decreto 699/2024 del gobierno nacional, que dispone un nuevo modelo de gestión de la hidrovía, “despoja a las provincias ribereñas del papel protagónico en la gestión” de la vía navegable.

En la que fue su primera intervención en Diputados tras dejar la Casa Gris, en diciembre de 2023, Perotti resaltó que incluir a las provincias en la toma de decisiones y en el control de la vía navegable troncal “asegura una gestión más eficiente y coordinada, la implementación de prácticas sostenibles y la protección de los ecosistemas locales”.

“Las provincias tienen un conocimiento profundo de las características y necesidades locales, lo que les permite contribuir de manera significativa al abordaje y resolución de problemas específicos y a la implementación de soluciones adaptadas a las realidades regionales”, añadió.

Un poco de historia

Luego de tres décadas en las que los belgas de Jan De Nul administraron la operación la principal vía navegable interior del país, en 2021 terminó la concesión y la Administración General de Puertos (AGP) tomó a su cargo esa tarea, rodeada por una serie de organismos de control creados también para dar participación a usuarios y provincias en las decisiones.

Mientras tanto, el Estado contrató a los anteriores concesionarios para dragar y balizar, mientras ensayaba un esquema de transición en dos fases: un llamado a licitación “corta” para operar el sistema mientras se preparaban los pliegos para una concesión de más largo plazo. En medio de una batalla de impugnaciones, ese proceso quedó en la nada.

El nuevo gobierno de Javier Milei llegó con toda la impronta privatizadora, que entusiasmó al conglomerado corporativo que se mueve en torno del negocio hidroviario. Pero, como sucedió en otras áreas del Ejecutivo nacional, la volatilidad operativa conspiró contra ese entusiasmo.

Después de un buen tiempo, y respondiendo al reclamo cada vez más intenso de los usuarios comerciales de la vía navegable, el gobierno anunció que puso en marcha el proceso de confección de los pliegos para llamar a licitación, a través de dos decretos, el 699 y el 709. El primero declaró servicio público el dragado, redragado, balizamiento, mantenimiento, señalización y control de las vías navegables, y el segundo delegó en la Secretaría de Transporte el llamado a licitación, que podrá incluso dividir los contratos en tramos. Como parte de estas medidas, se disolvió el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable (Ecovina), un organismo creado en la gestión anterior para garantizar la participación de usuarios y provincias en la gestión de la vía navegable y el proceso licitatorio que la involucra.

Fuentes del sector señalaron que la Subsecretaría de Puertos convocaría próximamente al Consejo Federal de la Hidrovía, integrado por las provincia ribereñas. Este órgano consultivo fue creado también en el gobierno anterior y queda como la única instancia de participación institucional de Estados subnacionales y usuarios.