Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados emitió ayer dos dictámenes para reformar la ley de alquileres, uno de mayoría impulsado por el Frente de Todos que propone mantener la actual norma y sumar beneficios fiscales para mejorar la oferta de viviendas, y otro propiciado por los bloques opositores en el que proponen que los plazos de los contratos de la renta sean a dos años y que el ajuste de los valores sea pactado entre las partes.
La decisión se adoptó ayer por la tarde en una reunión de las comisiones de Legislación General y Presupuesto, que conducen Cecilia Moreau y Carlos Heller.
El despacho del oficialismo sumó 40 firmas de legisladores, mientras que el de la minoría _impulsado por Juntos por el Cambio, Frente de la Concordia, Interbloque Federal y el Interbloque de Provincias Unidas_ recibió el respaldo de 39 diputados.
A lo largo del debate desde el oficialismo se insistió en que la solución no está en quitar derechos a los inquilinos sino en sumar incentivos para mejorar la oferta de alquileres.
Desde la oposición, por su parte, dijeron que su propuesta apunta a eliminar una fuerte regulación que a su juicio generó que se hayan retirado del mercado propiedades en alquiler, si bien todos coincidieron en que el principal problema es el aumento de la inflación.
A lo largo del tratamiento, el Frente de Todos defendió la ley sancionada en 2020 que establece que los contratos se deben celebrar a tres años, con una actualización anual de los valores basado en un indicador promedio de la inflación que mide el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y la variación salarial publicado por el Ripte del Ministerio de Trabajo.
El oficialismo además impulsa que los monotributistas propietarios no deban pasar al régimen impositivo general si tienen alguna propiedad en alquiler, además de contemplar que no paguen bienes personales si las unidades son destinadas a alquiler con un tope de 30 millones de pesos.
También proponen en el proyecto un sistema de incentivos para la construcción de viviendas destinadas al alquiler. Otro punto clave pasa por la ampliación de las ofertas de seguro de caución, una bancarización obligatoria y el registro de parte de los martilleros de los inmuebles ante la Afip, entre otras cuestiones.
Por la oposición
Por su parte, el dictamen de minoría prevé un contrato de dos años, un ajuste acordado libremente entre las partes basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Mayoristas (IPM) y/o el Índice de Salarios (IS) elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) o una combinación de dichos índices, y una actualización consensuada que puede ir de tres meses y a un año.
Los bloques opositores también proponen beneficios para los monotributos y eximición de bienes personales para propietarios que declaren los contratos de alquiler (si el valor no excede los $30 millones).
Además, la oposición impulsa que no se pague la ley del cheque en caja de ahorro o cuentas corrientes bancarias utilizadas en forma exclusiva para las operaciones inherentes a la actividad de locación de inmuebles con destino casa-habitación. Esto, siempre que los contratos de locación se encuentren “debidamente registrados, conforme a la reglamentación”, se aclaró.
Emergencia para el transporte del interior
La comisión de Transportes de la Cámara de Diputados de la Nación emitió ayer un dictamen de mayoría sobre un proyecto de ley consensuado entre los principales bloques, que propone declarar la emergencia en el transporte público de pasajeros del interior y aumentar los subsidios a 59.500 millones de pesos. Para llegar al recinto, la iniciativa debe ser analizada ahora por la comisión de Presupuesto que preside el oficialista Carlos Heller.
Los diputados de las principales bancadas acordaron un texto en común que fija “la emergencia del transporte urbano e interurbano del interior del país y del urbano e interurbano de jurisdicción nacional e internacional”.