La Cámara de Diputados convirtió en ley anoche el proyecto de reforma del régimen de las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART), que reclamaba el Ejecutivo. La propuesta fue sancionada en una sesión convocada en período extraordinario con 88 votos a favor, 22 en contra y 44 abstenciones y contó con el respaldo del bloque Justicialista y parte del Frente Renovador (FR).
Tras la controversia generada luego de que el gobierno decidiera imponer la nueva normativa con un DNU, finalmente el Congreso completó la sanción del proyecto, que venía con aprobación del Senado.
La sesión se inició al mediodía, pero el tema de las ART recién se empezó a debatir a las 17.30, ya que hasta esa hora los diputados plantearon más de treinta cuestiones de privilegio, la mayoría sobre el acuerdo Estado-Correo Argentino.
Cambiemos contó con el respaldo de sus habituales aliados y del bloque Justicialista, de parte del FR, del Frente Santiagueño, del sindicalista Omar Plaini y del peronismo misionero. En contra se expresaron el Frente para la Victoria-PJ, la izquierda, Progresistas y los massistas Facundo Moyano y Jorge Taboada.
Alcances de la norma
El proyecto aprobado reduce de doce a seis meses el plazo para que el comisionado consultivo del sistema de ART acuerde una nueva ley de prevención de riesgos del trabajo. Se fija también la compensación automática de parte de las aseguradoras a las obras sociales por la atención de los trabajadores accidentados, además de la imposición de sanciones a las ART que no cumplan con ese requisito.
Ante una demora injustificada de las comisiones médicas que deben expedirse, tras un plazo de sesenta días hábiles administrativos, los trabajadores quedarán habilitados a recurrir a la instancia judicial.
Sobre el cálculo del ingreso base, el proyecto establece que se tomará como referencia el último salario percibido por el trabajador, siempre que signifique un monto mayor que el promedio de sus cuatro últimos salarios. Además, los trabajadores vinculados por relaciones laborales no registradas con empleadores que no contrataron a una ART no estarán obligados a la instancia previa ante las comisiones médicas.
Durante el debate quedaron en evidencia las diferencias internas expresadas por los posicionamientos divergentes en sectores como el Frente Renovador, el FpV-PJ y los diputados de extracción sindical.
En favor del proyecto, el presidente de la comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara baja, Alberto Roberti (Justicialista) afirmó que "se trata de un cambio positivo". Tras recordar que "corrió el riesgo de salir vía decreto", el diputado de extracción sindical dijo que en el marco de esta discusión "hay que hablar del accidente de trabajo que quizás se pueda evitar". Por último, expresó: "Si esto sirve para mejorar el trabajo decente en la Argentina, si los cambios han sido constructivos, apoyamos el proyecto".
En el mismo sentido, el radical Luis Petri dijo que "hay 120.000 juicios al año que tienen una duración promedio de tres años; por eso hay que hacer algo para mejorar la situación, porque el perjudicado termina siendo el trabajador".
En contra del proyecto, Margarita Stolbizer (GEN) anticipó que "la ley va camino a ser declarada inconstitucional" y cuestionó su "mal de origen": crear un mercado de capitales a costa de la salud de los trabajadores".
Por el FpV, Emilia Soria señaló que "el proyecto tiene olor a pescado podrido porque es un negocio para los bancos", y que "vulnera la Constitución. La solución no está en cerrar el acceso de los trabajadores a los Tribunales sino en fortalecer los trabajos de prevención, en legislar para el bien común", remarcó.
A su turno, Facundo Moyano (FR) explicó su voto en contra: "Es positivo que el tema se debata acá y que no se haya impuesto por decreto, pero la discusión tendría que haber sido más prolongada y profunda, porque hay que atacar la causa principal, que es la siniestralidad".
José de Mendiguren (del mismo espacio) argumentó a favor: "Trabajadores y empresarios pymes padecemos el mismo problema, porque el activo más importante de la pyme es el trabajador. Pero hay actores que no son pymes ni trabajadores que distorsionan esto. La ley no nos satisface, pero es lo que se puede hacer a la espera de otra legislación sobre prevención", cerró.
Por Carlos Fara / Especial para La Capital