Buenos Aires.-
La Cámara de Diputados aprobó hoy y giró al Senado el proyecto del Poder
Ejecutivo que establece una serie de medidas en materia laboral, tributaria y de
blanqueo de capitales, en el marco de una extensa sesión signada por fuertes cruces entre el
oficialismo y la oposición.
El proyecto, que apunta a fortalecer el empleo y mantener la actividad productiva
frente a la crisis internacional, fue aprobado por votos 132 contra 83, tras casi 11 horas de
debate y en medio de una fuerte polémica generada a partir del planteo de una veintena
de diputados cuyo voto no fue registrado.
Luego, y en la votación en particular, se produjo otra controversia cuando
se aprobó el capítulo III sobre blanqueo de capitales y la oposición planteó que se
necesitaba una mayoría especial, mientras que el oficialismo aclaró que no se trataba
de la creación de un impuesto y sólo se requería mayoría simple.
La votación de ese capítulo finalmente resultó 128 votos a favor y 100 en
contra.
Para iniciar la sesión, el oficialismo debió reunir quórum necesario de
129 diputados con sus propios legisladores y algunos aliados, debido a que la oposición no
prestó sus números para abrir la discusión de la iniciativa.
El debate se inició a las 14.30, luego de una sesión especial en la que se
conmemoró los 25 años de la democracia, con una discusión sobre el reglamento, luego de que
el Frente para la Victoria (FPV) mocionó el cierre de la lista de oradores cuando
todavía la oposición no había llegado a ocupar sus bancas.
El proyecto consta de tres capítulos, el primero de Regularización de
Tributos y Recursos de la Seguridad Social; el segundo de Régimen Especial
de Regularización del Empleo No Registrado con Prioridad en Pymes y el
tercero dedicado a la repatriación de capitales.
En el cierre de la discusión, el titular del bloque del bloque del Frente
para la Victoria, Agustín Rossi, defendió el proyecto que establece una amplia moratoria
laboral y tributaria y de blanqueo de capitales y afirmó que buscan “el mantenimiento
de la actividad económica y del empleo”.
En tanto, y al abrir el debate, el titular de la comisión de Presupuesto,
Gustavo Marconato, consideró “oportuno intentar fortalecer la economía real y la
expansión de la economía formal” ante una “gran desaceleración” que se
registra en el mundo, a partir de la crisis financiera internacional.
La propuesta oficial, según resaltó Marconato, “asegura un destino
apropiado de los fondos, acorde al desarrollo económico”, en tanto quienes
“exterioricen sus activos no estarán obligados a informar la fecha de adquisición de
los mismos, ni dar explicaciones del origen de los fondos ante el Afip”.
En tanto, y para el titular de la comisión de Legislación Laboral, el
kirchnerista Héctor Recalde, el proyecto “aporta a una sociedad más justa, igualitaria
y con equidad social” y aseguró que la idea del oficialismo es “diferenciar y
proteger a las pequeñas empresas” y promover la “inclusión social” a partir
del blanqueo de los empleados en negro.
Al explicar su postura a favor del proyecto, la diputada de Guardia
Peronista, Paola Spátola, que denunció haber recibido amenazas por su posición, acusó a
algunos sectores de “hacer política con la crisis” y reiteró que respaldará el
texto “porque hay que mostrar seriedad desde la clase política”.
Por su parte, el kirchnerista Luis Cigogna, titular de la comisión de
Justicia, dijo que “no tolerará que alguien diga que es una ley de amnistía”, al
sostener que “es una falta de respeto, una falsedad y una infamia” esa acusación,
al responder los cuestionamientos realizados por Felipe Solá, alejado semanas atrás de
la bancada oficialista.
Desde la oposición, el radical Oscar Aguad Pedro Azcoiti, al anticipar el
rechazo de su bancada al proyecto, consideró que el gobierno nacional “descubrió tarde
la crisis” y sostuvo que esta ley “sanciona la impunidad”.
También, la diputada de la Coalición Cívica, Fernanda Gil Lozano cuestionó
el proyecto del Poder Ejecutivo y sostuvo que “es como dar una aspirina a un enfermo
terminal”, al reclamar medidas más profundas para enfrentar la crisis
internacional.
El proyecto, enviado semanas atrás por el Poder Ejecutivo que consta de 51
capítulos, recibió una serie de modificaciones acordadas por las autoridades de Presupuesto y
de Legislación Laboral y los funcionarios que participaron en la elaboración del
proyecto, específicamente en el tema del blanqueo de capitales.
Uno de los cambios tiene que ver con el artículo 32, donde se sostiene que
“los sujetos que efectúen la exteriorización no deberán informar a la AFIP, sin
perjuicio del resto de las obligaciones que correspondan, la fecha de compra de las
tenencias ni el origen de los fondos con las que fueran adquiridas”.
El proyecto podría ser convertido en ley por el Senado entre el 18 y el 23
de diciembre, según estimaron fuentes del Frente para la Victoria de la Cámara alta.
(Télam)