El fiscal general Alejandro Alagia y la auxiliar fiscal Berenice Timpanaro solicitaron al Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la imposición de penas de 20 años de prisión para el ex presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Juan Etchebarne, y de 12 años de prisión para el ex agente civil de Inteligencia del Ejército Argentino, Raúl Guglielminetti, por sus responsabilidades en las privaciones ilegales de la libertad y tormentos que sufrieron 26 víctimas durante la persecución al grupo empresarial “Chavanne-Grassi”, bajo la última dictadura cívico militar.

En su alegato, Alagia señaló que “los crímenes probados fueron parte de un plan sistemático y masivo de ataque contra la población civil, con la particularidad en este caso, de que los perseguidos pertenecían a la subversión económica, según la perspectiva de los perpetradores”.

El tribunal, integrado por Daniel Horacio Obligado, Adriana Palliotti y Adrián Federico Grünberg, juzga los hechos que tuvieron como víctimas a empresarios industriales vinculados a los grupos económicos Chavanne y Grassi. Las víctimas estuvieron detenidas en el centro clandestino de detención que funcionó en la Prisión Militar de Campo de Mayo, en el periodo que va del 13 de septiembre de 1978 hasta el 22 de diciembre de ese año, fecha en la cual fueron “legalizadas”, es decir puestas por decreto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.

Durante su exposición, el fiscal señaló que Etchebarne tuvo una intervención como presidente de la CNV de modo necesario en los secuestros y torturas ejecutados por un grupo de tareas que se encontraba a las órdenes del entonces jefe del Primer Cuerpo de Ejército, Carlos Guillermo Suárez Mason.

“Etchebarne intervino en interrogatorios a prisioneros secuestrados. Fue visto o escuchado con certeza por al menos cinco víctimas”, señaló Alagia. “También fue reconocida su presencia en el campo de concentración por autoridades del Primer Cuerpo del Ejército y por funcionarios de la Comisión Nacional de Valores, que intervinieron en los interrogatorios en el lugar de los hechos”.

El representante del MPF sostuvo que el ex titular de CNV “contribuyó a los secuestros por haber autorizado la participación de peritos de esa dependencia para colaborar con el grupo de secuestradores en la elaboración de los interrogatorios de las personas en cautiverio”.

Por otro lado, el fiscal sostuvo que Guglielminetti como agente civil de inteligencia del Batallón 601 tuvo participación directa sobre nueve secuestros. Enfatizó que “su participación fue reconocida por las víctimas o los familiares que presenciaron los hechos”.

Según dio por acreditado la fiscalía, los hechos ocurrieron en el marco de la conformación de un grupo de tareas entre integrantes de las Fuerzas Armadas y la CNV para perseguir a personas vinculadas al grupo empresarial “Chavanne-Grassi”.

El inicio del accionar delictual comenzó con una investigación realizada por la propia CNV que derivó en una denuncia penal, que recayó en el Juzgado Federal N°2 y fue inmediatamente remitida al Cuerpo Primero del Ejército, con los fines de intervenir sobre la compra del Banco de Hurlingham por parte de Juan Chavanne, una de las víctimas. El supuesto objetivo de este accionar era “recuperar” el dinero que la organización Montoneros habría obtenido por el pago del rescate de los hermanos Juan y Jorge Born, directivos de la firma “Bunge & Born”.

En este marco, Chavanne fue privado ilegalmente de su libertad el 14 de septiembre de 1978, luego de ser secuestrado en el microcentro porteño por un grupo de efectivos del Primer Cuerpo del Ejército Argentino, armados y vestidos de civil. Posteriormente fue trasladado a la sede del Comando del Primer Cuerpo del Ejército en la ciudad de Buenos Aires y posteriormente a la cárcel de Encausados de Campo de Mayo, donde sufrió tormentos.

Esta misma mecánica se repitió con distintas variantes sobre las otras víctimas. El objetivo era el desapoderamiento de activos.