La reforma previsional aprobada en medio de cacerolazos, marchas multitudinarias y represión, ajusta a la baja la actualización de haberes de 17 millones de beneficiarios del sistema previsional. No hay bono ni artilugios discursivos sobre la garantía del 82 por ciento del salario mínimo (9.500 pesos desde enero) para una fracción pequeña de ese universo, que disfracen ese hecho.
El argumento oficial respecto de que la nueva fórmula cubrirá a los jubilados de los picos inflacionarios es vidrioso. La actualización utilizada desde 2009, a partir de un fallo de la Corte Suprema que derivó en una ley del Congreso, le ganó en el período de vigencia a la evolución de los precios, medida incluso por los índices privados. Sólo perdió en dos períodos: uno corresponde al penúltimo año de un ciclo de 12. El otro fue el primero, el inaugural, del presidente Mauricio Macri. Fue cuando registró una inflación del 40 por ciento a pesar de que su equipo había asegurado que la devaluación no se trasladaría porque los precios ya estaban fijados al valor fantasmal del dólar paralelo. Sobre esa mentira fundacional, se montó la del Banco Central, que prometió una inflación de entre el 12 por ciento y el 17 por ciento este año. Por error o por mentira, los fallos en las proyecciones oficiales muestran una efectividad del 100 por ciento en dos años de gestión. Y la canasta de los jubilados sube por encima del índice general de inflación. Aun así, nada impedía al Ejecutivo reforzar la vieja fórmula con una cláusula gatillo, entre otras cosas.
Pero no es ese el plan. El objetivo lanzado desde que incluyó la llamada reparación histórica dentro de la ley de blanqueo de capitales fue reformar el sistema previsional, endureciendo gradualmente las condiciones de jubilación, las prestaciones y el universo alcanzado. El argumento es la quiebra del régimen, denuncia que no se corresponde estrictamente con el superávit que tenía la Ansés hasta 2015. Tampoco con el generoso blanqueo y rebaja de aportes patronales impulsado por la actual administración y con la transferencias de fondos de la seguridad social a los gobernadores.
La experiencia desmintió la relación entre reducción de aportes y mayor empleo, que esgrime el oficialismo como justificación de este agujero. Más bien, este fin de año muestra una aceleración cruel y provocativa de los despidos en el Estado y el sector privado, que tendrá su impacto en el sistema previsional.
El propio despliegue de los argumentos oficialistas en la sesión durante la que se aprobó la ley jubilatoria relata su política hacia el sector. Empezaron con una expresión de "orgullo" por la cobertura previsional del 98 por ciento que exhibe Argentina y terminaron con una bravata contra el "descontrol de las moratorias" que permitieron alcanzar ese nivel de cobertura.
El odio a quienes se jubilaron por esa primera reparación, que benefició a tres veces más personas que la que incluyó el actual gobierno en el blanqueo de capitales, compite con la venganza disparada contra los trabajadores organizados. La nueva derecha que hizo campaña en el 2015 prometiendo preservar los beneficios adquiridos en años anteriores, sólo admite una "sensibilidad social" que no cristalice en un derecho. Un subsidio, una pensión, un plan social son el límite de esta "caridad keynesiana". Una paritaria, una protección contra los despidos arbitrarios, un fuero judicial que proteja al sector más vulnerable de la relación laboral, un sistema impositivo distributivo, son, en esta concepción, "privilegios". Liberar al mundo de los negocios de este "lastre" es el programa oficial. De nuevo en lo previsional, el fundamento último de crítica a la movilidad ya derogada fue que, por estar atada a la recaudación, no era compatible con el proceso de baja de impuestos a las empresas. Este programa, que emerge entre el confuso y engañoso discurso oficial, tuvo hasta ahora el consenso de una primera minoría activa que, como escribió en 2001 una periodista de esta casa, actúa políticamente mirándose en el espejo de los arriba, hasta que su propia experiencia le devuelve la imagen desde abajo. El tempo dirá si este diciembre de furia y despidos, que anticipó la batalla del ajuste del 2018, será el primer paso de un nuevo movimiento.