El ministro de Economía, Amado Boudou, y el presidente del Banco Central (BCRA), Martín Redrado, quedaron ayer imputados en la causa judicial que investiga la utilización, por parte del gobierno, de las reservas para pagar parte de la deuda pública.
El ministro de Economía, Amado Boudou, y el presidente del Banco Central (BCRA), Martín Redrado, quedaron ayer imputados en la causa judicial que investiga la utilización, por parte del gobierno, de las reservas para pagar parte de la deuda pública.
Así lo dictaminó el fiscal federal Luis Comparatore, al impulsar la denuncia para investigar los alcances del decreto de necesidad y urgencia 2010/09 que firmó la presidenta Cristina Fernández, a través del cual se dispuso que se destinaran 6.500 millones de pesos como fondo de garantías para pagar la deuda en dólares.
El lunes, el gobierno de la provincia de San Luis demandó al Estado Nacional ante la Corte Suprema de Justicia por ese decreto.
Por lo pronto, el fiscal Comparatore le pidió al juez del caso, Daniel Rafecas, que disponga una serie de medidas para profundizar cuál fue la responsabilidad del titular del Banco Central, a cargo de custodiar las reservas de ese organismo.
Comparatore solicitó que "se requiera de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia que remita la totalidad de los antecedentes relacionados con el DNU 2010/09"; y también a "la Sindicatura General de la Nación que informe si previo al dictado" de esa norma "se efectuaron consultas al organismo referido o existen allí antecedentes sobre esta materia", indicaron fuentes judiciales.
El fiscal también dispuso que se le tome declaración testimonial a uno de los denunciantes, Javier Llorens, "atento al cúmulo de particularidades técnicas que ostentan los hechos denunciados, que indudablemente requieren para su intelección un importante análisis macroeconómico".
Llorens presentó la denuncia junto al abogado Ricardo Monner Sans y el ex diputado Mario Cafiero, al considerar que se incurrió en un "flagrante abuso de autoridad" al disponer de los recursos del Central para esta "insensata y demencial política financiera puesta en marcha".
Al analizar la cuestión, el fiscal Comparatore consideró que como en "diversos medios periodísticos han aparecido publicaciones relacionados con los hechos denunciados, y que en las mismas se hace amplia referencia a presentaciones efectuadas ante otros tribunales, incluyendo a la Corte Suprema de la Nación, previo a resolver sobre la cautelar introducida considero apropiado que se proceda a la certificación de dichas presentaciones a fin de evitar soluciones contradictorias".