Durante la primera semana de 2017 sucedieron varios hechos de relevancia: el estreno de la tasa de pases como "referencia monetaria", la formalización de la baja "gradual" de retenciones a la soja; la eliminación de la obligatoriedad a las exportaciones de servicios para liquidar las divisas en el BCRA y la reducción de los impuestos a los autos de lujo. Pero, sin dudas, la medida central ue la quita total de restricciones a la entrada y salida de capitales.
El jueves 5 de enero de 2017, el nuevo ministro de Hacienda anunció la eliminación total de esos plazos mínimos, garantizando así que cualquier fondo de inversión pueda entrar y sacar los capitales del país en la magnitud que le plazca y sin límites de plazos mínimos de permanencia.
Cabe retrotraernos a octubre de 2016. En esa fecha el Tesoro Nacional hizo la extraordinaria (y sospechosa) proeza de colocar $75 mil millones a 10 y 7 años en pesos y a tasas fijas de 15,5 por ciento y 16 por ciento, respectivamente. Lo primero que llamó la atención dfue la tasa de corte sumamente baja que se obtuvo, incluso por debajo de cualquier proyección de inflación para el próximo trienio. Un mes antes, el gobierno había fracasado en una licitación igual (pero a 18 meses), teniendo que pagar 22,7 por ciento y pudiendo colocar sólo $15 mil millones de los $25 mil millones objetivos. En esa rueda, para colocar el total, el gobierno debió haber cortado el interés por encima del 23 por ciento. Sin embargo, eligió fijar la tasa en un valor menor y rechazar ofertas.
En la megacolocación de octubre también llamó poderosamente la atención la gran cantidad de ofertas recibidas desde el exterior para adquirir un bono en moneda local de una economía con serios problemas inflacionarios y pagando una tasa fija inferior, por lo menos, a la suba de precios y tipo de cambio proyectada los primeros 3/4 años. ¿Qué fue lo que cambió tanto en un mes? ¿Será que los fondos especulativos ahora apuntan al mediano plazo?
Nada de eso. Lo que estaba por detrás del éxito de la colocación del Tesoro es el acercamiento de Argentina a los requerimientos que el JP Morgan le impone a las economías emergentes para incluirlos en su Government Bond Index-EmergingMarkets (GBI-EM). Este índice, compuesto por bonos en moneda local de países emergentes como Brasil, Chile, Colombia, Indonesia, Turquía, Nigeria y otros, es benchmark a nivel internacional. Es decir, diversos fondos de todo el mundo reproducen ese índice armando sus carteras según la estructura que el JP Morgan les asigna. Lo cierto es que para que el banco del ex-ministro de Hacienda decida incluir a un país emergente dentro de su codiciado índice, el país debe cumplir una serie de requisitos. A saber: tener emisiones a tasa fija y en moneda doméstica por más de u$s 1.000 millones, que la inversión en esos activos sea convertible y que no existan restricciones al movimiento de capitales. Nuestro país superó en octubre dicho monto mínimo, por eso la desesperación de todos los actores financieros por adquirir esos bonos en pesos. ¿Cuál era el negocio? Si Argentina eliminaba la restricción de los 120 días, el JP Morgan incluiría al país en el GBI-EM, haciendo que los fondos que reproducen ese índice deban venir a adquirir dichos bonos. Esto aumentaría su precio y permitiría a los tenedores hacer un fabuloso negocio de compra-venta.
En efecto, y prácticamente como acto reflejo, el s 6 enero JP Morgan anunció que incorporará a los bonos argentinos en el índice, en su próxima reunión del 28 de febrero. Parece claro que sta banca está jugando el rol que antaño desempeñaban el FMI y BM: ofrece "beneficios" con condicionalidades.