El juez federal Sebastián Casanello citó ayer a indagatoria al empresario Jorge Corcho Rodríguez, acusado de ser parte de una estructura de sobornos de la constructora brasilera Odebrecht en la obra de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa) de Paraná de las Palmas, en la localidad bonaerense de Tigre.
Además, el juez procesó —tras haber indagado por este mismo hecho— a Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción y titular de la firma Esuco, que tuvo a cargo una obra en Berazategui de Aysa también bajo sospecha, y al empresario Benito Roggio, entre otros.
Corcho Rodríguez ya tiene fecha de indagatoria para el 17 de octubre en otra de las causas de Odebrecht, por la obra del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, luego de que el testimonio de un ex funcionario revelara que el empresario formó parte de reuniones con el entonces secretario de Obras Públicas José López, en donde aquel oficiaba de nexo con la constructora brasilera.
Los procesamientos por el delito de administración fraudulenta fueron como "coautores" para el ex titular de Aysa Carlos Ben y su entonces segundo, Raúl Biancuzzo, y como partícipes necesarios para los empresarios Wagner, Roggio y Tito Biagini.
Embargos
A los funcionarios les fijó embargos que van hasta los 700 millones de pesos y a los empresarios desde los 200 a los 500 millones, mientras que se ordenó una tasación de los bienes de todos los procesados.
Las nuevas citaciones a indagatoria incluyen a Rodríguez, a Marcelo Odebrecht, a directivos de la firma Camargo Correa, al ex ministro de Planificación Julio De Vido, a su entonces segundo Roberto Baratta y a José López.
A todos les fijó la prohibición de salida del país, como lo había solicitado la semana pasada la Oficina Anticorrupción.
Las obras bajo sospecha por sobreprecios y pago de sobornos, son la de la Planta del Bicentenario (en 2007), en el partido bonaerense de Berazategui, y la de Paraná de las Palmas, en Tigre, en la que se abrieron los pliegos en 2008.
La obra de Paraná de las Palmas arrancó con una licitación por 1.838.504.275 de pesos. Hasta el momento se pagaron 7.197.333.708 y hay facturas pendientes por 20.084.470; en tanto que la de Berazategui se inició con un presupuesto de 324.000.000 de pesos y finalmente se adjudicó por 814.030.605.
Según sostuvo el juez, los acusados "en el marco de sus competencias propias contribuyeron al direccionamiento y a la generación de mayores costos para la administración pública en beneficio de los contratistas privados".