Aunque seguramente se pagará en bonos y con plazos, los cien mil millones de pesos que entrarán al fisco santafesino como consecuencia de la resolución de la Corte Suprema serán un importante vehículo de financiamiento de políticas públicas.

De hecho, la coparticipación recuperada por la eliminación del descuento en 2015 fue volcada por ley a financiar un plan de infraestructura que estuvo entre los de mayor envergadura de la historia de Santa Fe, en cuanto a sus montos.

El pago de la deuda histórica será utilizado, según adelantó el gobernador Omar Perotti, para financiar obra pública y para distribuir en parte con municipios y comunas.

Los montos son importantes. Es tres veces superior al presupuesto ejecutado ejecutado en 2021 para gastos de capital en los primeros nueve meses del año.

Otra forma de comparación: la masa salarial total de la provincia asciende a 400 mil millones de pesos, y la recaudación por ingresos brutos a 200 mil millones. El presupuesto 2022 enviado a extraordinarias a la Legislatura asciende a 850 mil millones de pesos.

A fines de 2018, el ex gobernador Miguel Lifschitz dispuso financiar un programa de pavimentación urbana por el cual se adelantaban a los municipios fondos que les correspondían por estas sentencias.

La decisión de la Corte Suprema

La Corte Suprema de Justicia estableció el monto y fijó la modalidad de pago de la deuda que el gobierno central tiene con Santa Fe por descuentos indebidos de coparticipación entre el año 2006 y 2015. El máximo tribunal confirmó el fallo favorable para la provincia y actualizó el monto a pagar, que ronda los 100 mil millones de pesos.

El tribunal fijó el monto de la deuda por coparticipación en 54 mil millones de pesos y el de la deuda por detracciones indebidas para financiar a la Afip por 14 mil millones de pesos. Además, le sumó 18 mil millones correspondientes a un expediente iniciado en 2009.

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La deuda de la Nación con la provincia de Santa Fe tomó forma en noviembre de 2015, cuando la Corte Suprema de la Nación falló a favor de un reclamo que había iniciado Binner. El reclamo fue contra la detracción del 15% que el gobierno central detraía de la coparticipación federal desde los primeros pactos federales firmados por Carlos Reutemann en la década del 90. Aunque fue la provincia la que inició la demanda, una vez que consideró vencidos los plazos de aquel pacto, la sentencia del tribunal alcanzó también a San Luis y Córdoba,

A partir de ese momento, el gobierno nacional dejó de descontar el 15% de coparticipación a la provincia. Pero quedó pendiente el cumplimiento del mandato de la Corte para negociar el pago de la deuda que se generó desde al año 2006, cuando comenzó a considerarse ilegal esa detracción. A pesar de que establecía un plazo limitado, el gobierno de Mauricio Macri llevó a la larga la negociación y no hubo avances, aún cuando Miguel Lifschitz firmó el pacto fiscal de 2017 con la condición de que se pague esa deuda, y de haber presentado diferentes propuestas de pago.

A precios actuales, se estima que el monto a desembolsar por el Estado nacional debería ser superior a los 100 mil millones de pesos.