El gobierno nacional decidió eliminar por decreto la detracción del 15 por ciento de los fondos coparticipables que efectuaba sobre las provincias con el objetivo de financiar la Ansés, y dispuso cubrir esos montos que deja de percibir con fondos del Tesoro nacional. La norma, publicad ayer en el Boletín Oficial con la firma de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y todo su gabinete, extiende a todos los Estados del interior los alcances del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que favoreció el reclamo de Santa Fe, San Luis y Córdoba.
El impacto fiscal de la medida supera los 90 mil millones de pesos anuales. En el caso santafesino, la secuencia de la sentencia del máximo tribunal y el decreto presidencial le permitirá comenzar a percibir 500 millones de pesos extra por mes. De esa masa, se volcarían al municipio de Rosario, según estimaciones de la cartera económica provincial, entre 22 y 23 millones de pesos mensuales.
El decreto establece que "en virtud de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación", cesa la detracción del 15 por ciento de la masa de impuestos coparticipables pactada en la cláusula primera del pacto federal de 1992, en la proporción que les corresponda de acuerdo a la distribución y a los índices fijados en la ley de coparticipación federal.
Tras conocerse el fallo y el decreto, el designado ministro de Interior, Rogelio Frigerio, dijo que dentro de la alianza Cambiemos que lidera Mauricio Macri no esperaban ese fallo de la Corte Suprema a dos días de ganar la elección.
Tras la asunción del nuevo gobierno el 10 de diciembre próximo, habrá que analizar "qué ocurre con este fallo puntual para tres provincias", dijo Frigerio y aseguró que la administración de Mauricio Macri no discute "el derecho de las provincias de reclamar lo que consideren justo".
La Corte Suprema de Justicia declaró la semana pasada inconstitucional la deducción del 15 por ciento de la coparticipación federal impositiva para financiar a la Ansés, y el descuento de 1,9 por ciento que se estableció en 2001 para financiar la Afip. Ambas detracciones datan de las épocas en que Domingo Cavallo ocupó el cargo de ministro de Economía.
El alto cuerpo hizo lugar a las demandas planteadas por las provincias de Santa Fe y San Luis y, con esos antecedentes, ordenó al Estado nacional, con carácter de medida cautelar, que suspenda de manera inmediata los descuentos que se le efectúan a Córdoba.
En los considerandos del decreto, el gobierno nacional sostuvo que las medidas del máximo tribunal "refieren sólo a tres provincias argentinas: Córdoba, San Luis y Santa Fe". Pero aclaró que, del modo en que han sido dictadas, sus implicancias más temprano que tarde, se deben extender al conjunto de todas las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los principales funcionarios del gobierno saliente criticaron en principio el fallo de la Corte porque desfinanciaba a la Ansés. De hecho, en el decreto publicado ayer, la presidenta advirtió que la sentencia producirá "un drástico cambio en el reparto de la coparticipación y una brusca disminución de los ingresos para la seguridad social, afectando incluso los índices de movilidad jubilatoria, la asistencia a las cajas de regímenes no transferidos, condicionando de ese modo a la totalidad del sistema provisional de reparto y a las prestaciones de la seguridad social". Por eso ordenó cubrir el bache con rentas generales.
En 2014, Ansés percibió $ 72 mil millones por la retención del 15 por ciento a las provincias. Para este año se estimaba que esa suma sería de $ 95 mil millones. Para 2016, ascendería a $ 115.000 millones.
Doble comando
Lino Barañao, el ministro de Ciencia del gobierno actual, que continuará en el cargo durante la administración macrista, es uno de los integrantes del gabinete que firmó el decreto por la coparticipación.
