El presidente Alberto Fernández anunció que pagará con bonos del Tesoro a la ciudad de Buenos Aires los fondos coparticipables que surgen de la medida cautelar emitida por la Corte Suprema de Justicia, a la vez que ratificó que presentará un pedido de revocatoria de la resolución y recusará a los miembros del alto tribunal.
El jefe del estado instruyó a la Jefatura de Gabinete para que “reasigne los únicos recursos disponibles del ejercicio 2022 y los transfiera a una cuenta del Banco Nación a nombre del GCBA” y anticipó que “se utilizarán bonos TX31 y se los pondrá a disposición del cumplimiento de la medida cautelar que impugnamos”.
“Dicha transferencia comprenderá, en bonos, el dinero correspondiente a 90 días de vigencia de la medida cautelar, a la espera del fallo definitivo, o de una ley del Congreso que le asigne a este pago los recursos presupuestarios pertinentes”, dijo.
Sobre este punto, indicó que los bonos consignados “ya fueron aceptados por la Corte para atender la deuda del Estado con la provincia de Santa Fe” y añadió que, “siendo así, no habría lesión al derecho concedido a la Caba, a menos que el tribunal crea que existen ciudades de primera y provincias de segunda”.
La decisión de acatar el fallo, que convalida en los hechos un aumento de los fondos coparticipables para la ciudad de Buenos Aires, fue comunicada por el presidente ayer por la mañana a través de Twitter.
“Estoy convencido de que la resolución carece de los fundamentos exigidos a toda decisión judicial y por lo tanto está viciada, afecta legítimos derechos de las provincias argentinas y quiebra la igualdad sobre la cual se asienta el federalismo en nuestra Constitución nacional”, comenzó escribiendo el jefe de Estado.
La Corte Suprema dispuso el miércoles último que el gobierno nacional le pague a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables, en el marco de la disputa por el costo del traspaso en 2016 de la Policía Federal.
Si bien se trata de una decisión sobre una medida cautelar pedida por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y no una decisión sobre la cuestión de fondo, el fallo fue firmado por los cuatro miembros del tribunal y con la directiva de que los pagos se hicieran “en forma y automática”.
En ese sentido, Fernández reveló que, pese a que esa medida “viola la división de poderes y carece de fundamentación suficiente”, el gobierno cumplirá lo dispuesto y, para ello, “se utilizarán bonos TX31”.
El conflicto Nación-Ciudad surgió cuando, a poco de iniciarse la gestión de Mauricio Macri como presidente. En 2016 subió la participación porteña en los impuestos coparticipables del 1,40% al 3,75%.Ese incremento, considerado injusto por la mayoría de las provincias, fue desactivado en septiembre de 2020, cuando Fernández estableció que le correspondía un 2,32% a Caba.
Contra esa decisión recurrió a la Corte Rodríguez Larreta, por ser el máximo tribunal el que interviene en los juicios entre la Nación y las provincias. Así se inició un proceso en el que las partes fueron convocadas para que resolvieran sus diferencias y pusieran el porcentaje voluntariamente, pero el intento de mediación fracasó.
El presidente Alberto Fernández reveló ayer que instruyó al Procurador del Tesoro para “presentar un recurso de revocatoria ‘in extremis’ contra la decisión judicial tomada, a fin de que se revise la medida cautelar dispuesta”.
“Además, he ordenado recusar a los jueces del máximo tribunal porque, habiendo fijado posición sobre la cuestión de fondo al dictar la medida cautelar, han prejuzgado contra el Estado Nacional, perjudicando sus cuentas y afectando los recursos de las 23 provincias argentinas”, añadió Fernández a párrafo seguido.
Paralelamente, el presidente informó que instruyó al Ministerio de Economía para que envíe al Congreso un proyecto de ley -para tratar en “sesiones extraordinarias”- que “prevea presupuestariamente los recursos necesarios para hacer posible cumplir la manda judicial”.
El gobierno porteño no quiere bonos
El gobierno porteño presentó un escrito ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) para informar sobre “el incumplimiento” del Gobierno nacional del fallo que ordenó restituir el 2,95% de los fondos coparticipables y rechazó el pago en bonos anticipado por Casa Rosada, al considerar que los recursos “no pueden ser reemplazados discrecionalmente por otra forma de financiamiento”.
También instruyó a la Procuración General del distrito, a cargo de Gabriel Astarloa, “que inicie una demanda penal a los funcionarios responsables de no acatar el fallo”.
Por otra parte, anticipó su rechazo a la utilización por parte del gobierno nacional de bonos TX31 para el pago al indicar que “los recursos de la coparticipación son extrapresupuestarios, se deben transferir diariamente y no pueden ser reemplazados discrecionalmente por otra forma de financiamiento”.
Y concluyó en que “tal como lo establecen las normas republicanas en un país con división de poderes los fallos se cumplen, no se interpretan”.