Economía

Control de precios y economía criminal: crítica y consenso dentro del modelo

El control de precios y la recuperación estatal del territorio frente al dominio de la economía criminal forman parte de conflictos de impacto muy distinto. Es difícil parangonar la violencia feroz desatada...

Domingo 09 de Junio de 2013

El control de precios y la recuperación estatal del territorio frente al dominio de la economía criminal forman parte de conflictos de impacto muy distinto. Es difícil parangonar la violencia feroz desatada en la competencia por la hegemonía en el mercado de bienes y servicios ilícitos, con la que deriva de la apropiación gradual del ingreso de los trabajadores por parte de un sector económico cuyo poder no busca fundamentarse en el choque físico sino en leyes "científicas" que lo prescriben inevitable.

Dicho esto, no es ocioso permitirse sospechar que el proceso económico, la generación de riqueza, su distribución y la atención de las necesidades de los diferentes actores forman parte del sustrato sobre el cual se desenvuelven ambos conflictos. Y que es la política, la herramienta de la sociedad para abandonar el estado de naturaleza, el espacio de disputa del que surgirán las formas de intervención estatal en esas problemáticas.

Aunque no es privativo de un período histórico, los últimos diez años se convirtieron en una fuente inagotable, y a veces agotadora, de "conflictos fundacionales" que ordenaban el mundo en base a parteaguas infranqueables, creadores de espacios que no admitían defecciones, traiciones, flaquezas, matices ni disensos.

Exprimido hasta la banalización en el día a día de la táctica política, ese discurso muta frecuentemente en verso. Pero esto no alcanza a disfrazar que, por debajo de las caricaturas mediáticas, subsisten trazos gruesos de modelos en pugna.

Con todas las discusiones posibles, es legítimo pensar que la economía y la política de la primera década del siglo XXI se construyó como un modelo inverso al de la década de la convertibilidad. Entre otras cosas, el valor del empleo, la recuperación del Estado y la obligación estatal de intervenir para asegurar un piso de protección de los sectores más vulnerables es una convicción, y un piso salarial para sustentar el mercado interno constituyen un paradigma claramente diferenciado de la consigna menemista de "siempre habrá pobres".

Esa certeza es un límite sobre el cual se construyen campos políticos diferenciados. Puede haber hacia su interior peleas encarnizadas pero, como se verá en las próximas elecciones, el posicionamiento sobre el futuro de ese núcleo duro de ideas y programas políticos es un filtro inevitable. Sobre todo para quienes disputan electoralmente, dentro de este espacio construido (para ponerle una etiqueta) en el rechazo a los paradigmas de los noventa.

Unos y otros subrayan ese límite ante cada cruce cotidiano. Aún cuando se abuse del recurso, lo interesante es que pone a los actores en la constante necesidad de reconocer esa frontera, más allá de la cual merodea la Bestia de verdad. El debate sobre la inflación es ilustrativo. Negarla y destruir la credibilidad de un organismo público (lo que se paga en la práctica cuando se entrega el mecanismo de indexación al arbitrio privado) para sostener la mentira, no puede ser justificada por ningún límite que no sea el de la propia irresponsabilidad. Denunciar esto y convertir al problema de la inflación en un eje de campaña permanente suena contradictoria, del otro lado, con la impugnación sin cortapisas de las medidas de control, congelamiento o acuerdo de precios. Pueden ser estos planes grandes puestas en escenas y verdaderos números circenses. En todo caso, será tierra fértil para la crítica más demoledora, que es la que se ejerce desde la acción contra el discurso. El sencillo trámite de profetizar su fracaso, desde la oposición o desde los Estados subnacionales, puede ser tan tentador como nocivo a la hora de poner en tela de juicio el principio de que los precios son controlables.

En este punto, la discusión sobre el control inflacionario y la disputa entre el Estado democrático y las organizaciones criminales tienen alguna cercanía discursiva. Se trata de modelos y de límites dentro de los cuales se desenvuelve la pelea política, incluso la que tiene como campo de acción a la Justicia.

En estos tiempos en que Rosario anticipa con fiereza el carácter que puede tomar en todo el país el conflicto político y social que promueve la acumulación económica al margen de la ley (sea la venta de drogas, bienes robados, soja o de jugadores de fútbol), la legítima polémica sobre el diagnóstico y la resolución de este verdadero desafío para el sistema democrático se despliega sobre fronteras sinuosas.

Fronteras. Como en el caso de la inflación, una cosa es criticar el descontrol de las fuerzas de seguridad, otra es abrir la brecha a la añoranza de las épocas en que ese control era tan absoluto como la comunidad de ideas entre el brazo armado del Estado y la autoridad política que debía conducirla.

El problema del Indec existe. Pero una vez solucionado, quedará el problema de la inflación. Reclamar la acción del gobierno en materia de seguridad, entendida en los términos del actual modelo y no el de los 90, expone el desafío de la acción una vez que el objetivo inmediato de denunciar incapacidades, errores, omisiones y desaciertos, de facturar el costo político en definitiva, ya fue completo. Cerrar filas no es hacer la venia, es saber que se pueden hacer críticas constructivas, jugosas y profundidas sin comprometer un objetivo en el que se pone en juego la sustentabilidad de todos.

No hay en Rosario una disputa territorial extraña a otros aglomerados del país. Como en otros procesos políticos y económicos, puede ser que anticipe un ciclo que tarde o temprano se nacionalizará. Coordinar estrategias no suena a mala idea, más allá de los cruces para la televisión. Pasar del terreno de las balas al de las facturas tampoco, en la ruta de pensar que quizás en el escritorio de un contador o un agente inmobiliario esté el secreto de tanta matanza en el territorio.

Suele atribuírsele a la pobreza la condición excluyente en la que se generan situaciones de violencia. Pero Rosario escaló en este índice durante uno de sus períodos de mayor expansión de su historia, en términos agregados. Quizás sea hora de abordar el problema empezando por su riqueza, y su exteriorización.

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