Construcción: vence otro plazo para el blanqueo y la provincia adherirá

El miércoles próximo vence el plazo para ingresar al blanqueo de activos que se destinen a proyectos de inversión en la construcción, pagando un impuesto especial del 10% de los fondos que se declaren. A partir de esa fecha y hasta el 9 de julio, la alícuota subirá al 20%.

El régimen de regularización fue aprobado por el Congreso en octubre del año pasado y tiene el objetivo de apuntalar la recuperación de una actividad que tiene alto impacto en el empleo en todo el país. De hecho, las provincias pueden adherir al plan, extendiendo los beneficios a los tributos locales. Santa Fe ya tiene decidido presentar un proyecto legislativo.

El régimen de regularización permite blanquear fondos no declarados, en pesos o dólares, si son destinados a financiar proyectos de construcción. Está abierto a personas y empresas y cubre tanto a desarrollos inmobiliarios como a obras domiciliarias o de autoconstrucción.

Con el pago del impuesto especial, el interesado abre una cuenta bancaria específica y tiene tiempo hasta diciembre del 2022 para ir movilizando esos recursos en el proyecto constructivo.

La iniciativa fue promovida por el Ministerio de Economía en el segundo semestre de 2020, con la idea de apuntalar la reactivación poscuarentena en un sector que cumple tres características estratégicas: genera empleo, está en todas las provincias y no requiere insumos dolarizados.

Estimaciones

Las primeras estimaciones de la cartera que conduce Martín Guzmán apuntaban a recaudar u$s 2 mil millones por este mecanismo, un 1% de lo que se calcula oficialmente que está atesorado fuera del circuito financiero local.

Las constructoras proyectaron en su momento que se podrían movilizar hasta u$s 5 mil millones, aunque creen que para que se cumpla esa meta es importante que se extiendan los plazos.

Desde el gobierno aseguran que no hay nada sobre eso, todavía. Una prórroga tendría su complejidad porque debe ser aprobada por el Congreso, aunque la ley salió con consenso del oficialismo y la oposición.

Por lo pronto, los funcionarios de Economía intensificaron en los últimos días los contactos con la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), sus delegaciones provinciales y las distintas entidades que agrupan a constructores y desarrolladores. También con los funcionarios de las provincias. El objetivo es promover los beneficios de la ley, que exime a los inversores qeu se acojan, de la reclamación fiscal por los fondos no declarados y posteriormente blanqueados.

Beneficios

El régimen establece, además, exenciones del impuesto sobre los bienes personales de las inversiones destinadas a la construcción de inmuebles nuevos durante dos años y un crédito fiscal para computar contra ese impuesto, igual al 1% de las inversiones realizadas en construcción.

También adecua el momento del pago de los tributos sobre las transacciones inmobiliarias (Ganancias e Impuesto a la Transferencia de Inmuebles, según corresponda) al momento de percibir los ingresos por la inversión, y el monto imponible a su evolución en términos reales.

Adhesión provincial

Un dato importante es que el impuesto especial es coparticipable. Hay provincias que ya adhirieron y otras estudian hacerlo, de modo de extender el “bloqueo fiscal” a los tributos locales. Algunos distritos le suman alguna sobretasa al impuesto especial establecido en el régimen nacional. En casos como el de La Pampa, van del 1% al 5% según el proyecto. En el caso de Santa Fe, trascendió que se podría sumar una alícuota del 1% para el caso de grandes desarrollos. Esto está sujeto todavía a definición, que debe ser sometida además a aprobación Legislativa. A nivel local aclaran que aunque corran los plazos de acogimiento, no hay urgencias en el expediente de adhesión de los distritos.