El ajuste fiscal que lleva adelante la Casa Rosada también llegó a los jubilados y los titulares de asignación universal por hijo (AUH). En contra de lo que ordena la ley de devolución de IVA, sancionada en junio de 2016, el Ministerio de Hacienda nacional mantiene congelado el tope máximo de retribución de 300 pesos, que debería actualizarse de acuerdo con la evolución de la canasta básica de alimentos (CBA).

Es una de las conclusiones de un estudio del Instituto de Trabajo y Economía (ITE) de la Fundación Germán Abdala, vinculada a ATE Capital Federal, que analizó a fondo los resultados de la implementación del programa, dos años después de su puesta en funcionamiento.

Como en el momento de la sanción de la ley, que dispone la devolución de 15 puntos porcentuales del IVA por las compras con tarjeta de débito en comercios minoristas, el Indec no publicaba la CBA, se fijó la cifra máxima en 300 pesos.

Pero se dispuso, en el artículo Nº 2 de la norma, que el monto debía ser actualizado dos veces al año según ese índice, a partir de enero de 2017. Pese a que el Indec publica la CBA desde septiembre de 2016, la cartera de Hacienda nunca modificó el tope máximo.

Sólo desde enero de 2017, el mes en que debía hacerse la primera actualización, hasta mayo de 2018, última cifra disponible del Indec, la CBA aumentó un 35 por ciento, por lo que el tope máximo debería superar en la actualidad los 400 pesos.

La falta de actualización de ese monto es, de todos modos, sólo una de las deficiencias de un programa que nunca funcionó como se esperaba.

Tras dos años de instrumentación, la devolución de IVA sólo alcanzó en abril pasado, según el último informe presentado por de la Jefatura de Gabinete nacional ante el Congreso, al 17 por ciento de los potenciales beneficiarios, calculados en 8.400.000 personas.

Ese universo incluye a jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo y a titulares de la AUH y de la asignación universal por embarazo.

"Uno de los principales cuestionamientos al programa al momento de discutirse en el Congreso fue que iba a tener un impacto muy limitado, ya que apuntaba a un grupo poblacional que no utiliza la tarjeta de débito como habitual medio de pago. Hoy se corroboran esos pronósticos", indica el informe.