Economía

Comenzó el debate por los aumentos de la tarifa de gas

En la primera audiencia pública, el eje fue el costo del fluido a boca de pozo. Hoy se discute el transporte y la distribución

Martes 16 de Marzo de 2021

La subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Luz Videla Oporto, señaló que para cubrir el costo del transporte y distribución de gas para atender la demanda de usuarios residenciales y comercios, hay dos opciones: subir el presupuesto para subsidios o aumentar tarifas entre 17% y 35%.

Así lo dijo durante la primera de las audiencias convocadas para discutir el costo del fluido. El encuentro de ayer fue convocado por la Secretaría de Energía, con un total de 42 oradores. El eje estuvo puesto sobre el precio del gas natural en el punto de ingreso al sistema (Pist), que representa aproximadamente el 40% de la factura, y el porcentaje de ese costo que el Estado nacional asumirá mediante subsidios y lo que deberán afrontar los usuarios.

La segunda etapa de la revisión tarifaria se realizará hoy, a partir de las 9. En este caso fue convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), en la que se analizará la evolución de las tarifas que se le reconocerán a las dos empresas de transporte de gas y a las nueve distribuidoras que abarcan todo el país. Hay 226 oradores anotados.

Al abrir los debates de ayer, Videla Oporto explicó que, en la actualidad, entre el 55,7% y el 60% del costo total del gas natural es afrontado por Estado nacional.

La funcionaria aclaró que el análisis oficial parte de los supuestos contemplados por un lado en el presupuesto 2021, y por otro, en las proyecciones del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) difundidas por el Banco Central.

Sobre esa base se busca definir la tarifa transitoria que regirá hasta tanto concluya el análisis de una nueva revisión tarifaria integral (RTI) por parte de los entes reguladores respectivos.

La subsecretaria precisó que el costo fiscal total vigente del gas natural afrontado por el Estado nacional para 2021 es de entre $ 110.586 millones y $ 132.963 millones. Pero requeriría partidas adicionales del presupuesto, no previstas en la actualidad, que van desde $ 36.736 millones hasta $ 56.087 millones, según el escenario que se tome.

“La alternativa dos es una corrección tarifaria en las facturas finales, de 17% a 23% según las pautas fijadas en el presupuesto, y de 26% a 35% de acuerdo con las estimaciones del REM”, puntualizó Videla.

La funcionaria recordó que la demanda prioritaria representa un 30% del total del sistema. El 40% es lo que demanda Cammesa para transformar el gas en energía eléctrica en las centrales térmicas. Otro 25% va la industria, y un 5% se destina al GNC. La producción nacional representa el 82% de la oferta total, el gas boliviano 10% y el GNL importado 8%.

La factura incluye el costo del gas (de 40 a 50%), el transporte, y la distribución, a lo cual se añaden impuestos y tasas nacionales, provinciales y locales, que suman un 30%. La subsecretaria sostuvo que “no se requerirían partidas adicionales del presupuesto” si el Estado nacional reduce su participación y limita su aporte a 37,2% o el 35%, según sea el escenario.

Esto implicaría que los usuarios paguen aumentos del componente de gas de entre 42% y 63%, es decir, $ 8,75 el m3 (en vez de $ 6,17), y $ 10,15 el m3 (en resto del país), en vez, de $ 6,22. Los incrementos podrían ubicarse entonces entre 17% y 23% si se cumple lo establecido en el presupuesto, o de 26% a 35% en caso de que se verifiquen las proyecciones del REM.

En los próximos diez días hábiles se emitirá el informe final y en 30 días hábiles, el Ejecutivo nacional se emitirá una resolución sobre el precio del gas para la demanda prioritaria.

Durante la audiencia, el titular de la Asociación Consumidores Libres, el ex diputado Héctor Polino afirmó que no se debería tomar una decisión “sin antes analizar cuál es el valor real del m3 de gas en boca de pozo,”.

A su turno, la representante del Centro de Estudios para al Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis), Paula Soldi, recordó en la audiencia “el fallo emblemático de la Corte Suprema de 2016 sobre tarifas justas y razonables”.

Por el lado empresario, en representación de Asociación de Distribuidoras de Gas (Adigas), Daniel Martini, planteó que la decisión de un nuevo precio del gas a boca de pozo “debe mantener la neutralidad económica”.

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