El ajuste afectó también a otros lácteos: el consumo por persona de leche en polvo cayó el año pasado de 2,84 kilos a 1,60; el de queso, de 11,97 a 11,92; el de dulce de leche, de 3,03 a 2,95; el de manteca, 0,87 a 0,75; el de yogur, de 10,81 a 9,75.
Por su lado, el consumo de carne vacuna per cápita se contrajo entre 2015 y 2016 de 59,6 a 56,8 kilos, de acuerdo a los datos de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra).
En cuanto al pan, otro producto central de la mesa de los argentinos, la caída fue aún más brusca. El presidente de la Federación Argentina de Panaderos (Faipa), Jorge Vitantonio, alerta que la venta de pan se redujo en términos interanuales un 20%, y entre 30 y 35% en el caso de bizcochos, facturas y otros productos.
Ingresos anémicos
En realidad, los recortes de productos básicos son síntomas de la anemia de los ingresos de los asalariados. Sin embargo, la inflación no pega a todos por igual: según el Centro de Innovación de los Trabajadores (Citra), una entidad creada por la Universidad Metropolitana del Trabajo (Umet), la suba de precios de 2016 para los trabajadores de los estratos inferiores fue 45,6 por ciento, mientras que para aquellos que perciben los salarios más altos representó el 38,1%.
Esto es así porque las familias de menores recursos destinan la mayor parte de su ingreso al consumo de alimentos y bebidas, cuyos precios crecieron por encima del promedio. De acuerdo al mismo Indec, entre abril de 2017 y el mismo mes del año pasado la inflación general fue del 27,5%; la de alimentos y bebidas, 29,1%.
En el mismo período, según el organismo estadístico nacional la canasta básica alimentaria –que delimita la línea de indigencia- pasó de 4.679,91 pesos a 5.918,80 (26,4% más) para un hogar compuesto por un jefe varón de 35 años, su esposa de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años; mientras que la canasta básica total –que marca la frontera de la pobreza- pasó de 11.320,71 pesos a 14.501,06 (28% superior) para el mismo tipo de hogar.
En tanto, para el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (Ceso) la vara está aún más alta. Según el Ceso, una familia de cuatro integrantes de un barrio popular de Rosario necesitó en marzo de este año 7.011,03 pesos para cubrir su costo alimentario, y 17.289,84 pesos para atender su costo de vida.
Con los salarios actuales la canasta resulta casi inalcanzable para buena parte de las personas que integran el fragmentado mundo del trabajo. El salario mínimo vital y móvil –desde el 1 de enero de 2017, en 8.060 pesos- no cubre ni la mitad del costo de vida. El salario de un obrero de la construcción, de 14.195 pesos, alcanza el 82% del total; el de un empleado de comercio, 13.300 pesos, un 77%; el de una empleada de casas particulares, 11.500 pesos, sólo el 66%.
Sustitutos
En este escenario, las personas afinan sus estrategias para sacarle todo el jugo a sus ingresos. Damián Di Pace, director de Focus Market y asesor de Came, caracteriza un consumidor "que funciona más por reposición que por stockeo, y más por necesidad que por oportunidad".
Según su relevamiento de abril, en un contexto de caída crecen productos de merienda y desayuno, como galletitas, mermeladas, infusiones. "También creció 0,1 por ciento bebidas con alcohol y muy tibiamente productos congelados", detalla.
El objetivo es bajar el ticket promedio de gasto en alimentación. "Esto no es bueno porque sustituye productos frescos como carne, pescado, pollo", señala Di Pace y grafica: "Desgraciadamente una persona según nivel socioeconómico se compra un paquete de snacks y una gaseosa, que valen 75 pesos, en lugar de sentarse a almorzar por 150".
En el mismo sentido, Cristian Nieto, coordinador de la regional Santa Fe del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (Ceso), indica que "los sectores populares dejan de consumir proteína por alimentos más pesados como polenta y arroz; no consumen ya tanto primeras marcas y empiezan a buscar formas alternativas de consumo, como ferias, trueque y van a los grandes mayoristas".
En tanto, Juan Marcos Aviano, director ejecutivo del Centro de Estudios Sociales y Acción Comunitaria (Cesyac), alerta que "se está cortando una alimentación y una dieta equilibrada" y sugiere enfocar el tema "desde la seguridad y la soberanía alimentaria".
Del otro lado del mostrador
Los pequeños y medianos empresarios vinculados al consumo masivo comparten el diagnóstico. Juan Milito, presidente del Centro Unión de Almaceneros de Rosario, asegura que los comercios de los barrios venden un 30 por ciento menos de unidades que en diciembre de 2015. Los ubicados dentro de la zona delimitada por los bulevares, un 20% menos.
En las panaderías sucede lo mismo. "El consumidor lleva sólo pan, y no facturas o bizcochos; el que compraba un kilo de pan, que antes valía 30 pesos, ahora lleva 30 pesos de pan y no gasta 34 o 35 pesos en el kilo", destaca Vitantonio.
El combo caída del consumo y alza de costos pone a los pequeños negocios al borde de la rentabilidad. Milito reconoce que "están cerrando comercios", un fenómeno más visible en el centro, y cuando los empresarios tienen que renovar el alquiler. Algunos tratan de vender el comercio –"con poca suerte", admite- y otros directamente bajan la persiana, la mayoría de ellos sin notificar el cierre a la municipalidad.
Vitantonio señala un elemento preocupante. Muchas panaderías salieron del negocio, o peor: están trabajando a puertas cerradas, sin controles bromatológicos.
El empresario compara la situación actual con los años del declive de la convertibilidad. Aunque, aclara, todavía no se descendió al infierno de 2001-2002. Además, se suma un factor extra: desde entonces las plantillas prácticamente se duplicaron. Vitantonio reconoce el dilema: "Antes teníamos cuatro o cinco empleados, y ahora tenemos ocho. Uno no puede despedir porque tenga un poco menos de trabajo, formó a esos obreros, son parte del negocio".
Pesimismo
Esta semana el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella difundió los resultados del Indice de Confianza del Consumidor (ICC), un termómetro de las expectativas de los compradores.
En mayo el ICC cayó 0,9% con respecto a abril. Se trata de una mejora de 7,3%o con respecto a mayo de 2016, pero está 16,8% por debajo del nivel de mayo de 2015.
A nivel nacional, las personas encuestadas de ingreso alto son más optimistas que las de ingreso bajo: 47,31% contra 44,29%.
No sólo eso: los pobres están más pesimistas. Entre abril y mayo, el ICC Ingreso Bajo cayó 3,2%. Una curiosidad: se deterioró más la visión del futuro del país (-6,2% en relación a abril) que la perspectiva del futuro personal (-1,3%).
En este marco, analistas y comerciantes trazan sus proyecciones, con más sombras que luces. Di Pace observa una pequeña tendencia positiva: "Hasta febrero teníamos caída en todas las categorías, medimos miles y miles de referencias. Empezó a darse la curva de haber pasado por el valle de caída de consumo masivo y empieza a darse una lenta recuperación en algunas categorías".
No obstante, aclara, "no es la misma situación en bienes durables. Indumentaria, calzado, marroquinería, artículos para el hogar, que no son bienes de demanda inelástica".
En una sintonía similar, Milito evalúa que con el cierre de la ronda de paritarias y la actualización de los salarios "en junio y julio se puede sentir un amesetamiento de la caída y un pequeño alivio".
No obstante, el gobierno machaca con la pauta inflacionaria del 17% para fijar un techo lo más bajo posible a las subas salariales. En el mejor de los casos, la mayoría de los salarios apenas rasguñarán une empate frente a la inflación de 2017, que incluso economistas amigables con el gobierno ubican alrededor del 25%.
Casi con resignación, Aviano considera que "la única esperanza que queda en el segundo semestre es que el gobierno por una conveniencia electoral cambie el rumbo, y genere algún esquema que le permita tener algo de plata en el bolsillo a la gente. Si es por conveniencia no importa, pero que sea para mejor. Por convicción, el rumbo va hacia otro lado".
Además, el director del Cesyac introduce otro elemento clave: las tarifas, el principal freno al consumo en los sectores medios y variable crítica para las empresas.
Leandro Ottone, integrante del Instituto de Trabajo y Economía (ITE) de la Fundación Germán Abdala, opina que "es difícil que haya un fuerte aumento del consumo" en lo que resta del año. "Por cuestiones estadísticas, es probable que haya variaciones positivas del 0 o el 1%; crecimiento real sería crecer por encima de los niveles de 2015", explica.
Ottone remarca que la inflación actual "no es de demanda sino de costos", que descargan los grandes jugadores de las cadenas de valor sobre los precios para mantener sus niveles de rentabilidad.
La canasta familiar es cada vez más básica. Mientras los ingresos de los estratos inferiores y medios-bajos de la pirámide social quedan rezagados frente a la inflación, las familias ajustan el consumo hasta de los productos más elementales, como carne, leche y pan. Buscan sustitutos –como galletitas, fideos, infusiones-, se animan a segundas y terceras marcas, y huyen de los supermercados hacia canales alternativos, como los mayoristas. Las perspectivas tampoco son alentadoras: comerciantes y analistas descartan un repunte en el consumo en el segundo semestre y reclaman una mayor intervención del Estado sobre cadenas de valor altamente concentradas.
Si bien las ventas en el rubro alimentos y bebidas caen menos que el promedio general (-0,5% interanual en abril contra -3,8%, según Came) algunos indicadores encienden luces amarillas sobre el acceso de los sectores populares a bienes de primera necesidad.
La situación gana en dramatismo porque las familias más vulnerables recortan no sólo en bienes y servicios que consideran suntuarios, sino también en aquellos que la teoría económica califica como de demanda inelástica: productos cuya demanda tiende a variar menos ante modificaciones en el precio, precisamente porque no se reemplazan fácilmente.
Por caso, según la subsecretaría de Lechería del Ministerio de Agroindustria de la Nación el consumo anual per cápita de leche fluida –que incluye leche pasteurizada, esterilizada y chocolatada- descendió entre 2015 y 2016 de 44,17 litros a 40,10. Se trata del valor más bajo desde la crisis de la convertibilidad: en 2002 se consumieron 37,82 litros per cápita; en 2003, 37,28.
El ajuste afectó también a otros lácteos: el consumo por persona de leche en polvo cayó el año pasado de 2,84 kilos a 1,60; el de queso, de 11,97 a 11,92; el de dulce de leche, de 3,03 a 2,95; el de manteca, 0,87 a 0,75; el de yogur, de 10,81 a 9,75.
Por su lado, el consumo de carne vacuna per cápita se contrajo entre 2015 y 2016 de 59,6 a 56,8 kilos, de acuerdo a los datos de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra).
En cuanto al pan, otro producto central de la mesa de los argentinos, la caída fue aún más brusca. El presidente de la Federación Argentina de Panaderos (Faipa), Jorge Vitantonio, alerta que la venta de pan se redujo en términos interanuales un 20%, y entre 30 y 35% en el caso de bizcochos, facturas y otros productos.
Ingresos anémicos
En realidad, los recortes de productos básicos son síntomas de la anemia de los ingresos de los asalariados. Sin embargo, la inflación no pega a todos por igual: según el Centro de Innovación de los Trabajadores (Citra), una entidad creada por la Universidad Metropolitana del Trabajo (Umet), la suba de precios de 2016 para los trabajadores de los estratos inferiores fue 45,6 por ciento, mientras que para aquellos que perciben los salarios más altos representó el 38,1%.
Esto es así porque las familias de menores recursos destinan la mayor parte de su ingreso al consumo de alimentos y bebidas, cuyos precios crecieron por encima del promedio. De acuerdo al mismo Indec, entre abril de 2017 y el mismo mes del año pasado la inflación general fue del 27,5%; la de alimentos y bebidas, 29,1%.
En el mismo período, según el organismo estadístico nacional la canasta básica alimentaria –que delimita la línea de indigencia- pasó de 4.679,91 pesos a 5.918,80 (26,4% más) para un hogar compuesto por un jefe varón de 35 años, su esposa de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años; mientras que la canasta básica total –que marca la frontera de la pobreza- pasó de 11.320,71 pesos a 14.501,06 (28% superior) para el mismo tipo de hogar.
En tanto, para el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (Ceso) la vara está aún más alta. Según el Ceso, una familia de cuatro integrantes de un barrio popular de Rosario necesitó en marzo de este año 7.011,03 pesos para cubrir su costo alimentario, y 17.289,84 pesos para atender su costo de vida.
Con los salarios actuales la canasta resulta casi inalcanzable para buena parte de las personas que integran el fragmentado mundo del trabajo. El salario mínimo vital y móvil –desde el 1 de enero de 2017, en 8.060 pesos- no cubre ni la mitad del costo de vida. El salario de un obrero de la construcción, de 14.195 pesos, alcanza el 82% del total; el de un empleado de comercio, 13.300 pesos, un 77%; el de una empleada de casas particulares, 11.500 pesos, sólo el 66%.
Sustitutos
En este escenario, las personas afinan sus estrategias para sacarle todo el jugo a sus ingresos. Damián Di Pace, director de Focus Market y asesor de Came, caracteriza un consumidor "que funciona más por reposición que por stockeo, y más por necesidad que por oportunidad".
Según su relevamiento de abril, en un contexto de caída crecen productos de merienda y desayuno, como galletitas, mermeladas, infusiones. "También creció 0,1 por ciento bebidas con alcohol y muy tibiamente productos congelados", detalla.
El objetivo es bajar el ticket promedio de gasto en alimentación. "Esto no es bueno porque sustituye productos frescos como carne, pescado, pollo", señala Di Pace y grafica: "Desgraciadamente una persona según nivel socioeconómico se compra un paquete de snacks y una gaseosa, que valen 75 pesos, en lugar de sentarse a almorzar por 150".
En el mismo sentido, Cristian Nieto, coordinador de la regional Santa Fe del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (Ceso), indica que "los sectores populares dejan de consumir proteína por alimentos más pesados como polenta y arroz; no consumen ya tanto primeras marcas y empiezan a buscar formas alternativas de consumo, como ferias, trueque y van a los grandes mayoristas".
En tanto, Juan Marcos Aviano, director ejecutivo del Centro de Estudios Sociales y Acción Comunitaria (Cesyac), alerta que "se está cortando una alimentación y una dieta equilibrada" y sugiere enfocar el tema "desde la seguridad y la soberanía alimentaria".
Del otro lado del mostrador
Los pequeños y medianos empresarios vinculados al consumo masivo comparten el diagnóstico. Juan Milito, presidente del Centro Unión de Almaceneros de Rosario, asegura que los comercios de los barrios venden un 30 por ciento menos de unidades que en diciembre de 2015. Los ubicados dentro de la zona delimitada por los bulevares, un 20% menos.
En las panaderías sucede lo mismo. "El consumidor lleva sólo pan, y no facturas o bizcochos; el que compraba un kilo de pan, que antes valía 30 pesos, ahora lleva 30 pesos de pan y no gasta 34 o 35 pesos en el kilo", destaca Vitantonio.
El combo caída del consumo y alza de costos pone a los pequeños negocios al borde de la rentabilidad. Milito reconoce que "están cerrando comercios", un fenómeno más visible en el centro, y cuando los empresarios tienen que renovar el alquiler. Algunos tratan de vender el comercio –"con poca suerte", admite- y otros directamente bajan la persiana, la mayoría de ellos sin notificar el cierre a la municipalidad.
Vitantonio señala un elemento preocupante. Muchas panaderías salieron del negocio, o peor: están trabajando a puertas cerradas, sin controles bromatológicos.
El empresario compara la situación actual con los años del declive de la convertibilidad. Aunque, aclara, todavía no se descendió al infierno de 2001-2002. Además, se suma un factor extra: desde entonces las plantillas prácticamente se duplicaron. Vitantonio reconoce el dilema: "Antes teníamos cuatro o cinco empleados, y ahora tenemos ocho. Uno no puede despedir porque tenga un poco menos de trabajo, formó a esos obreros, son parte del negocio".
Pesimismo
Esta semana el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella difundió los resultados del Indice de Confianza del Consumidor (ICC), un termómetro de las expectativas de los compradores.
En mayo el ICC cayó 0,9% con respecto a abril. Se trata de una mejora de 7,3%o con respecto a mayo de 2016, pero está 16,8% por debajo del nivel de mayo de 2015.
A nivel nacional, las personas encuestadas de ingreso alto son más optimistas que las de ingreso bajo: 47,31% contra 44,29%.
No sólo eso: los pobres están más pesimistas. Entre abril y mayo, el ICC Ingreso Bajo cayó 3,2%. Una curiosidad: se deterioró más la visión del futuro del país (-6,2% en relación a abril) que la perspectiva del futuro personal (-1,3%).
En este marco, analistas y comerciantes trazan sus proyecciones, con más sombras que luces. Di Pace observa una pequeña tendencia positiva: "Hasta febrero teníamos caída en todas las categorías, medimos miles y miles de referencias. Empezó a darse la curva de haber pasado por el valle de caída de consumo masivo y empieza a darse una lenta recuperación en algunas categorías".
No obstante, aclara, "no es la misma situación en bienes durables. Indumentaria, calzado, marroquinería, artículos para el hogar, que no son bienes de demanda inelástica".
En una sintonía similar, Milito evalúa que con el cierre de la ronda de paritarias y la actualización de los salarios "en junio y julio se puede sentir un amesetamiento de la caída y un pequeño alivio".
No obstante, el gobierno machaca con la pauta inflacionaria del 17% para fijar un techo lo más bajo posible a las subas salariales. En el mejor de los casos, la mayoría de los salarios apenas rasguñarán une empate frente a la inflación de 2017, que incluso economistas amigables con el gobierno ubican alrededor del 25%.
Casi con resignación, Aviano considera que "la única esperanza que queda en el segundo semestre es que el gobierno por una conveniencia electoral cambie el rumbo, y genere algún esquema que le permita tener algo de plata en el bolsillo a la gente. Si es por conveniencia no importa, pero que sea para mejor. Por convicción, el rumbo va hacia otro lado".
Además, el director del Cesyac introduce otro elemento clave: las tarifas, el principal freno al consumo en los sectores medios y variable crítica para las empresas.
Leandro Ottone, integrante del Instituto de Trabajo y Economía (ITE) de la Fundación Germán Abdala, opina que "es difícil que haya un fuerte aumento del consumo" en lo que resta del año. "Por cuestiones estadísticas, es probable que haya variaciones positivas del 0 o el 1%; crecimiento real sería crecer por encima de los niveles de 2015", explica.
Ottone remarca que la inflación actual "no es de demanda sino de costos", que descargan los grandes jugadores de las cadenas de valor sobre los precios para mantener sus niveles de rentabilidad.
Intervenir en la cadena de valor
A fines de abril, Sergio Massa y Margarita Stolbizer presentaron el plan "Bajemos los precios", que apunta en esta dirección. Su iniciativa tiene dos partes: un proyecto de ley para eliminar el IVA y otros tributos provinciales y municipales a once alimentos básicos, y una iniciativa popular para que las cadenas de supermercados incorporen segundas y terceras marcas a sus góndolas.
Aviano califica los proyectos como "muy interesantes" así como también a "otras iniciativas que tienden a generar mayor competencia".
Otros especialistas se muestran más escépticos sobre la propuesta de los líderes del Frente Renovador y el GEN.
Nieto, del Ceso, resalta que "los productos de primera necesidad ya tienen IVA diferenciado, incluso muchos no lo pagan", y agrega: "El problema lo tenés por otro lado, si no tenés una Secretaría de Comercio que cuide los precios de productos muy concentrados. Entre La Serenísima y Sancor concentran el 60, 70 por ciento del mercado de lácteos; AGD, 50 por ciento del de aceite; Ledesma, el 70% del de azúcar".
Ottone augura para el plan de Massa y Stolbizer "el mismo derrotero que el programa Precios Transparentes". Mediante este programa, lanzado a principios de febrero, el gobierno nacional buscó bajar los precios a partir de un "sinceramiento" del costo de financiamiento en cuotas. Pero los precios no sólo no bajaron sino subieron, y plancharon aún más el consumo.
Si se le saca un impuesto al comercializador, resalta Ottone, "no lo traduce en precio, sino que lo absorbe como mayor margen". "No es la mejor estrategia", sentencia. En su lugar, postula una política coordinada en el plano monetario y fiscal, que incluya también "un registro de la cadena de valor de los productos".
Servicios públicos: una luz de alerta en el corto plazo
Como una maniobra de pinzas, los ingresos de los sectores bajos y medios están en jaque por la suba de los alimentos, pero también por el tarifazo de los servicios públicos. Especialistas en consumo reconocen las dificultades crecientes de los usuarios para atender los compromisos aunque, señalan, todavía la morosidad no llega a un nivel alarmante.
Con todo, las cifras de los ajustes tarifarios desde diciembre de 2015 son impactantes: de acuerdo a Juan Milito, presidente del Centro Unión de Almaceneros de Rosario y referente de la Multisectorial contra el tarifazo, el gas aumentó en promedio un 1.800%; la energía eléctrica, un 170%; y el agua –sólo en lo que va de 2017- un 70%.
Juan Marcos Aviano, director ejecutivo del Centro de Estudios Sociales y Acción Comunitaria (Cesyac) advierte: "Hay algo más de morosidad, pero todavía no estamos en un nivel alto que genere un alarma". No obstante, Aviano marca una contradicción entre la política tarifaria de la administración nacional y una de sus principales consignas electorales y de gestión: "El gobierno tiene que entender que para plantear como meta la pobreza cero no debemos permitir los aumentos que se siguen dando; es el mismo gobierno el que está aumentando".
Ariel D'Orazio, funcionario de la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor, indica que los usuarios se quejan de los aumentos de los servicios y los intereses que aplican las empresas y solicitan que les lean las facturas para saber si el incremento está bien aplicado o no.
Sin embargo, destaca, "todavía no se han producido cortes" en el servicio, al menos en forma masiva.
Donde sí constatan un aumento de la morosidad es en el área vivienda, por intereses en expensas y alquileres. "Se atienden muchas consultas para rescindir contratos por no poder pagar, algunos vuelven a la casa de los padres, otros buscan algún familiar para compartir la vivienda", indica D'Orazio.
Para Milito, no se puede medir en números el retraso en el pago de servicios, pero se constata en la realidad cotidiana: "Cuando volanteábamos en la calle –recuerda- la gente se arrimaba y nos decían que con esta factura de electricidad no la podían pagar. A medida que van transcurriendo los meses se va agudizando".
El dirigente almacenero anticipa que en julio y agosto la factura del gas podría llegar con un aumento de "800, 1000%" en comparación con el año pasado.
La situación es particularmente compleja, remarca Milito, para aquellos "jubilados que viven en una casa muy grande, ganada a partir de la acumulación de toda una vida, y cobran jubilaciones cercanas a la mínima; le van a llevar gran parte de esa jubilación en el pago de servicios".
