La pobreza multidimensional urbana pasó del 26,6 por ciento al 31,3 por ciento de la población entre 2017 y 2018, según un relevamiento de la Universidad Católica Argentina (UCA). De acuerdo a esos datos, la proporción de hogares pobres, en esa medición, saltó de 18,5 por ciento a 23 por ciento, el valor más alto de la última década.
El Observatorio de la Deuda Social de la UCA presentó ayer el nuevo informe "Enfoque de Pobreza Multidimensional basado en derechos", que mide las carencias no monetarias, es decir alimentación y salud, servicios básicos, vivienda digna, medioambiente, educación, empleo y seguridad social, y las relaciona con los ingresos.
Los pobres multidimensionales son aquellos que se encuentran bajo la línea de pobreza porque no cubren la Canasta Básica Total (CBT) y además carecen de acceso al menos alguno de los derechos socioeconómicos definidos en base a tratados internacionales y la Constitución nacional.
Si se tiene en cuenta que la población urbana es de unos 40,5 millones, en 2017 había unos 10.773.000 pobres multidimensionales urbanos (26,6 por ciento de la población), pero el año pasado esa cifra creció hasta alcanzar los 12.676.500 (31.3 por ciento). Es decir 1.903.500 nuevos pobres.
"La pobreza multidimensional experimentó un fuerte crecimiento por el crecimiento de la pobreza por ingresos por caída del salario, pérdida de empleo y mayor precarización laboral", aseguró el director de investigación del Observatorio, Agustín Salvia.
El aumento de la pobreza multidimensional fue mayor entre los obreros integrados mientras que no impactó en los medios profesionales. "Las desigualdades entre estratos socioeconómicos continuaron creciendo, los sectores más pobres y las clases medias bajas tienden a permanecer o agravar situaciones de exclusión, mientras que han sido las clases medias y medias altas las que continúan mejorando sus condiciones de vida", agregó el investigador. La mayor exclusión se encuentra en el conurbano bonaerense.
Entre 2017 y 2018 también aumentó la pobreza multidimensional estructural urbana, es decir, aquellos personas cuyos ingresos no alcanzan a cubrir la canasta básica pero además tienen tres o más carencias sociales: este indicador pasó de 16,7 a 18,6 por ciento.
Salvia explicó que "sin considerar el aspecto monetario, cuando se analiza la afectación de derechos económicos y sociales, en promedio no hay variaciones significativas y más bien tiende a la baja".
Como lo explicó el propio Savia, esta tendencia trasciende los períodos de gobierno ya que viene experimentando mejoras desde 2011. Es el caso, por ejemplo, de la extensión de la red de cloacas: hace dos años el 31,8 por ciento de los hogares no tenía desagüe, el año pasado fue el 29,1 por ciento. En 2015 este indicador fue de 33,2 por ciento, cinco puntos menos que en 2010.
En cambio, entre 2016 y 2018 creció la proporción de hogares con dificultades alimentarias o de atención sanitaria, del 20,3 por ciento al 22,8 por ciento. En 2015 era de 19 por ciento.
Los hogares con problemas de empleo y sin vinculación son el sistema de seguridad social, que en 2015 eran el 26,2 por ciento del total, llegaron al 30,2 por ciento en 2018.
Desde el sindicato Amra dicen que por los hechos de violencia y los magros sueldos muchos profesionales de salud "toman licencias sin goce de haberes".
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