Economía

Buscan recuperar retenciones sobre 18 millones de toneladas de granos

El gobierno nacional reclamará a más de 30 empresas exportadoras que paguen la alícuota más alta de retenciones por casi 18 millones de toneladas de cereales, oleaginosas y subproductos anotados en el registro de exportadores sin poder demostrar que antes tenían la mercadería.

Viernes 25 de Julio de 2008

El gobierno nacional reclamará a más de 30 empresas exportadoras que paguen la alícuota más alta de retenciones por casi 18 millones de toneladas de cereales, oleaginosas y subproductos anotados en el registro de exportadores sin poder demostrar que antes tenían la mercadería.

El objetivo principal es recuperar una cifra que podría ser superior a los mil millones de dólares, el valor aproximado a recaudar en concepto de derechos de exportación por la mercadería involucrada en las declaraciones juradas de venta al exterior que las empresas presentaron poco antes del 9 de noviembre, cuando el gobierno elevó la alícuota de las retenciones de exportación para la soja (27,5 por ciento al 35 por ciento), el aceite de soja (24 por ciento a 32 por ciento), el aceite de girasol (20 por ciento a 30 por ciento), el trigo (20 por ciento al 28 por ciento) y el maíz (20 al 25 por ciento).

El grueso de las presentaciones, por unas 14 millones de toneladas, corresponden al complejo oleaginoso, y tuvieron como objeto "anclar" los futuros embarques a la alícuota de retenciones que regía anteriormente, que era más baja. Pero sólo una mínima parte de esa mercadería comprometida estaba comprada a los productores, de modo que cuando salieron a adquirirla descontaron del precio a pagar la alícuota mayor. En el caso de la soja, una diferencia a favor de 7,5 puntos porcentuales.

La Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca) informó ayer a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), que detectó 1.073 declaraciones juradas de ventas al exterior presentadas por las empresas ante esa fecha, por un total de 17.812.675 toneladas, que no pueden acreditar la tenencia o adquisición de la mercadería con anterioridad al registro de la operación. Por lo cual, indicó que al momento del embarque deben pagar la "alícuota correspondiente" de retenciones.

Los sucesos que llevaron al informe de la Oncca son demostrativos de la errática relación entre el gobierno nacional y los grandes grupos exportadores. En las semanas previas al aumento de las retenciones en noviembre de 2007, cuando era un secreto a voces en el mercado de granos que el gobierno iba a elevar las retenciones, las empresas aceleraron la presentación de declaraciones juradas para evitar pagar la nueva alícuota. Sólo en porotos de soja se anotaron unas 8 millones de toneladas. Así lo informó La Capital el mismo día en que se anunció la suba de los derechos de exportación.

Ley de granos. Esta operatoria tuvo el marco legal de la llamada ley de granos (21.453) que permite registrar en forma anticipada ventas al exterior. Pero a pesar de la catarata de presentaciones de las semanas previas, la Secretaría de Agricultura recién cerró el registro de exportaciones de soja dos días antes de subir las retenciones.

Aunque la maniobra tuvo el amparo de una ley, los resultados de la operatoria fueron nocivos para el Estado, que perdió de recaudar mayores impuestos, y para los productores, a los que se les descontó del precio la tasa más alta.

Retención privada. Para frenar lo que llamó una "retención privada", el ahora ex diputado Rafael Martínez Raymonda presentó un proyecto de ley "aclaratoria" a la que creó el registro de declaraciones juradas de ventas al exterior. Propuso que los exportadores acreditaran que antes habían comprado la mercadería o bien pagaran al fisco la alícuota más alta. La disposición era retroactiva.

La iniciativa fue aprobada por Diputados y discutida en Senadores, donde el entonces titular de la comisión de Agricultura, Roberto Urquía, impulsó una leve pero significativa modificación. Aceptó el criterio de Martínez Raymonda pero cambió la base de cálculo a partir de la cual deberían pagar la nueva tasa los exportadores que no pudieran acreditar la tenencia. En lugar del precio FOB de la fecha de embarque, pagarían en base a la cotización del día en que presentaron la declaración jurada, la mitad de la actual.Urquía, integrante de la familia dueña de la Aceitera General Deheza, la principal exportadora de capitales nacionales, llegó al Senado impulsado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Hace pocos días, cuando se trató en la Cámara alta la resolución 125 que impulsó las fallidas retenciones móviles, renunció a la comisión de Agricultura y votó en contra del proyecto oficial.

Pero su aporte quedó. El proyecto Martínez Raymonda volvió a Diputados con esa "pequeña modificación" y, finalmente, fue convertido en ley durante el maratón legislativo de la última sesión de 2007. Sin embargo, la ley 26.351 no fue reglamentada hasta mayo, cuando estaba en uno de sus peores momentos el conflicto por las retenciones móviles.

El 10 de mayo, el ex legislador pidió por carta a la presidenta que anule esas declaraciones juradas porque, aseguró, el Estado perdía de recaudar unos 1.500 millones de dólares. El 14 de mayo se reglamentó la ley, a través del decreto 764, que además transfirió la administración del registro a la Oncca, ahora conducido por Ricardo Echegaray. A fines de mayo, el funcionario firmó una resolución que limita la operatoria del registro.

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