Economía

Banco de Santa Fe: apelan el fallo de prescripción

Fiscales de la capital provincial recurrieron la decisión del juez Busaniche de archivar la causa penal. La denuncia cumple 31 años

Sábado 28 de Agosto de 2021

El fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arietti, y la fiscal de delitos complejos de esa circunscripción, Mariela Jiménez, apelaron el fallo de un juez de provincial que declaró prescripta la causa en la que se investiga el vaciamiento del ex banco provincial.

En un escrito presentado ayer, pidieron revisar la decisión del juez santafesino Pablo Busaniche, quien hace unos días declaró extinta la acción penal contra los acusados de vaciar el banco. La denuncia data de hace 31 años, en agosto de 1990, y fue formulada por la comisión gremial interna de la actividad crediticia.

El cuerpo de aquella denuncia apuntaba al vaciamiento de la entidad entre los años 1983 y 1990, a través de un festival de créditos de altísimo riesgo por un monto cercano a los u$s 500 millones. Además de beneficiar a los destinatarios, unos 200, “el proyecto era de aniquilamiento de la entidad”, señalaron los denunciantes. También ataron esas maniobras a la voluntad de preparar el terreno para concretar su privatización.

Las irregularidades fueron documentadas años después por la comisión investigadora que se creó durante el primer gobierno de Jorge Obeid y que encabezó Alfredo Nogueras. En 2017 el ex gobernador Miguel Lifschitz ordenó desclasificar los documentos y convirtió al Estado provincial en querellante.

La investigación involucró a ex directores del banco y ex gobernadores pero durante años se cajoneó la causa penal. Ese es uno de los argumentos de los fiscales para rechazar el fallo de prescripción. Otra razón es que el magistrado que lo decidió es hijo de uno de los empresarios que se beneficiaron con los créditos “blandos” de la entidad financiera oficial. Se trata de Osvaldo Busaniche, quien fuera el socio gerente del Complejo Turístico Piedras Blancas.

Los fiscales consideraron que la resolución impugnada causa “un gravamen irreparable, de carácter serio, concreto y real, toda vez que impide continuar con la prosecución de la acción penal pública respecto de delitos de extrema

gravedad”.

Recordaron que la causa estuvo en el juzgado civil y comercial de la 6ª Nominación durante 14 años y luego permaneció durante 5 años más en el despacho del secretario del juzgado federal Nº 1, cuyo titular era el Juez Reinaldo Rodríguez. Este magistrado decidió declarar extinguida la acción penal en junio de 2013. La resolución fue apelada por el fiscal federal Walter Rodríguez. El 22 de abril de 2016 la Sala “A” de la Cámara Federal de Rosario revocó la resolución que disponía la prescripción y amonestó “la pasmosa lentitud con la que se desarrolló este sumario”.

Agravios

Entre los agravios presentados por los fiscales figuran la aplicación arbitraria del instituto de la prescripción de la acción penal y la inaplicabilidad de la garantía del plazo razonable para resolver la insubsistencia del acción penal.

A este último respecto, citaron el informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) fechado en octubre de 2013: “El modo errático en que ha sido conducida la investigación no fue sino la manera de eludir la investigación y dispendiar actividades jurisdiccionales a lo largo del tiempo con miras a lograr la finalización de la causa por prescripción”.

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