En un década de existencia, la Asignación Universal por Hijo (AUH) mostró su mayor efecto positivo en el aporte que hizo para reducir la indigencia, la inseguridad alimentaria y el trabajo infantil en la población destinataria. También se sintió en el aumento de la asistencia escolar y a efectores de salud de los niños y niñas y adolescentes. El impacto del programa fue algo más débil en el combate a la pobreza por ingresos, sobre todo en los últimos cuatro años, cuando la crisis macroeconómica desafió seriamente a cualquier política pública de protección social.
Estas son algunas de las conclusiones del informe de evaluación del impacto la AUH en la infancia a diez años de la creación. El trabajo elaborado por el equipo que encabeza el sociólogo Santiago Poy (Conicet -UCA) fue presentado la semana pasada en el auditorio de la Universidad Católica Argentina (UCA), a instancias de la Asociación del Personal de Organismos de Control (Apoc). Este gremio es impulsor, precisamente, de un proyecto de ley que obligue a evaluar los impactos de las políticas públicas.
La AUH fue creada por decreto durante el primer gobierno de la ex presidenta Cristina Fernández. Se trata de una de las políticas de Estado más relevantes que se instrumentaron a las últimas décadas. Cubre con una asignación a la población de 0 a 17 años de hogares cuyos jefes o jefas son trabajadores informales, temporarios y de casas particulares. El 36% de los menores, más de 3 millones de niñes y adolescentes, recibe esta transferencia. El resto es principalmente beneficiario de lo que se conoce como el salario familiar.
Es que el programa está focalizada en la población de los estratos económicos más vulnerables. El 70% de los alcanzados habita en hogares de ingresos bajos y medio bajos. La mayoría monoparentales, numerosos y un clima educativo más bajo.
Para acceder a la asignación, el Estado impone una serie de condicionalidades, como la vacunación, la asistencia escolar y la eliminación del trabajo infantil, doméstico intensivo y económico.
Poy evaluó el impacto del programa entre 2010 y 2020, a través de una doble comparación de la realidad de los hogares beneficiarios. Una, con su propia situación si no recibieran el beneficio. Otra, con la de los que, por distintas razones, presentan similares características pero no cuentan con esas transferencias. El análisis se realizó en base a las distintas ediciones de la medición de la Encuesta de la Deuda Social que realiza el Observatorio de la Deuda Social (Odsa) de la UCA.
La primera conclusión que saca Poy es que la AUH fue más efectiva para combatir la indigencia que la pobreza por ingresos. En el primer caso, la tasa se redujo 50% en la población alcanzada, durante diez años de implementación del programa. En el segundo caso, el aporte fue positivo pero más débil. También diferenciado en el tiempo. Mientras entre 2010 y 2017 se logró reducir la incidencia de la pobreza entre los niños y niñas alcanzadas hasta en un 13%. Sin embargo, entre 2018 y 2022 este impacto se reduce hasta el 4,5%. La razón es, probablemente que, aunque mejoró el ingreso per cápita familiar hasta 40% respecto del “grupo de comparación”, la crisis macroeconómica y la inflación hicieron estragos en el poder adquisitivo.
“Este programa muestra su mayor efectividad en la lucha contra la indigencia”, subrayó Poy, aunque entiende que la política económica le pone límites a otro tipo de objetivos. Por caso, la AUH impactó positivamente en la reducción del índice de inseguridad alimentaria. Y ese efecto fue mayor en la medida que más severa fue la crisis. Así, pasó de una reducción de 2% y 3% entre 2010 y 2013, y de 6% entre 2018 y 2020. “La inseguridad alimentaria empeoró pero los que no tenían AUH empeoraron mucho más”, explicó.
El investigador enfatizó la efectividad de esta política pública para mejorar las condiciones de vida de niños, niñas y adolescentes. Su grupo evaluó los resultados que tuvieron algunas de las condicionalidades. En cuanto al cumplimiento del calendario de vacunación, su impacto “no fue significativo”. El impacto más grande se dio en la asistencia a consultas médicas, fundamentalmente en el primer período, entre 2011 y 2013.
La percepción de la AUH fue clave en la reducción del trabajo infantil, sobre todo en el período de 2018 a 2020, cuando se redujo 3,3% en medio de la mayor crisis económica argentina desde comienzos del siglo. “En parte puede ser resultado de la condicionalidad educativa”, señaló Poy. Si la comparación de los hogares que no están en el programa, el riesgo de trabajo infantil se redujo hasta un 22,8%.
Aunque subrayó los impactos positivos de la AUH, Poy alertó que “para cortar el ciclo intergeneracional de la pobreza” se requiere mucho más. Por caso, “sumar otras políticas para mejorar el entorno económico y dar más posibilidades de progreso y movilidad social”.
La socióloga María del Carmen Feijoó, ex secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Políticas Sociales, advirtió que existe un riesgo de “sobredimiensionamiento” en la percepción sobre el papel de la AUH como herramienta de protección social. Recordó que se focaliza sobre un sector de los 13 millones niños que reciben distintas asignaciones.”Es un programa muy efectivo pero ocupa una cajita en medio de otros programas”, dijo.
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El programa en principio estará orientado a mujeres que cobren la AUH con hijos a cargo.
En ese sentido, destacó la “extraordinaria utilidad” del trabajo de evaluación de la AUH y resaltó el impacto positivo que tuvo la flexibilización de las condiciones de acceso al beneficio. Pero alertó que faltan incorporar 1,3 millón de niñes y adolescentes al programa.
También llamó a perseverar en la lucha contra la informalidad en el mercado laboral ya que, de persistir el actual cuadro de precarización, “es probable que con el tiempo se incrementen más las transferencias por AUH que por el salario familiar”.
En clave de género, pidió cambiar el concepto de hogar monoparental por el de monomaternalidad, ya que la mayoría de las cabezas de hogar con una sola jefa son mujeres. Además, sugirió estudiar con más detenimiento el peso de las abuelas en los hogares externos y acompañar la evaluación de la AUH con la de los efectores públicos que prestan servicios a sus beneficiarios, como escuelas y centros de salud.
Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, resaltó la importancia que la política pública sea motivo de evaluación, aunque agregó que “tan importante como eso es explicar por qué esas políticas públicas son necesarias”.
Hugo Quintana, titular de Apoc, celebró la intención de poner “rigor científico a la política”. Y pidió ir más allá en la discusión sobre políticas de protección social.”El mundo está discutiendo la asignación universal por ser ciudadano”, enfatizó.
