En un contexto en el que la actividad industrial continúa entre los sectores más afectados por la desaceleración económica, la Unión Industrial Argentina (UIA) volvió a poner el foco sobre el sistema tributario. La entidad difundió un informe en el que sostiene que Argentina es el país con mayor carga fiscal sobre las empresas que operan en la formalidad entre un grupo de 30 economías analizadas y advirtió que esa situación deteriora la competitividad, desalienta la inversión y favorece la informalidad.

El trabajo compara ocho de los principales impuestos que gravan la actividad empresarial en los países del G20, Sudamérica, además de España, Suiza y los Países Bajos. Para el análisis se tomaron como referencia el Impuesto a las Ganancias para sociedades, el IVA, el impuesto sobre los Débitos y Créditos Bancarios, Bienes Personales, los derechos de exportación, Ingresos Brutos, las tasas municipales y el Impuesto de Sellos.

Según el estudio, Argentina ocupa el puesto número 12 cuando se mide la presión tributaria total en relación con el Producto Bruto Interno (PBI). Sin embargo, cuando el análisis se concentra sobre el sector formal de la economía, el país asciende al primer lugar del ranking, con una carga fiscal equivalente al 56 %, seis puntos porcentuales por encima del relevamiento realizado por la UIA en 2023.

Uno de los aspectos que más preocupa a la entidad es el Impuesto a las Ganancias aplicado a las sociedades. Argentina comparte con Colombia la alícuota corporativa más elevada entre los países analizados, con un 35 %. No obstante, la carga efectiva resulta aún mayor cuando se suma el impuesto del 7 % que grava la distribución de dividendos, lo que eleva la imposición total sobre las utilidades empresariales al 39,5 %.

La UIA aclaró que, si bien existen países con gravámenes más altos sobre los dividendos, en la mayoría de los casos esos niveles se reducen mediante convenios internacionales para evitar la doble imposición, por lo que la comparación continúa ubicando a Argentina entre las economías con mayor carga efectiva sobre las ganancias empresariales.

Saldos técnicos de IVA

En materia de IVA, el país también figura entre los de mayor presión tributaria. Con una alícuota del 21 %, ocupa el cuarto lugar detrás de Brasil, Uruguay e Italia. Sin embargo, para la central fabril el principal problema no radica únicamente en la tasa, sino en el funcionamiento del sistema. El informe advierte que las empresas acumulan saldos técnicos a favor difíciles de recuperar, enfrentan demoras para obtener la devolución de créditos fiscales vinculados a exportaciones y padecen retrasos en la acreditación de saldos de libre disponibilidad, lo que termina inmovilizando capital de trabajo y afectando la liquidez.

Otro de los impuestos cuestionados es el gravamen sobre los Débitos y Créditos Bancarios. La UIA recuerda que fue creado en 2001 como una medida transitoria, pero continúa vigente más de dos décadas después. Actualmente Argentina presenta una alícuota del 0,6 %, solo por debajo de Venezuela, y por encima de Colombia y Perú, los otros países de la región que mantienen impuestos sobre las transacciones financieras. Según la entidad, se trata de un tributo con efectos distorsivos que encarece la actividad económica.

Respecto del Impuesto sobre los Bienes Personales, el estudio señala que, pese a las modificaciones introducidas por el Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales (REIBP), Argentina continúa diferenciándose por gravar una base imponible bruta, sin deducir pasivos, combinada con un mínimo no imponible relativamente bajo.

Derechos de exportación

El informe también vuelve a cuestionar los derechos de exportación. Aunque reconoce que el Decreto 566/2026 eliminó las retenciones para buena parte de los productos industriales y que el 97 % de ese universo ya no tributa o alcanzará una alícuota del 0 % en 2027, sostiene que Argentina sigue siendo uno de los pocos países que mantienen este tipo de gravámenes sobre las exportaciones, junto con Rusia.

A nivel provincial y municipal, la UIA insiste en que el Impuesto sobre los Ingresos Brutos continúa siendo uno de los tributos más distorsivos del sistema, debido a que grava en cascada cada etapa del proceso productivo y genera saldos a favor de difícil recuperación. A ello se suman las tasas municipales, que en muchos casos utilizan la misma base imponible, generando situaciones de doble imposición. La entidad también cuestiona la falta de proporcionalidad entre el monto que pagan las empresas y los servicios que efectivamente reciben.

El Impuesto de Sellos aparece como otro de los gravámenes que, según el informe, afectan la competitividad. La UIA sostiene que la amplitud de los actos alcanzados termina convirtiéndolo en un impuesto que obstaculiza las operaciones comerciales e incentiva la informalidad.

Agenda de reformas tributarias

Frente a este diagnóstico, la central industrial presentó una agenda de reformas tributarias orientadas a reducir el costo fiscal sobre la producción. Entre las principales propuestas figura la reducción de las contribuciones patronales mediante su cómputo como pago a cuenta de IVA y Ganancias para los sectores intensivos en empleo, la fijación de una alícuota única del 25 % para el Impuesto a las Ganancias de las sociedades y la devolución automática de los saldos a favor del IVA.

La UIA también propone avanzar hacia una cuenta tributaria única que facilite la compensación de créditos fiscales entre distintos impuestos, ampliar progresivamente el cómputo del impuesto sobre los Débitos y Créditos Bancarios como pago a cuenta de Ganancias e IVA hasta su eliminación, incrementar los reintegros a las exportaciones industriales y de economías regionales, reformar el mecanismo de ajuste por inflación impositivo, reducir anticipos tributarios y actualizar los parámetros fiscales mediante índices públicos.

El paquete incluye además un nuevo Consenso Fiscal para 2026, la incorporación de la figura del "buen contribuyente", la adhesión de todas las provincias a la Ley de Transparencia Fiscal y la creación de un régimen de estabilidad fiscal y jurídica por 30 años, similar al previsto en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con el objetivo de otorgar mayor previsibilidad a las inversiones productivas.

Para la entidad que preside Martín Rappallini, avanzar en una reforma tributaria integral constituye una condición indispensable para mejorar la competitividad de la industria argentina y fortalecer el desarrollo del sector formal de la economía.