Economía

Aporte solidario: condenado a la judicialización

Difícilmente pueda superar el test de constitucionalidad, convirtiéndose en una clara provocación a judicializar su aplicación

Domingo 22 de Noviembre de 2020

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley de “Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”, el cual, de ser aprobado, difícilmente pueda superar el test de constitucionalidad, convirtiéndose en una clara provocación a judicializar su aplicación.

El proyecto establece que las personas humanas y sucesiones indivisas, que a la fecha de entrada en vigencia de la ley tengan un patrimonio superior a $ 200 millones realicen el pago de una contribución por única vez al Estado, tomando como base imponible dicho patrimonio y aplicando una alícuota escalonada que surge de dos categorías diferentes, según se trate de bienes ubicados en el país o en el exterior, que van de un mínimo del 2% a un máximo del 5,25%.

A partir de la normativa resulta incuestionable que estamos ante un impuesto, desde que se impone una carga pecuniaria coactiva -no voluntaria- al sujeto pasivo, a través de una ley, con destino a las arcas públicas. La obligatoriedad del aporte determina su naturaleza impositiva, independientemente de que se lo quiera disfrazar bajo el nomen juris de un “aporte solidario”.

Las exorbitantes alícuotas proyectadas, representan un nivel de imposición groseramente excesivo para un impuesto al patrimonio que contempla sólo el activo, y se desentiende del pasivo, lo cual indefectible lo tornará en confiscatorio y violatorio del derecho de propiedad privada. Si consideramos además que la aplicación conjunta de este impuesto con el impuesto sobre los bienes personales genera una alícuota efectiva mínima del 3,25% y una máxima del 7,50% se agravarían los efectos confiscatorios derivados de esta doble imposición, al absorberse sustancialmente tanto la renta real como potencial atribuible a tales bienes, de conformidad con una explotación racional.

Además, del mismo modo que lo hiciera el cuestionado impuesto sobre los bienes personales -modificado por ley 27.541-, se discrimina según el lugar de ubicación de los bienes, estipulando un régimen más gravoso sobre los activos del exterior, pese a que la localización de los bienes de ningún modo constituye índice revelador de mayor capacidad contributiva. Descartamos, desde ya, que puedan invocarse fines extrafiscales, como podría ser el ingreso de divisas al país, para justificar dicha discriminación, desde que el propio destino específico otorgado al producido de la recaudación evidencia su finalidad eminentemente recaudatoria.

Podría pensarse que al tratarse de un impuesto de emergencia, a aplicarse por única vez, mitiga las indeseables consecuencias económicas de su implementación, no obstante, lamentamos recordar que gran parte de los impuestos nacionales actualmente vigente, nacieron con carácter transitorio y a pesar de ello, aún conservan plena operatividad (como el propio Impuesto sobre los Bienes Personales).

En este contexto, podemos vaticinar que de aprobarse el proyecto en el Senado, el efecto inmediato e inevitable será la proliferación de demandas judiciales de parte de los sujetos afectados, que lejos de generar una mayor recaudación redundará en un incremento de los costos y gastos del Estado.

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