“En una economía con capacidad ociosa y con un 40% de población bajo la línea de pobreza, ni la emisión monetaria ni el déficit fiscal explican la inflación”, disparan los economistas Claudio Lozano y Ana Rameri, del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas. En cambio, apuntan a los “pocos actores de la producción utilizan los precios para capturar mayores proporciones de dinero”.
La conclusión se expone en el informe sobre las “Claves para la guerra contra la inflación” que el centro de estudios publicó a raíz de la reacción del gobierno frente a la disparada de precios de las últimas semanas. Y está acompañada de una serie de recomendaciones para una estrategia de abordaje de esa ofensiva. A saber:
- Aplicar retenciones para desacoplar precios internos de los internacionales, tanto en lo relativo a las commodities agropecuarias como en insumos estratégicos (como el acero o la energía).
- Avanzar en un control social comunitario del sistema de formación de precios. Esto implica organizar la participación de la comunidad en torno a las cadenas de producción estratégicas. Ello requiere la participación del Estado, los/as trabajadores/as, las pymes, cooperativas y grupos empresarios organizados en torno a mesas por cadenas de producción. Es clave hacerlo en alimentos, energía e insumos de uso difundido. El objetivo principal sería articular en cada cadena alianzas Estado-comunidad que limiten la capacidad de fijación de precios y la apropiación del excedente de aquellos que detentan posiciones dominantes. Esto no sólo permitiría disciplinar los precios sino también orientar la inversión.
- Un escenario con 50% de inflación supone también la existencia de un componente inercial sumamente relevante que retroalimenta el proceso. Por lo tanto, requiere de una intervención de shock, que en una primera instancia apele a un congelamiento general de precios por un período acotado. Este debe fundarse, dada la situación socioeconómica de la Argentina, en un movimiento previo de redistribución progresiva de los ingresos, a los efectos de situar de entrada una recomposición inmediata de las condiciones de vida de la población y una ampliación del mercado interno de base popular. Se trata de romper la inercia inflacionaria congelando la distribución del ingreso pero no la actual, sino otra que pueda sostener un nuevo orden social. Del citado congelamiento habrá que ir saliendo de manera administrada, aprovechando la organización de las mesas por cadena de producción.
El diagnóstico
La propuesta surge de un diagnóstico: “Hay inflación porque pocos actores de la producción utilizan los precios para capturar mayores proporciones de dinero”. Y para explicarlo, presentaron información sobre los principales agregados contables de tres grandes productoras de alimentos.
“Según la lectura de los balances contables publicados en la CNV, Arcor, Mastellone Hermanos y Molinos Río de la Plata obtuvieron una evolución de sus ganancias brutas del 112% durante el bienio 2020-2021 mientras los precios de los alimentos incrementaron en ese mismo período un 114%”, señalaron.
Y agregaron: “Estamos hablando de las empresas que integran el selecto grupo de los formadores de precios. En el mundo existen diez corporaciones que dominan el mercado alimenticio: seis estadounidenses, dos británicas, una francesa y una suiza. En nuestro país la industria de los alimentos está liderada por Sistema Coca-Cola, Danone, el grupo Arcor, Molinos Río de la Plata, Ledesma Mondelez (ex Kraft Food) y Bagley Latinoamérica. De este conjunto, evaluamos el comportamiento de tres empresas porque son los que presentan balances y cotizan en la Bolsa. Para estos formadores de precios, el precio de venta no es una variable dada y sintetizan en la fijación del valor de mercado las aspiraciones de rentabilidad que luego concretan”.
De la lectura del balance surge que, durante el 2020, que representó el pozo de la última crisis, “el trío de la alimentación” obtuvo ganancias brutas positivas por $ 87.346 millones, conforme a un crecimiento del 47%, once puntos por arriba de la inflación. En el 2021 volvieron a expandirse en un 45%, cinco puntos. por debajo de la evolución de precios.
“En el acumulado del bienio, las ganancias de los conglomerados alimenticios y los precios de los alimentos corrieron a la par. Esto no es casualidad ni significa que empataron a la inflación, significa que el oligopolio alimenticio argentino traduce en los precios las ganancias que proyectan”, señalaron los economistas.
En una lectura más avanzada de los balances, el centro de estudios verifica que las ganancias operativas, que descuentan gastos de administración y comercialización, fueron positivas tanto en 2020 como en 2021: $ 20.599 millones y $ 22.026 millones, respectivamente. “Lo particular de este concepto de ganancia es que muestra cómo durante el año 2020 la rentabilidad fue extraordinaria (un 152% superior al 2019) superando incluso el retorno por la remarcación de precios por el efecto de la notable desaceleración de los costos de fletes, derrumbe histórico del petróleo y gas mediante”, Si bien en 2021 esa evolución se desaceleró, en el consolidado de ambos años, el aumento de las ganancias alcanza l 170%.
En ese contexto, advirtieron: “El aumento de los precios internacionales de las materias primas como el trigo, soja y maíz, que proyecta acelerarse este año en razón del conflicto bélico, junto con el aumento de las tarifas y la tasa de interés que vienen asociadas al acuerdo con el FMI, más la aceleración del proceso de devaluación a la que obligarìa la regla pactada con el organismo, son un caldo de cultivo para que estos conglomerados busquen querer sostener el valor dolarizado de las rentabilidades conseguidas durante los últimos años”.
Para Lozano y Rameri, “es la concentración económica en sectores estratégicos en el marco de una deficiente regulación pública lo que genera que un grupo de empresas aproveche todo margen extra de emisión monetaria para convertirla en ganancia a través de la remarcación de precios”. En esta línea, “los precios actúan de salvaguarda de la ganancia empresarial”.
“Todo evento de la economía que atente contra el margen de rentabilidad se neutraliza por la vía de su traducción en precios”, indican. Así, al aumento de salarios, “ellos lo traducen en mayores precios”, lo mismo que al aumento del dólar y de impuestos. También el aumento del mayor volumen de pesos ganados “lo traducen a dólares, presionan el tipo cambio y luego vuelve a impactar en los precios”.
“En la disputa por la apropiación del ingreso generado, el aumento de los precios (o el recurso inflacionario) es el mecanismo que las principales corporaciones económicas que actúan en el país utilizan para disputar; ya sea vía sus posiciones dominantes en los mercados, el despliegue empresarial a lo largo de toda una cadena de producción, o bien vía la conglomeración, lo que supone la presencia simultánea en diferentes cadenas de valor”.
Apyme apoyó las medidas del gobierno
La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) expresó su apoyo a las medidas anunciadas por el gobierno para combatir la inflación. “Ante el incremento excepcional de los precios internacionales de materias primas e insumos, la entidad coincide en el diagnóstico de que es urgente tomar medidas por parte del Estado para desacoplar los precios internacionales de los precios en el mercado interno”, señalaron. Y denunciaron que “la fijación de precios en nuestro país está en manos de un puñado de empresas oligopólicas que obtienen ganancias extraordinarias no avaladas por la estructura de costos ni la productividad”. El Estado, indicaron, debe “ampliar y profundizar herramientas de regulación que eviten que, en un país productor de alimentos, la población pase hambre”.