Economía

Agustín Carrara: "Los cambios en la UIF benefician el lavado"

El titular del Centro de Criminalidad Económica analizó las modificaciones en el organismo de control. 

Domingo 17 de Abril de 2016

Además del esperado cambio de autoridades, a partir del 10 de diciembre la Unidad de Investigación Financiera (UIF), el organismo estatal encargado de combatir el lavado de dinero, sufrió una serie de cambios drásticos: 50 trabajadores despedidos, reestructuración del organigrama y el diseño de un nuevo marco normativo que será presentado este año. “Con estos cambios se benefician fundamentalmente los actores que se dedican al lavado de dinero proveniente de delitos económicos y financieros, principalmente empresas, grupos económicos y corporaciones”, explicó Agustín Carrara, director ejecutivo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce).

En una entrevista con La Capital, Carrara criticó “el desmantelamiento” del organismo y advirtió que Argentina “podría volver a la ‘lista gris’” de países que no previenen el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Además, explicó los fundamentos de la impugnación de Cipce a las candidaturas del nuevo presidente de la UIF Mariano Federici (abogado vinculado a un estudio que patrocina bancos acusados de lavado) y la vice María Eugenia Talerico (ex defensora del oficial de cumplimiento del HSBC, el banco que acumula multas millonarias y afronta una investigación por la fuga de más de 3.500 millones de dólares hacia cuentas no declaradas en Suiza).

—Cipce fue una de las organizaciones que más se opuso a la designación de las nuevas autoridades de la UIF, ¿Cuáles son los argumentos?

—Ya habíamos participado en procesos de selección anteriores de la UIF, algunas veces impugnando, otras veces apoyando. En este caso existe un conflicto de intereses muy alevoso. Quienes trabajaron en el sector privado defendiendo, asesorando y prestando servicios a sujetos controlados por la UIF, que incluso habían sido sancionados por incumplir la normativa antilavado, ahora están a cargo de controlar a esos actores.

—¿Quiénes son esos actores?

— Los candidatos están obligados a presentar dos declaraciones juradas: de bienes y de los clientes que tuvieron. Entre las personas físicas que mencionaba Talerico está Gustaco Peccorra, el oficial de cumplimiento del HSBC Argentina, el empleado con la máxima responsabilidad en términos de prevenir el lavado dentro de la entidad. Por lo tanto, es un sujeto controlado por la UIF. Existiría conflicto de intereses incluso si no hubiera sido del HSBC, si hubiera sido un contador que ejerce la profesión liberalmente, pero se agrava si es el HSBC. En el caso de Federici, él había trabajado como asesor del FMI, por eso no presentó lista de clientes. La impugnación apunta a su vinculación con el estudio de abogados Marteau, que ha defendido bancos y otras entidades controladas por la UIF. Entre ellos, al banco Masventas, que cuenta con el récord de sanciones por no cumplir la normativa antilavado. La ley de ética pública sostiene que si tenés que intervenir en un caso de alguien a quien defendiste, tenés que excusarte. En el caso de Federici y Talerico no se puede aplicar. Un empleado se puede excusar y pasar el expediente a un compañero, pero el presidente y la vicepresidenta fijan la línea de conducción del organismo, no existe forma de excusarse. No pueden asumir el cargo.

—¿Qué influencia tiene el estudio Marteau sobre la UIF?

—Todas las primeras y segundas líneas que entraron a la UIF vienen de ese estudio. Se vinculan a través de Finint (Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera, cuyo presidente es Félix Marteau, principal socio del estudio de abogados) y a través del posgrado de lavado. María Celeste Plée trabajaba en el estudio y pasó a la dirección de supervisión de la UIF, encargada de los sumarios por infracciones administrativas de los bancos y demás sujetos obligados. Apenas habían sido propuestos los candidatos, ya se hablaba de quienes iban a ocupar las direcciones de la UIF. Después, cuando Félix Marteau es nombrado a cargo del programa de coordinación, se corroboró lo que veníamos planteando.

—En la audiencia pública, Federici planteó que la UIF “debe ser un organismo garante de las libertades individuales, de la seguridad jurídica y del clima de negocios para atraer inversiones genuinas al país”. ¿Qué opinión le merece?

—Evidentemente tenemos conceptos diferentes de lo que es la seguridad jurídica. Para nosotros significa que los grupos que cometen los delitos de mayor daño a nivel social, sean investigados y sancionados. Él dice que van a dialogar. ¿Qué hay que dialogar con un banco que maneja dinero proveniente del lavado y no le interesa dejar de hacerlo?

—Además del recambio de autoridades, hubo más de 50 despidos y cambios en el organigrama, ¿de qué manera afecta a las investigaciones sobre lavado?

— Los despidos reflejan no sólo una visión ideológica del Poder Ejecutivo, sino también el desmantelamiento del organismo. Despidos a mansalva, gente que llega y se encuentra una lista, a la que no le pueden dar razones de por qué fueron despedidos. En el caso de otros organismos, como el Banco Central, es mucho más claro: hay áreas que directamente fueron cerradas, como el área de Derechos Humanos. Significa el desmantelamiento del sistema de control. Más allá del problema laboral, hay un problema en términos penales de control de la criminalidad.

—¿Quiénes se benefician con estos cambios?

—Con estos cambios se benefician fundamentalmente los actores que se dedican al lavado de dinero proveniente de delitos económicos y financieros (evasión, fuga de capitales, compra y venta ilícita de dólares, fraudes de importación y exportación). Estos delitos son cometidos fundamentalmente por empresas, grupos económicos, corporaciones. Las reformas en el Banco Central de la República Argentina van en la misma línea. Parece que deja de ser visto como delito, se lo trata como un tema administrativo, una infracción. Según los últimos estudios, de hace ya diez años, estos delitos mueven el 65% del dinero ilícito a nivel mundial.

—En 2014 el Gafi (Grupo de Acción Financiera Internacional), el organismo intergubernamental para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, excluyó a la Argentina de la “lista gris”. ¿Qué podría ocurrir luego de estos cambios en la UIF?

—El gran problema es que Argentina vuelva a la “lista gris”, de los Estados que no cumplen con el deber de prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Porque salió de esa lista a partir de los cambios positivos, no sólo de la UIF, sino también del Ministerio Público Fiscal: una reglamentación muy intensiva antilavado, el plan de querellas, la imposición de multas a los sujetos obligados, el congelamiento de los fondos de represores de la última dictadura prófugos. Todo eso es lo que se está tirando abajo. Con el proyecto que estaría por presentar el gobierno para derogar la ley antiterrorista, algo que uno puede ver como una buena medida, no hay que dejar de ver también que esa es la ley que usó la UIF para congelar fondos de represores. Eso ha sido elogiado a nivel internacional. Habría que buscar una forma de derogar esa ley sin tirar esto abajo. La pregunta que habría que hacerse es si la UIF, con esta nueva conducción, quiere centrarse en los delitos económicos de la dictadura.

—¿Cuáles son los objetivos de la nueva conducción?

—La UIF se aleja de la persecución de delitos económicos con un discurso que apunta hacia el narcotráfico y la corrupción, lo cual está muy bien, porque el lavado se vincula con esas dos cosas. El punto es que los pocos estudios internacionales que hay indican que la mayor parte de los flujos ilícitos a nivel mundial se vinculan con delitos económicos.

—El HSBC es uno de los bancos acusados de colaborar en la evasión y fuga de capitales.

—El HSBC, además de las 4040 cuentas (sin declarar, abiertas en Suiza, a través de las que se cree que se fugaron 3.500 millones de dólares), tiene sanciones muy fuertes en Estados Unidos por haber manejado dinero de los cárteles del narcotráfico. Va más allá de un caso de lavado aislado, son casos que tocan a los principales actores del sistema económico y que muestran las plataformas montadas para, de manera sistemática, cometer este tipo de delitos. No es algo que pasó una vez: a lo largo de los años mantuvieron un sistema de operaciones y lo siguen manteniendo. Hay un mercado donde se entremezclan evasión, lavado y fuga de capitales.

—Bajo la dirección de José Sbatella, la UIF impulsó causas por lavado de dinero narco, como las que involucran a grupos criminales rosarinos (Los Monos, Delfín Zacarías, Luis Medina). ¿Qué podría pasar con esas causas en esta gestión?

—En la gestión anterior, la UIF inició un plan de querellas muy estratégico: buscaban investigar el lavado desde el delito precedente. A partir de un caso de narcotráfico, seguían el dinero. Además (de investigarlo) se presentaban en las causas judiciales como querellantes. El punto es qué va a pasar dentro del área de asuntos jurídicos con el plan de querellas que mantenía la UIF.

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