Dos abogados de Rosario realizaron una presentación ante la Justicia Federal para reclamar al gobierno nacional que informe sobre las acciones que tomó para cancelar la deuda de alrededor de 50 mil millones de pesos que mantiene con Santa Fe en concepto de detracción indebida de fondos de la coparticipación y sobre la cual la provincia tiene una sentencia firme de la Corte Suprema que ordenó su pago. Pero además, si no hay respuesta de la Nación a este requerimiento —o si ésta es negativa— los letrados no descartan sumar otra nueva acción argumentando "daño a los intereses colectivos y al patrimonio de los santafesinos".
La acción fue encarada por Jorge López Mirossevich y Francisco Iturraspe, quienes en calidad de ciudadanos, y sin representación política partidaria, demandan "derecho a la información" en el marco del ejercicio de "la participación ciudadana responsable".
En ese contexto solicitan que sea un juez el que le exija a la Nación "una copia del expediente administrativo donde informe qué hicieron para pagarle la deuda a Santa Fe", indicó López Mirossevich, quien dijo que si bien existe una ley de acceso a la información pública para obtener más datos, "esto se solicita en forma directa a las autoridades, con lo cual hay que remitirse a Buenos Aires y hacerse cargo de todos los costos que demanda", cuando en rigor, la ley habilita también a "cualquier ciudadano común a encarar acciones colectivas y pedir a través de la Justicia que el gobierno aporte información requerida".
La demanda —que no es un recurso de amparo sino una medida para que se aborde la cuestión de fondo— fue presentada hace diez días y recayó en el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial Nº 2 a cargo de la jueza Sylvia Arramberri y está contenido el expediente 4647/17.
Cuando los abogados comenzaron a preparar la presentación aún no se conocían los lineamientos del presupuesto nacional para 2018, pero sí se habían empantanado las negociaciones políticas entre el gobierno provincial y la Nación por el reclamo de esta deuda sobre la cual la Corte Suprema había ordenado pagar. Incluso, el propio ministro de Economía de Santa Fe, Gonzalo Saglione había detallado que en marzo los ministros Rogelio Frigerio (Interior) y Nicolás Dujovne (Economía), le habían transmitido al gobernador que en un plazo de 60 días tendría una respuesta sobre el pago, que nunca llegó.
Ante esto, en julio el gobierno de Miguel Lifschitz presentó públicamente una propuesta muy beneficiosa para la Nación por los plazos y términos de pago. Pese a todo eso, no hubo respuestas y tampoco en el presupuesto se hizo referencia alguna a la asignación de recursos para ese fin.
"Cuando acudimos al juez le decimos que como habitantes de Santa Fe queremos saber qué hizo la Nación para cumplir el fallo de la Corte Suprema que ordena pagarle la deuda a la provincia", indicó López Mirossevich. "No es una demanda temeraria sino que queremos como ciudadanos tener la información sobre eso, que es un derecho", agregó y dijo: "Sabemos que esta intervención que tratamos de llevar adelante no va a ser la solución final, pero moveremos una pieza más".
En este punto, el abogado hizo hincapié que si bien este tema está atravesado por la negociación política, "es derecho de todo ciudadano tener la información sobre qué hizo la Nación como deudor de la provincia".
Atendiendo al monto de la deuda —que en líneas generales Santa Fe ubicó en los 50 mil millones de pesos— López Mirossevich dijo que si no hay una respuesta, no descartan encarar una demanda por "daño a los intereses colectivos de los santafesinos por el monto de la deuda impaga".
"Si no hay respuesta o la respuesta es nula tenemos un equipo interdisciplinario con asesores económicos que van a examinar lo recibido y nos van a dar una opinión técnica. Si de eso surge que el gobierno nacional habría incurrido en una situación irrazonable o ilegítima, se podría demandar un juicio por daño al patrimino de los ciudadanos santafesinos", agregó el letrado y dijo que "no se trata de una cuestión abstracta sino de un monto significativo que se traduce en servicios públicos que se dejan de brindar, menos camas en hospitales, menos balas para la Policía o menos sueldos a los maestros".□
Si no hay respuesta, no descartan demandar por daño a los intereses de los santafesinos, por el monto de la deuda
