Rosario tuvo varios momentos álgidos en el debate por el uso de agroquímicos. Quizá uno de los más recordados fue la prohibición del uso de glifosato, en 2017, una norma aún vigente. Otro fue en 2011 cuando el Concejo Municipal debatió la ordenanza 8.871 que recién una década más tarde, la semana pasada, fue reglamentada a través del decreto que lleva la firma del intendente Pablo Javkin. La normativa establece la llamada “frontera agronómica”, es decir las distancias para el uso de fitosanitarios en las zonas no urbanizables que se utilizan para el cultivo. Para los actores del Ejecutivo municipal, es una herramienta sumamente necesaria para la fiscalización y desarrollo del proyecto de agricultura agroecológica que Rosario ya lleva adelante con productores del cinturón verde; sin embargo, los ambientalistas -con mayor o menor énfasis- no dejan de hacer observaciones a la letra chica del decreto.

La normativa largamente debatida en 2011, tal como lo señala en su artículo uno, se puso como objetivo tanto regular el uso de productos fitosanitarios como fijar la frontera agronómica en la ciudad, lo que significa establecer el punto cero de las zonas determinadas como no urbanizables de Rosario.

De acuerdo a la mirada de Raúl Terrile, quien desde entonces integra los equipos del municipio, "en 2011, la iniciativa fue sumamente innovadora".

Según explicó, "hace diez años toda la producción hortícola se hacía en base a agroquímicos y en el periurbano nadie hablaba de producción agroecológica; justamente por eso fue pionera porque buscó promover la agroecología en esos sectores de la ciudad donde hoy ya se está avanzando".

El especialista, que comenzó en el programa de Huertas Urbanas allá por 2001, lleva ya varios años trabajando justamente en impulsar las buenas prácticas y la transición hacia la agroecología en el llamado cinturón verde rosarino. El programa viene funcionando desde 2016 y, según detalló, ya está trabajando con más de 50 productores fruti-hortícolas de la zona que tienen como principal vidriera la verdulería del Mercado del Patio, además de las ferias agroecológicas.

La ordenanza crea el Comité Ejecutivo de Coordinación y Acción (Ceca) que es el órgano de aplicación de la norma y que está integrado por representantes de las secretarías de Ambiente, Producción, Desarrollo Social y Secretaría de Salud, además de agencias del INTA de la región, que ya venían trabajando en base a la normativa, pero la reglamentación les resultó "fundamental para hacerlo con otro peso", señaló la directora de Acción Climática del municipio, Agustina Rodríguez.

Unas 3.300 hectáreas productivas

La funcionaria detalló que Rosario tiene 3.300 hectáreas no urbanizables, de las cuales 1.453 son de producción primaria, donde ya se está trabajando con capacitaciones en buenas prácticas agrícolas; otras 62 son de uso extensivo agroecológico y 31 ya atravesaron la transición y son de uso intensivo agroecológico.

El resto son cultivadas de forma convencional. Tanto grandes superficies de producción de trigo, maíz, soja, o de uso hortícola, lechuga, acelga o rúcula, entre otras.

Rodríguez explicó que "se empuja lo más que se puede la producción agroecológica", pero aclara que se trata de "un proceso lento y cultural" y agregó que "no hablamos solamente de decir dónde se puede y dónde no se puede poner agroquímicos, hablamos de preservar el suelo, de acompañar a los productores y de producir alimentos de cercanía, es una mirada mucho más integral".

Tanto la ordenanza como la reglamentación establecen como la "frontera agronómica", es decir el área no urbanizable de la ciudad. A partir de allí, establece 50 metros de "zona intermedia" libre de agroquímicos y progresivamente, va habilitando el uso de fitosanitarios.

La ordenanza, en 2011, establecía un zona libre de agroquímicos de 50 metros para el primer año de aplicación y corría esa frontera para el segundo año de vigencia de normativa. Sin embargo, tras diez años de demora de la reglamentación, el decreto estableció que se entiende como año uno el de la sanción de la normativa.

Con esa aclaración, lo que ya está vigente es lo que hace ya un década la ordenanza establecía para el segundo año de aplicación; es decir, "una zona de 100 metros libres de agroquímicos convencionales" y solo con utilización de mochila productos fitosanitarios de toxicología C y D.

A partir de los 500 metros de la frontera agronómica, también solo con mochila se pueden aplicar fitosanitarios de toxicología B, C y D; a partir de los 1.000 metros, se permite el uso de vehículos llamados mosquitos y fitosanitarios de toxicología D y recién a los 3 mil metros, uso de mosquitos y fitosanitarios de toxicología A, B, C y D.

La voz de los ambientalistas

Eduardo Rossi, técnico químico e integrante de la organización ecologista Equística, es uno de los que participó del debate de la normativa en 2011 e incluso recuerda que fue "en momentos donde quienes vivían en los alrededores del aeropuerto de Fisherton estaban sufriendo serios daños con la fumigación de los campos de la zona, donde incluso hubo protestas y cortes de los ingresos al aeropuerto cuando quisieron entrar con mosquitos fumigadores".

Rossi reconoció que reclamaron durante mucho tiempo la reglamentación de la ordenanza, dijo que "nunca hubo respuestas por parte de la gestión de (Mónica) Fein" e incluso consideró que "el que se aprobó fue un proyecto bastante más reducido al que se había planteado originalmente".

Sobre la reglamentación en sí que hizo el intendente Javkin, Rossi fue el más crítico. "Es una reglamentación lavada, que deja muchos huecos y artículos sin reglamentar, e incluso regresiva", afirmó y señaló que "ya durante el debate una de las mayores tensiones se había dado con las distancias".

Cecilia Bianco, coordinadora del Area Agrotóxicos del Taller Ecologista, lo primero que apuntó fue el uso de plaguicidas "altamente peligrosos" más allá de las distancias establecidas.

"Entre los que se están utilizando en esta zona hay por lo menos dos, un herbicida y un fungicida, que están dentro de la lista de los altamente peligrosos de acuerdo a las definiciones de la Organización Mundial de la Salud y esos productos que por su toxicidad no deberían permitirse en ningún lugar", dijo la especialista y agregó: "Todos sabemos que una vez que la molécula entra al ambiente nadie la controla".

Otro de los puntos que objetó Bianco es "el almacenamiento de los envases", así como la trazabilidad de los mismos. "Muchas veces se compran y vienen en bidones o envases sin ninguna información de origen", indicó.

Pese a eso, valoró positivamente el paso dado por la reglamentación. "Sin dudas que es importante como herramienta para poder trabajar mejor y fiscalizar, esperemos también que tenga un buen presupuesto", expresó Bianco e hizo hincapié en la construcción de información.

"Es importante poder generar datos para tener un piso a partir del cual poder cuantificar y mejorar", concluyó.