Miércoles 06 de Mayo de 2009
Bigand.— La comuna y el Samco locales denunciaron ante el Consejo de la Magistratura al juez nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 33, Horacio Liberty, por mal desempeño de sus funciones en la causa por la sucesión de los bienes de la última heredera del fundador del pueblo, María Mercedes Octavia Bigand. Los denunciantes advirtieron a través de un escrito una serie de irregularidades y pidieron que, de comprobarse, "se proceda a la destitución del magistrado o se dispongan las sanciones que correspondan".
La denuncia intenta demostrar que el juez habría beneficiado en detrimento de los intereses de la comunidad bigandense a José María Alaimo, el albacea encargado de hacer cumplir el testamento que dejó la anciana antes de fallecer a los 93 años en Buenos Aires.
La señorita Bigand, como la recuerdan en este pueblo, decidió que el producido de sus tierras, unas 3.800 hectáreas que representan el 20 por ciento de la jurisdicción total del distrito, sea destinado a la creación de una fundación para ser usada en obras de bien especialmente en esta localidad.
"Migajas". Los beneficiarios de la ayuda, según consta en el testamento, son el Hospital Samco, la escuela primaria, el hogar de ancianos y dos capillas, pero sólo recibieron "migajas" desde que la fundación Honorio Bigand comenzó a funcionar en Buenos Aires. La situación no sólo generó malestar en esta comunidad sino que potenció las sospechas que giran en torno al "oscuro" manejo de los fondos que administra la institución que también integra Alaimo.
Cuando la comuna intentó hace un tiempo ser parte del expediente sucesorio a fin de seguir de cerca su avance, el juez le denegó tal posibilidad y fijó a favor de Alaimo, por su actuación en el incidente, 145.200 pesos más IVA, aunque la decisión fue apelada por improcedente y finalmente la suma fue rebajada a 3.600 pesos, cuarenta veces menos de lo que había regulado Liberti inicialmente.
"Esto trajo como consecuencia que las distintas instituciones del pueblo que quisieran intervenir en la sucesión fueran amedrentadas y desistieron de hacerlo", explicaron en la denuncia remitida al Consejo de la Magistratura el jefe comunal Patricio Erceg y el presidente del Samco, Ricieri Scaglione.
Asimismo los denunciantes consignaron que Liberti reguló honorarios a favor del albacea por casi 22 millones de pesos más IVA en noviembre de 2008 y por otros 2.950.000 pesos más IVA en julio del año pasado. En el escrito se aclara que "ninguna de estas regulaciones fueron apeladas por la fundación, que también integra el albacea, ni se le ha corrido traslado de oficio ni como medida de mejor proveer a ningún organismo de contralor".
Tierras. Erceg y Scaglione denunciaron además que el juez autorizó que Alaimo cobre parte de los honorarios fijados —poco más de 10 millones de pesos— con una fracción de campo de 810 hectáreas. La hectárea fue valuada en 3.444 dólares (12.400 pesos), "un costo muy por debajo del valor de mercado ya que en nuestra zona una hectárea ronda los 15 mil dólares", explicaron.
En esa misma línea recordaron que cuando la comuna procedió a la expropiación de 17 hectáreas de campo, que pertenecían a Bigand, para ser destinadas a la construcción del parque industrial "tanto la fundación como el albacea aportaron tasaciones que rondan los 11 mil dólares la hectáreas", como consta en el expediente. "Ese valor que pretendían es tres veces superior al monto que cotizaron, por hectárea, el predio rural con que Alaimo cobró parte de sus honorarios", remarcaron Erceg y Scaglione.
"De similar forma —añade el texto de la denuncia— ocurrió con un valioso inmueble, sito en Arenales 1882 —en Capital Federal— que también formaba parte del acervo sucesorio y que fuera entregado en parte de pago a Alaimo por 1.023.000 pesos y sus muebles por el 10 por ciento del valor real. Todo ello se realizó mientras el juez tenía a la vista todos los elementos ut supra descriptos y necesarios para fijar valor sin que tomara ni mandara a tomar intervención para desbaratar esta maniobra", remataron los abogados.
