El presidente salvadoreño Nayib Bukele sancionó reformas constitucionales para aplicar cadena perpetua a menores y adultos que hayan cometido delitos de homicidio, femicidio, violación y pertenencia a pandillas.

Las reformas penales, aprobadas el mes pasado por la Asamblea Legislativa, establecen que ese castigo se impondrá a autores o cómplices —a partir de los 12 años de edad— que hayan cometido esos delitos. También estipulan la revisión obligatoria de dicha medida dependiendo de si son menores que cometieron uno o varios delitos o si se trata de una infracción con agravantes.

Las reformas también incluyen la vigencia a partir del 26 de abril de los nuevos juzgados de lo criminal creados con las enmiendas. Estos jueces de lo criminal, anteriormente jueces de menores, deberán hacer una revisión obligatoria de la pena perpetua para evaluar un posible régimen de libertad controlada bajo ciertas reglas.

Esta revisión se debería hacer obligatoriamente a todos los delincuentes condenados a perpetuidad cada cinco años a partir de 25 años de prisión para los menores, 30 años para los adultos, 35 para los adultos condenados por varios delitos y a partir de los 40 años de prisión por delitos con agravantes, según las nuevas normas.

La ley Penal Juvenil que se reformó establecía que cuando los delitos fueran cometidos por pandilleros la pena máxima era por hasta 20 años de prisión para los menores con 16 años cumplidos y hasta 10 años cuando un menor haya cumplido 12 años.

Esto ocurre tras varias rondas de reformas constitucionales impulsadas por Bukele, las cuales fueron duramente criticadas por quienes consideran que debilitan el sistema de pesos y contrapesos, y socavan la frágil democracia del país centroamericano.

En julio 2025, el gobierno impulsó otra reforma que eliminaría los límites al mandato presidencial, allanando el camino para que Bukele permanezca en el poder indefinidamente.

Las reformas se basan en otras medidas que Bukele tomó en su guerra contra las pandillas salvadoreñas, la cual comenzó cuando declaró el estado de emergencia en marzo de 2022 tras una ola de violencia en las calles.

Esta medida, inicialmente temporal y prorrogada por casi cuatro años, suspende derechos constitucionales fundamentales y provocó la detención de alrededor de 91.650 personas en El Salvador. Bukele afirmó que 8.000 personas inocentes fueron liberadas.