Cultura

Incautan mil obras precolombinas expoliadas a países Latinoamericanos

La colección privada de arte precolombino más importante del mundo sigue viajando de frontera en frontera, sin más control que el de los países expoliados que pretenden recuperar sus piezas.

Miércoles 30 de Abril de 2008

La colección privada de arte precolombino más importante del mundo sigue viajando de frontera en frontera, sin más control que el de los países expoliados que pretenden recuperar sus piezas. Su última parada ha sido la aduana de Múnich, donde la policía federal inmovilizó las piezas, a la espera de que el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán resuelva una petición formal del gobierno mexicano, que reclama la propiedad de 500 de los 1.200 objetos que componen la muestra.

Hasta Alemania habían llegado a bordo de un camión que partió a principios de marzo del almacén de Santiago (Galicia, España), donde permaneció abandonado el tesoro -valorado en más de 100 millones de dólares- durante 11 años. Por el camino se han quedado 31 piezas que el Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago ordenó devolver a Perú después de constatar su origen ilícito, fruto del expolio de El Cerro de la Mina, una pirámide mochica del siglo I.

Mucho antes de comenzar su peripecia por los juzgados, el exquisito catálogo amerindio fue presentado en 1997 por su propietario, Leonard Patterson, un supuesto mecenas a medio camino entre el coleccionismo y el contrabando. Lo hizo en dos museos de la capital de Galicia, ante la atenta mirada de la premio Nobel Rigoberta Menchú y las autoridades del gobierno regional, con Manuel Fraga a la cabeza. Las vitrinas exhibieron entonces máscaras olmecas, vasos mayas, incensarios aztecas y diferentes atavíos funerarios en una sección denominada El Dorado, que contenía un centenar de piezas de oro moche y que fue el principal reclamo para las visitas. Patterson, que logró el patrocinio de la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de Santiago para la doble exposición, no logró que la Secretaría de Cultura accediese a comprar la colección a la que llegó a poner precio: 18 millones de euros.

Frustró la operación el informe de una arqueóloga experta en arte precolombino, que alertó de la dudosa procedencia de las piezas. Desde entonces, la colección, 3.000 años de historia de las civilizaciones prehispánicas, dormitó en el sótano de una empresa de mudanzas, al calor de un deshumidificador y sin más protección que la que procuraron por su cuenta los operarios del almacén. Hasta que los gobiernos de Guatemala, México y Perú empezaron a señalar sobre los dípticos de la muestra las piezas que exigían. La primera comisión rogatoria, firmada por la Sala de lo Penal número 33 de Lima, reclamó más de 222 piezas, de las que 31 ya han sido entregadas en el Museo de América al embajador peruano. Las 190 restantes están siendo catalogadas por la Brigada de Patrimonio del Cuerpo Nacional de Policía para cotejar su procedencia.

Sobre la mesa del fiscal especializado en la defensa del patrimonio del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Antonio Roma, consta otra petición similar del gobierno de Guatemala. México abogó por la vía diplomática y tramitó su reclamación a través del Ministerio de Cultura.

Entretanto, Patterson, temeroso de la desintegración de su tesoro, prefirió abonar la factura a la empresa de mudanzas, más de 360.000 euros por 10 años de custodia, para llevarse la muestra al país donde reside. Nadie, ni el Ministerio de Cultura, ni la Brigada de Patrimonio del Cuerpo Nacional de Policía, ni la fiscalía, decidió precintar la colección, así que los operarios no tuvieron más que cargarla en un tráiler camino de Alemania.

Una vez conocida la noticia de su desaparición todas las instituciones se apresuraron a denunciar un delito de contrabando. Fuentes judiciales próximas al caso informan de que pronto se reflejará en un atestado.

El ministerio público se basa en la Ley de Patrimonio Español, según la cual, tras haber permanecido 10 años en España las obras pasan a englobar el patrimonio del Estado. El artículo 2 de ese texto atribuye un delito de contrabando a quienes "saquen del territorio español bienes que integren el Patrimonio Histórico Español sin la autorización del Estado cuando ésta sea necesaria". Pero el Ministerio de Cultura, responsable de expedir el permiso, se enteró de la desaparición del legado amerindio por las páginas de este diario.

En Santiago, mientras tanto, el propietario de una modesta empresa de mudanzas respira tranquilo después de deshacerse de una colección de 100 millones de dólares pretendida por los traficantes de medio mundo.

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