Empresas tabacaleras pymes nucleadas en la Cámara Nacional de Empresas Tabacaleras (Canet) amenazan desde hace varias semanas al gobierno provincial y a la Justicia con despedir a cientos de trabajadores si no les eximen de pagar los impuestos correspondientes. Hace unos días, los Jueces de la Cámara Federal José Toledo y Elida Vidal revocaron una resolución de la jueza de primera instancia Silvia Aramberri, que había rechazado una cautelar, y acompañaron a una de esas compañías otorgando una medida para que sigan operando y sean eximidas de pagar el Impuesto Mínimo. Y convalidando, por ende, el no pago de impuestos.

Ante esa resolución, la jueza Aramberri fijó una contra cautela de 2.000 millones de pesos, considerando la proporción del posible daño al Estado.

Según trascendió, la empresa Bronway Technology que encabeza esta jugada ofreció una garantía de 10 millones de pesos, en un absurda desproporción contra lo establecido por la jueza de primera instancia. Más si se tiene en cuenta que Bronway es una compañía que tiene deudas por no pago de impuestos en los últimos años que llegan a los 100.000 millones de pesos.

Tras la apelación de esta empresa, ahora los jueces Toledo y Barbará deben resolver si ratifican lo decidido por la jueza o facilitan la falta de equidad de permitir la evasión frente al resto de los ciudadanos que pagan sus impuestos.

Días atrás se hizo público que la justicia local ve con enorme preocupación este amedrentamiento a su independencia y la pasividad del gobierno provincial ante lo que constituye un claro ejemplo de intimidación a un poder independiente.

Las protestas de trabajadores de los últimos días pretendían presionar a la Justicia para que les permita no pagar los impuestos mínimos establecidos por ley, atentando así contra el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que en mayo del 2021 revocó una medida cautelar análoga a la solicitada por Bronway en Rosario y las empresas que integran Canet.

Hasta hace pocos días se daba por hecho que la Cámara ratificaría la decisión de la jueza Aramberri, que viene rechazando las cautelares ciñéndose a los principios federales que dictan las normas, pero algo cambió en el marco de la causa y por dos votos a uno la Cámara revocó esa resolución. Esto podría desatar una verdadera ola de pedidos de cautelares y por ende, una barbarie impositiva.

Toda esta movida de presión es impulsada por Bronway Technology, una empresa que hace muchos años fabrica DVDs, o sea que nunca dependió del tabaco para su subsistencia, y que vio una oportunidad comenzando a operar con posterioridad a la sanción de las leyes que fijan la forma de tributar. Es decir que ya conocían la ley y el costo de comercializar su producto.

Así, cualquier empresa podría constituirse con posterioridad a una ley impositiva restrictiva, contratar empleados y luego presentarse a la justicia para que le permitan no pagar. Todo en franca inequidad y violación a las normas más elementales de competencia.