La nota apareció bajo la puerta en la casa del dueño de una metalúrgica. “Pagá 70 mil dólares si querés seguir trabajando y teniendo tus hijos vivos. Nada de policías. Tenés cuatro horas”, decía, en letra manuscrita. Por encima, con cita scotch, tenía pegada una bala. Ese fue el primero de una serie de aprietes que sufrió la víctima: a lo largo de dos semanas hubo llamados amenazantes y un ataque a tiros contra el domicilio familiar. Siguiendo el rastro de un teléfono usado en la maniobra, la investigación llegó hasta una suboficial de policía en disponibilidad y su pareja, detenidos en junio. Cinco meses después aceptaron condenas de 3 a 4 años y medio de prisión por el intento de extorsión, delito que el hombre admitió haber cometido por un viejo rencor y por el cual otorgaron a la víctima 500 mil pesos como reparación.
La secuencia extorsiva comenzó el lunes 19 de diciembre del año pasado en la casa del dueño de una pequeña empresa familiar. Su esposa estaba por salir, a las 7 de la mañana, cuando encontró bajo la puerta la amenaza escrita de puño y letra con una bala pegada. “No tengo idea de quién puede provenir esta amenaza. Viví en el barrio toda mi vida y jamás tuve problemas con nadie”, dijo entonces el denunciante, un hombre mayor de 70 años que estaba desconcertado: “No tengo problemas con nadie, ni con empleados ni juicios de ningún tipo”.
Cuatro días después, el viernes 23 alrededor de las 14, una voz masculina llamó al teléfono fijo de su empresa y dejó este mensaje: “Dígale a su patrón que se comunique con nosotros, si no va a morir gente inocente”. Pasado el fin de semana, el lunes alrededor de las 4 de la madrugada atacaron a tiros un pequeño local en la planta baja de la vivienda familiar. En la parte de media de una puerta vidriada quedaron las marcas de dos impactos de bala.
A esa altura, aún sin conocer la procedencia del ataque, la familia requirió custodia policial. Mientras el fiscal de la Unidad de Balaceras Federico Rébola solicitaba análisis de antenas e intervenciones telefónicas del número del que procedía la llamada.
El jueves 29 hubo un nuevo llamado al teléfono fijo de la empresa. “Ya sabés quién habla”, se presentó el interlocutor. “El que te mandó la carta, el que te tiroteó. Pusiste la policía al pedo. ¿Qué más necesitás? Tratá de llamarnos, si no va a morir gente inocente”, dijo, según consta en el legajo fiscal. El 2 de enero hubo otros tres llamados desde el mismo número al fijo de la empresa que no llegaron a ser atendidos.
A partir de los resultados de las escuchas, el 22 de junio se realizaron tres allanamientos en el barrio Empalme Graneros y en Villa Fanta. Fueron detenidos Iván Darío Saavedra, de 30 años, y su pareja Aldana Belozo, de 28, una suboficial de la policía santafesina que se encontraba en estado de disponibilidad, tal como informó entonces la Dirección de Asuntos Internos.
En los allanamientos se secuestraron un revólver calibre 32 plateado marca Colt, cuatro celulares, seis chips de telefonía celular, una Tablet, 900 dólares y más de un millón 800 mil pesos, una veintena de cartuchos de calibres 9 y 32 y tres vainas servidas calibre 38 largo. En aquel momento la pareja fue imputada de un intento de extorsión. Saavedra quedó en prisión preventiva por dos años y Belozo en prisión domiciliaria.
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Ambos aceptaron condenas en un procedimiento abreviado que acordaron sus defensas con el fiscal de Balaceras Pablo Socca. Belozo fue condenada a 3 años de prisión condicional como partícipe secundaria del delito de tentativa de extorsión agravada por el uso de arma, a cumplir con ciertas reglas de conducta y al pago de 500 mil pesos a la víctima en concepto de reparación económica. Mientras que Saavedra recibió 4 años y medio de condena por el mismo delito pero en carácter de autor. Las penas fueron homologadas por el juez Aldo Bilbao Benítez en una audiencia realizada el viernes en el Centro de Justicia Penal.
En el acuerdo consta una declaración escrita de Saavedra en la que asume haber sido el autor de las amenazas, aunque negó ser el responsable de los disparos. Sostuvo que actuó movilizado por un viejo rencor laboral y no por necesidad económica, ya que el dinero secuestrado en los allanamientos era fruto de la reciente venta de un auto. Dijo estar arrepentido y planteó que su esposa se limitó a prestarle su celular para que insertara su chip, sabiendo para qué lo usaría pero sin conocer el contenido de los mensajes.
Es por esto la imputación inicial que pesaba sobre la uniformada como autora del delito se modificó por el rol de partícipe secundaria. Se entendió que sólo prestó su teléfono, pero sin desconocer que sería usado para realizar llamadas amenazantes. Este aporte no se consideró clave porque la pareja contaba con otros celulares en la vivienda, aunque “lógicamente no podía desconocer que estaba participando de un hecho delictivo”.
