Argentina dio un paso en la modernización de su sistema de comercio exterior a partir del acuerdo bilateral firmado con Estados Unidos el 5 de febrero de 2026, que incorpora compromisos en materia de digitalización aduanera, facilitación del comercio y convergencia regulatoria. El entendimiento no se limita a aspectos arancelarios, sino que introduce lineamientos operativos y normativos alineados con estándares internacionales.

Entre los puntos centrales, el acuerdo establece la adopción de mecanismos que permitan el procesamiento anticipado de operaciones, la utilización de documentación electrónica y la implementación de esquemas de comercio sin papeles. En la práctica, esto implica habilitar la transmisión previa de datos aduaneros, aceptar documentos digitales transferibles —como los conocimientos de embarque electrónicos— y avanzar en la automatización de procesos vinculados al despacho de mercaderías.

El esquema se inscribe en una lógica ya promovida a nivel global por organismos como la Organización Mundial del Comercio (OMC), a través del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, que impulsa la simplificación de procedimientos, la reducción de tiempos y la mayor previsibilidad en las operaciones. En ese marco, la digitalización de la Aduana y la interoperabilidad de sistemas son considerados factores clave para mejorar la competitividad.

Uno de los aspectos operativos relevantes del acuerdo es la posibilidad de avanzar en la liberación automática de envíos de bajo riesgo, sin necesidad de almacenamiento en depósitos fiscales, lo que reduce costos logísticos y tiempos de despacho. Este tipo de mecanismos ya se aplica en economías con sistemas aduaneros digitalizados, donde el análisis de riesgo permite focalizar los controles en operaciones sensibles y agilizar el resto.

En paralelo, el entendimiento incorpora compromisos vinculados a la gobernanza regulatoria, que incluyen la publicación anticipada de normas, la realización de consultas públicas y la utilización de análisis de impacto regulatorio. Estas prácticas, extendidas en países de la OCDE, apuntan a reducir la discrecionalidad y mejorar la transparencia en la elaboración de regulaciones que afectan al comercio.

El acuerdo también prevé avances en la aceptación de estándares técnicos internacionales, lo que implica que determinados productos que cumplan con normas reconocidas en otros mercados podrán ingresar sin requerir procesos adicionales de certificación local. Este punto incide directamente sobre las denominadas barreras no arancelarias, que en muchos casos representan costos y demoras superiores a los aranceles.

En el plano institucional, la implementación de estos compromisos recae en organismos como la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y las áreas vinculadas a regulación técnica y sanitaria, que deberán adaptar sus procedimientos y sistemas a un entorno de mayor digitalización e integración internacional.

Para regiones con fuerte perfil logístico y exportador como Santa Fe, los cambios pueden tener impacto en la operatoria de los puertos del Gran Rosario y en las cadenas de abastecimiento vinculadas a la industria y al agro. La reducción de tiempos en despacho y la previsibilidad en los procesos aduaneros son variables centrales en la competitividad de los operadores locales.

El acuerdo se inscribe en una tendencia más amplia de actualización de los sistemas de comercio exterior, donde la digitalización, la trazabilidad y la armonización normativa aparecen como ejes para facilitar el intercambio internacional. En ese contexto, la adopción de estándares operativos más cercanos a los utilizados en economías desarrolladas redefine las condiciones bajo las cuales se gestionan las importaciones y exportaciones en el país.