El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo, quien se encuentra actualmente procesado, se negó a declarar este martes ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 11, de acuerdo con lo que habían solicitado los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez.

Durante la mañana, trascendió que el exdirector del organismo no realizaría ningún tipo de declaraciones hasta que no se lleve a cabo la pericia de los audios que impulsaron su salida de la Agencia.

Spagnuolo y la investigación

Tanto Spagnuolo como los otros implicados, que pidieron la nulidad de la causa, aseguran que la presunta “falsedad de los audios” podría comprometer la investigación.

También llamaron a indagatoria a otras 29 personas investigadas, entre las que se encuentran Daniel Garbellini (quien también se negó a declarar este martes), exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, y Miguel Ángel Calvete, presunto lobbista de los directivos de laboratorios y droguerías.

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De acuerdo a lo expuesto por el juez Ariel Lijo, y en línea con lo que planteó el Ministerio Público Fiscal, la organización “habría estado abocada a generar millonarias sumas de dinero” para sus integrantes “de manera ilegal” y "en detrimento del erario público”.

“Las hipótesis delictivas investigadas en autos asoman la posibilidad de que acontezcan maniobras tendientes al desprendimiento de activos que pudieron haber sido instrumentos, productos, objetos o provecho de posibles delitos y, por ende, susceptibles de ser recuperados por el Estado", sostuvo el magistrado.

El caso Andis

La causa busca esclarecer el entramado de corrupción que involucra a más de 20 empresarios que habrían formado parte de esa estructura, en la que también estaría vinculada la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Spagnuolo ya fue indagado y procesado en la causa Andis por los delitos de cohecho activo, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo de funcionario público.

Las maniobras implicaron salidas de dinero por más de 75.000 millones de pesos provenientes del erario público que tuvieron como destino los bolsillos de un reducido grupo empresarial.