El abogado Diego Pirota, quien representa a la familia de Débora Pérez Volpin, la legisladora fallecida en febrero de 2018 mientras se le realizaba una endoscopía, confirmó hoy que una pericia estableció que el número de serie del endoscopio fue adulterado y que el equipo no funcionaba correctamente.
"En marzo se peritó el endoscopio que el 9 de febrero de 2018 (tres días después del fallecimiento) entregó la clínica (La Trinidad de Palermo) y que, según su Director Médico, Roberto Martingano, fue el que se usó para hacer el estudio en el que falleció la periodista y legisladora porteña", dijo Pirota a Télam.
Sin embargo, "peritos del cuerpo médico forense y dos ingenieros de la Universidad de Buenos Aires determinaron que el aparato que entregó La Trinidad no funciona correctamente y que, además, tiene el número de serie adulterado".
"A partir de eso se desprenden dos hipótesis posibles -detalló Pirota-: que el aparato no funcionaba bien y el endoscopista tuvo que realizar una conexión clandestina a alguna boca de aire para poder utilizarlo, o que el equipo que nos entregó la clínica no fue el que se usó para hacer la endoscopía de Pérez Volpin".
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Respecto a la placa identificatoria del aparato que entregó La Trinidad, Pirota señaló que “tiene limados los números de serie”.
Al respecto, recordó que el próximo 10 de junio comienza el juicio para determinar la responsabilidad de los médicos Diego Ariel Bialolenkier -endoscopista- y Nélida Inés Puente -anestesista-, procesados por homicidio culposo.
“Y aunque estén haciendo todo lo posible para evitarlo, no sólo los médicos tendrán que dar explicaciones ante la justicia: también las autoridades de la clínica", advirtió.
El 6 de febrero de 2018 la periodista y legisladora porteña falleció a los 50 años mientras le practicaban una endoscopía.
Las pericias determinaron que la muerte se debió a una perforación instrumental del esófago, que no se detectaron enfermedades preexistentes y que las lesiones del estómago encontradas fueron consecuencia de las maniobras instrumentales.
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Según se desprende del expediente, los peritos pudieron concluir que “el endoscopio no funciona correctamente en todas sus prestaciones”.
El endoscopista Diego Bialolienker y la anestesista Nélida Inés Puente están procesados y embargados por "homicidio culposo en grado de coautores" y enfrentan "penas de uno a cinco años de prisión más una pena accesoria de cinco a diez años de inhabilitación para ejercer la actividad médica", precisaron las fuentes.
Para evitar el proceso, Bialolienker había propuesto realizar tareas comunitarias, pero los jueces de la Sala I de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional rechazaron por unanimidad la "suspensión del juicio a prueba".
El tribunal, integrado por los magistrados Patricia Llerena, Jorge Rimondi y Gustavo Bruzzone, decidió que no correspondía aplicar el beneficio porque el mínimo de la pena para homicidio culposo, cinco años, excede el plazo del juicio a prueba, que es de un máximo de tres.
También argumentaron que el Ministerio Público Fiscal recomienda no otorgar la "probation" cuando en los procesos haya otros imputados a los que no les asiste el beneficio.
El juez que lleva la causa, Carlos Bruniard, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 57, cerró la instrucción el 20 de septiembre pasado y elevó el caso a juicio oral.
El ataque se produjo alrededor de las 18.30 en la zona de la República de la Sexta.
Por Aníbal Fucaraccio
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