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Caso Perassi: procesaron a los ocho implicados en el homicidio de Paula

Los implicados continuarán presos y se les trabaron embargos entre 20 mil y 50 mil pesos. El juez Tutau formalizó ayer las acusaciones a tres civiles como autores y a cinco policías por encubrimiento.  

Miércoles 20 de Mayo de 2015

Los ocho detenidos desde el 20 de abril el marco de la causa de la muerte y desaparición de la sanlorencina Paula Perassi pasaron de estar imputados a procesados, según resolvió el juez Juan José Tutau. El magistrado confirmó de esta manera la acusación contra tres civiles por el delito de "aborto sin consentimiento seguido de muerte en calidad de autores", y contra cinco policías —dos de ellos de jerarquía— por encubrimiento del crimen e incumplimiento de sus deberes.

No es la primera vez que el empresario puertense Gabriel Strumia, sindicado desde un principio como autor del homicidio, es procesado en este caso: en octubre de 2012, cuando la causa estaba sujeta a las decisiones del juez Eduardo Filocco, el hombre alcanzó este nivel de sospecha, fue detenido por "homicidio simple" y el tribunal de Apelaciones integrado por Carina Luratti, Alfredo Ivaldi Artacho y Ernesto Pangia dio lugar en abril del año siguiente a la apelación de su defensa, revocando el procesamiento, aunque sin desvincularlo de la causa.

El mes pasado, a pedido de los fiscales Román Moscetta y Donato Trotta y por resolución de Tutau, fue privado de la libertad nuevamente y así permanece, pese al pedido de excarcelación de su defensa. El hombre tenía una relación extramatrimonial con Paula y se sospecha que era el padre del bebé que ella esperaba.

La situación al parecer no era desconocida por Roxana M., la esposa del empresario transportista, quien según revelaron las escuchas telefónicas había mantenido una conversación con Paula horas antes de la desaparición de la joven, el 18 de septiembre de 2011. A ella se le atribuye haber realizado una llamada ficticia fingiendo ser la víctima, y haber intentado desviar la investigación al llevar a su hijo adolescente a prestar declaración a la policía, asegurando que había visto con vida en una parada de colectivos a la mujer desaparecida días después de la denuncia que radicó su familia por búsqueda de paradero.

Otra mujer que quedó ayer formalmente acusada es Mirta R. De esta mujer, oriunda de Timbúes, se sospecha que habría practicado un aborto en contra de la voluntad de Paula. Al momento de desaparecer, la mujer de 36 años cursaba la sexta semana de embarazo y al parecer tenía una afección ginecológica por la que habría desistido de interrumpirlo. De allí que se sospecha que fue obligada a ello, con consecuencias fatales.

A estos tres civiles se les ordenó mantener la prisión preventiva y embargos por 50 mil pesos a cada uno.

Funcionarios públicos. Los otros cinco procesados son policías que se desempeñaban en la Unidad REgional XVII de policía de San Lorenzo: Aldo G., Gabriel G. y María José G., y dos altos mandos de la fuerza: Jorge Enrique K. y Adolfo Daniel P., todos señalados como encubridores de la muerte y desaparición del cuerpo, que por estos días es buscado por el Equipo Argentino de Antropología Forense en una cava en las afueras de Puerto San Martín.

A Adolfo Daniel P. se le endilga el "encubrimiento por favorecimiento personal y real y por no denunciar la perpetuación de un delito cuando estaba obligado a promover la persecución penal de un delito de esa índole, agravado por su condición de funcionario público e incumplimiento de los deberes en concurso ideal en calidad de autor" y se le trabó un embargo por 50 mil pesos.

Al resto de los uniformados se les endilga el "encubrimiento por favorecimiento personal y por no haber individualizado al autor o partícipe de un delito ya conocido, cuando estuviere obligado a promover la persecución penal de un delito de esta índole agravado por la condición de funcionario público, y omisión de los deberes en concurso ideal en calidad de coatores", y se les harán embargos por un total de 20 mil pesos cada uno. Los cinco policías continuarán detenidos.

Todos los acusados "podrán apelar las prisiones preventivas que son la única causa de gravamen irreparable, no así los procesamientos, porque el nuevo código penal no lo permite", aclaró a La Capital el abogado José Ferrara, defensor de la familia Perassi.

Chivo expiatorio. De los uniformados implicados, Gabriel G. es el único que intervino en los primeros diez días de la investigación tras la denuncia por búsqueda de paradero de Paula Perassi, hasta que fue apartado y la pesquisa pasó a manos de otros efectivos. El acusado aseguró a este diario que fue su gestión la que reveló que no se trataba de una mera desaparición de persona, que expuso sus sospechas en torno a Strumia, y descubrió que la víctima estaba embarazada. En su defensa, argumenta que las supuestas irregularidades, maniobras de desvío y encubrimiento ocurrieron luego de que fuera desvinculado del caso. De todas maneras, para la defensa de la familia Perassi, este policía "sabe más de lo que dice".

Para sus allegados y amigos, Gabriel G. es utilizado por la Justicia como "chivo expiatorio". Ayer encabezaron una manifestación frente a los tribunales de San Lorenzo para pedir su liberación y esta noche a las 20 realizarán otra movilización en la llamada esquina de los bancos (Urquiza y San Martín) con el mismo objetivo.

En esa misma intersección Alberto Perassi, padre de Paula, realizó anteayer una marcha más en reclamo del esclarecimiento del caso, como cada 18 de cada mes. El hombre, que ha encabezado una admirable lucha por su hija, pidió en este marco que "nunca más se dé un caso como éste".

"A los vecinos que quieren colaborar pero no se animan, porque consideran que luego de las elecciones del 14 de Junio el poder de la organización criminal los pone en libertad, les digo que no tengan miedo, porque San Lorenzo va a estar vigilando para que eso no ocurra. Mi voto de confianza son todos ustedes, y con ustedes a mi lado no hay dinero que compre jueces, no hay dinero que compre Cámaras de Apelaciones. Sabemos que hay mucho dinero, no somos ingenuos, pero en esta oportunidad no les va a servir", advirtió Alberto ante un centenar de manifestantes.

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