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Caso Perassi: el magistrado evalúa si procesa a los ocho detenidos

Todos quedaron privados de la libertad. Seis de ellos declararon ayer y dos lo harán hoy. Están acusados por "privación ilegítima de la libertad, seguida de abordo contra voluntad y posterior muerte".

Miércoles 22 de Abril de 2015

El juez penal de San Lorenzo, Juan José Tutau, deberá resolver en nueve días a partir de hoy la situación procesal de los ocho detenidos por el caso de Paula Perassi, la mujer desaparecida en San Lorenzo el 18 de septiembre de 2011. Seis de ellos prestaron ayer declaración, mientras que otros dos lo harán hoy, aunque todos siguieron privados de la libertad pese al pedido de excarcelación formulado por los abogados defensores.

En una jornada agotadora que se prolongó hasta bien entrada la tarde, los ocho detenidos desfilaron por los tribunales de esa ciudad para declarar en el marco de la causa, caratulada como "privación ilegítima de la libertad, seguida de aborto contra voluntad y posterior muerte".

Se trata de tres oficiales de la Unidad Regional XVII de policía, Aldo G., Gabriel G. y María José G, y dos altos mandos de esa fuerza: Jorge Enrique K. y Adolfo Daniel P. Todos señalados como responsables de encubrir el homicidio de Paula y de desviar la investigación. Los otros tres detenidos son Mirta R., a quien se sindica como la persona que habría practicado el aborto a Paula; Gabriel S., el amante de la mujer desaparecida, y su esposa, Roxana M. Estos dos últimos no llegaron a prestar declaración ayer, y se espera que lo hagan durante la mañana de hoy.

En los Tribunales. Ayer estaban todos, los detenidos, sus abogados defensores y los representantes legales de la familia Perassi, Adrián Ruiz y José Ferrara, quienes debieron retirarse ante el pedido de uno de los involucrados en el caso, que no quiso declarar en presencia de ellos.

Paul Krupnik, abogado defensor del policía detenido Gabriel G. (su nombre de pila lo aclaró el letrado, ya que se lo venía identificando como Ramón) solicitó la libertad de su defendido, y aseguró que "toda la hipótesis que maneja hoy la Fiscalía en relación a un aborto seguido de muerte se lo hizo saber, justamente, mi cliente al juez Eduardo Fillocco, el primer magistrado que tuvo en sus manos la causa. Gabriel G. fue el primero que planteó que Gabriel S. (amante de Paula y de quien la mujer desaparecida, se presume, estaba esperando un bebé) era sospechoso de esa situación", abundó el letrado.

En diálogo con LaCapital, Krupnick manifestó que su defendido "fue el único tipo que le dedicó 14 horas diarias a la investigación", pero recordó que "su intervención sólo duró diez días, hasta que fue apartado por sus superiores. No voy a hablar por el resto de los policías imputados, pero mi cliente fue quien descubrió, y lo informó, que la chica estaba embarazada, y de los mensajes enviados entre Paula y Gabriel S. El fiscal Román Moscetta construyó todo en base al aporte de mi defendido; todo lo que haya pasado más adelante, como la presunta desaparición de pruebas y los encubrimientos, fueron posteriores a su apartamiento de la investigación", narró.

Y además recordó que "en su momento el mismo padre de Paula Perassi le envió una carta al gobernador de la provincia preguntándole por qué habían apartado a Gabriel G. de la investigación".

Aunque al cierre de esta edición La Capital no pudo contactarlo, el abogado Jorge Bedouret, defensor de los policías Jorge K., María José G. y Aldo G. ya había adelantado por la mañana que pediría la excarcelación de sus clientes, y descartó que tengan alguna implicancia en el hecho.

Pedido.Tal cual lo publicó La Capital en su edición de ayer, el juez Tutau ordenó la detención de ocho personas (cinco policías y tres civiles) de las nueve que le habían solicitado los fiscales Román Moscetta y Donato Trotta presuntamente implicadas en la desaparición y el homicidio de Paula Perassi.

Según la investigación de la Fiscalía, el día anterior a su desaparición, Paula se iba a realizar un aborto con un médico en Rosario, pero no fue posible porque al parecer la joven padecía de una afección que, de realizarse la práctica, le ocasionaría grandes hemorragias.

Se presume entonces que, ante su negativa a perder al bebé, fue forzada a realizarse la interrupción del embarazo, con el fatal desenlace. Hasta aquí la primera etapa del crimen. La segunda, es la desaparición del cuerpo y la distorsión de los hechos para desviar la investigación, la cual se considera imposible sin la participación de los policías acusados.

Los otros detenidos. Por su parte, el abogado Víctor Corvalán, defensor de Adolfo P., aseguró que su defendido "sólo cometió el pecado de ser conocido de un hombre (por Gabriel S.) a quien llevaba los camiones para arreglar. Hablaban de presupuestos, de lo que se habla con un tallerista. Y hubo una sola comunicación en la que aquel señor llamó a mi cliente, que estaba en la Agrupación Cuerpos, para contarle que la hija de un amigo suyo había desaparecido y le preguntó qué podía hacer él como alto jefe, y la recomendación fue que hiciera la denuncia correspondiente". Enojado, Corvalán aseveró que su cliente siempre compareció ante el tribunal, y pidió su inmediata liberación. Y sin ocultar sus sospecha de que "el juez está convencido de que hubo encubrimiento", aclaró que "de ser así, nada tiene que ver esto con eso mi defendido, que era jefe de la Agrupación Cuerpos y no de Unidades Especiales, que estaba a cargo de la investigación".

En tanto, Fernando Cirio, abogado de Gabriel S. y su esposa, espera que hoy presten declaración, y adelantó que analiza los términos en que presentará "distintos planteos de libertad", de acuerdo a cuál sea la imputación, ya que, calcula, no será la misma la del hombre (quien ya fuera procesado y luego desprocesado por la misma causa) que la de su mujer.

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