Los casildenses que ingresen a partir de ahora a la administración municipal tendrán que concursar su lugar si prospera una ordenanza sancionada por mayoría en la última sesión pública.
Los casildenses que ingresen a partir de ahora a la administración municipal tendrán que concursar su lugar si prospera una ordenanza sancionada por mayoría en la última sesión pública.
La iniciativa dividió las opiniones de los legisladores locales y terminó imponiéndose por cuatro votos contra tres. A favor se manifestaron los radicales, Pablo Zanetti y Mauricio Plancich, al igual que el socialista Pablo Tomat y la kirchnerista, Antonia Pierucci, mientras que por la negativa lo hicieron los también justicialistas, Roberto Meli, Pedro Sanitá y Germán Zarantonello.
La controvertida normativa será vetada por el intendente Juan Carlos Bacalini, de acuerdo a lo que aseguró ayer a La Capital el secretario de Gobierno, Fernando Ingaglio.
El funcionario remarcó que la norma constituye "un avasallamiento del Concejo sobre el Ejecutivo al afectar la facultad y potestad que tiene de nombrar y remover empleados, según la ley de Municipalidades".
Inédito. Ingaglio sostuvo que "en la provincia no se registran antecedentes de este tipo" y consideró que la norma "tiene falencias jurídicas" y perjudica la "estabilidad laboral de trabajadores municipales que prestan servicio desde hace tiempo y que para pasar a planta permanente ahora tendrán que concursar".
Sin embargo Zanetti, quien fue el impulsor de la idea, dijo que la norma "no afecta a quienes ya están trabajando; los que deberán someterse a concurso son sólo los que ingresen al municipio desde la promulgación de esta norma".
Se trata de la segunda ordenanza rechazada por la Intendencia en dos semanas. La anterior fue la que obliga al gobierno local a remitir copias al Concejo en el terminó de 48 horas, como publicó días atrás este diario.
Ahora el legislativo local tratara nuevamente el tema pero necesita los dos terceras parte de los votos para que la ordenanza quede en pie lo que, en principio, parece imposible ya que la sanción original fue por la mínima diferencia.
Lo misma suerte correrá la flamante norma sobre la incorporación de personal municipal por concurso al no encontrar receptividad en el Ejecutivo que confía en que ganará la pulseada.
El espíritu de la cuestionada normativa apunta a brindar "igualdad de oportunidades" a quienes aspiran a conseguir un trabajo en el ámbito municipal y a la vez "jerarquizar la función pública".
El nuevo régimen de selección para el ingreso a la administración municipal también alcanza al personal que se incorpore a la Sapem, una sociedad anónima compuesta por mayoría estatal y que actualmente se encarga de la recolección de residuos domiciliarios y próximamente prestará el servicio de gas natural.
La disposición contempla además a "todo organismo autárquico, descentralizado y/o de otro tipo, creados o a crearse" así como "sociedades en la que el Estado municipal sea parte" o "cualquier organismo o ente, siempre que los sueldos o retribuciones sean atendidas por fondos provenientes del erario público".
La norma suspende la facultad del Ejecutivo para efectuar "nombramientos, designaciones e incorporaciones en su ámbito de pasantes, practicantes o cualquier otra relación de similares características que no se ajuste a la presente ordenanza". Además prevé sanciones para las autoridades. Por el apartamiento o cualquier "ardid" para incumplir serán pasibles, "además de las consecuencias administrativas y penales previstas en la legislación de la responsabilidad patrimonial por los daños ocasionados a la administración pública".
Ello es "inquisitivo y persecutorio", opinó Ingaglio y aclaró que "el intendente no está en contra de los concursos cuando lo amerite, pero no puede promulgar una norma que tiene defectos y está mal planteada".
"Vetando esta normativa la Municipalidad pierde la oportunidad de ponerse a la vanguardia de los cambios que exige la sociedad", sostuvo Zanetti.
"A lo que apunta —concluyó— es a dar las mismas posibilidades al hijo de un empresario que al de un obrero o un desocupado de ingresar al municipio acreditando su capacidad sin la necesidad de tener que depender de un padrinazgo o amiguismo" para entrar a trabajar.
Sin contrataciones
La norma además prohíbe las contrataciones de personal y prevé sanciones para las autoridades municipales que infrinjan lo establecido.
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