Casilda multará a los padres de chicos alcoholizados o antisociales

Casilda.— Los padres de menores casildenses serán multados si sus hijos son encontrados en estado de ebriedad, produzcan desórdenes en la vía pública o concurran a lugares no permitidos. Así lo establece una ordenanza sancionada en la última sesión del Concejo, que intenta poner freno al consumo de alcohol en adolescentes y jóvenes con la vista puesta en su salud y la seguridad pública.

La norma, impulsada por el concejal radical del Frente Progresista, Juan José Sarasola, cosechó el apoyo de oficialismo y oposición y ahora sólo resta que sea promulgada por el Ejecutivo para su instrumentación, a partir de los 60 días. En ese período se desarrollará una campaña de difusión para informar a la sociedad sobre los alcances de la norma.

Los ediles aclararon en sus fundamentos que esta disposición "no pretende cargar las tintas sobre los jóvenes, sino por el contrario actuar sobre la responsabilidad indelegable de los mayores que no pueden desentenderse y deben promover un desarrollo psicofísico y social de los menores a su cargo".

En rigor la penalización no sólo apunta a los padres sino también a tutores, curadores y guardadores de menores de 18 años. Si bien la ordenanza no tiene antecedentes en la zona sí se aplicaron medidas similares en otras ciudades santafesinas como, por ejemplo, Rafaela.

Las multas oscilarán de 20 a 40 Unidades Fijas (UF) —cada una equivale al valor de un litro de nafta súper— y en caso de reincidencia serán duplicadas, además de fijarse tareas comunitarias en dependencias municipales.

Las infracciones previstas en las ordenanza deberán ser constatadas a través de controles conjuntos entre personal municipal y policial, aunque también se tomará como prueba las actuaciones de policías en cumplimiento de sus funciones, mientras no mediaran causas legales que las desvirtúen.

Asimismo, la norma establece que “las sanciones previstas no invalidarán penas tipificadas para otros delitos o faltas que pudieran cometerse simultáneamente, ni podrán suplir cualquier tipo de reparación o indemnización que se originaran en la comisión de la infracción”.

Los recursos obtenidos en concepto de multas serán destinados a la implementación de políticas municipales orientadas a jóvenes y adolescentes que “comprendan campañas y acciones para promover la prevención de adicciones, la formación y aprendizaje de oficios, la contención social y reinserción para aquellos menores en conflicto con la ley penal”.

Para Sarasola, el consumo de alcohol en menores combinado con el uso de estupefacientes “está impregnado en nuestra sociedad bajo una cultura sin límite que genera serios problemas a nuestros jóvenes en beneficio sólo de empresas que realizan fabulosos negocios”.

Y en ese marco opinó que esta situación “redunda en perjuicios para muchas familias, vecinos y para toda nuestra sociedad que ve incrementarse paulatinamente los hechos de violencia, desmanes, delitos que, en muchas circunstancias, tienen como origen el consumo desmedido de alcohol”.

El edil advirtió que “más allá del accionar del Estado, se evidencia una ausencia de supervisión y carencia de compromiso de algunos progenitores con la conducta de los menores a su cargo, lo cual contribuye a potenciar la situación descripta”.

“La norma —concluyó Sarasola— apunta a sancionar a las personas legalmente responsables por infracciones que cometan los menores a su cargo, intentando así alertar sobre un accionar que atenta contra la salud y la integridad de los propios adolescentes”.

A principios de 2008 la jueza de menores de Casilda, María Cristina Pecoraro, y la auxiliar social del tribunal, Cristina Bolondi, presentaron un proyecto similar que no no obtuvo el consenso necesario para su tratamiento.