Casilda.— El gremio metalúrgico de esta ciudad denunció que varias empresas
de la región adeudan aportes a la obra social por más de 1,5 millón de pesos, lo que pone en riesgo
el servicio de salud para los trabajadores del sector. Por esa razón dirigentes sindicales y más de
300 obreros se movilizaron para reclamar un cambio de conducta a los industriales que no
cumplen con sus obligaciones y perjudican "la seguridad social" de los afiliados a la Unión Obrera
Metalúrgica (UOM) del departamento Caseros.
Tras una concentración en la sede gremial, los trabajadores marcharon hacia el
Centro Económico del Departamento Caseros a fin de pedirles a sus autoridades que insten a las
empresas denunciadas.
El presidente de esa institución, Hugo Racca, se comprometió a colaborar aunque
aclaró que "la convocatoria será amplia" para conocer la realidad del empresariado "e instar a los
que están en problemas para que dentro de las posibilidades apoyen a fin de que no se caiga el
aporte a la obra social". No obstante, aclaró que "si leemos la política nacional advertimos que
éste será sólo un primer encuentro ya que lamentablemente la situación es complicada y se está
empeorando".
A esto, el secretario general de la UOM casildense y de Caseros, Marcial Gallo,
contestó: "Sabemos que la gran mayoría de estos empresarios (incumplidores) se escudan en la crisis
del mercado, pero convengamos que en tiempos de bonanza también utilizaron el mismo esquema". Y en
ese contexto explicó que "de las 160 empresas que aportan a la UOM no más de 20 están en esta
situación. El resto cumple".
El dirigente insistió con que "si este panorama se revierte podremos garantizar
la continuidad de nuestra clínica, que no sólo asiste a metalúrgicos sino a buena parte de la
población de la zona". El centro asistencial genera trabajo en forma directa a más de 80 personas
además de 70 profesionales de la salud. Gallo reveló que a raíz de la falta de aportes "el personal
de la Clínica Julián Moreno cuenta a la fecha con una parte de sus haberes impagos. La recaudación
no alcanza ya que para hacer los pagos completos se necesita por lo menos del 95 por ciento de los
aportes".
Petitorio. Los argumentos vertidos por Gallo a dirigentes del Centro Económico
reforzaron el petitorio entregado a la institución, donde se señala que "veríamos con agrado que la
entidad trate este problema desde el propio enfoque empresario ya que desde este lugar, el de los
trabajadores, hemos visto que por cuestiones que pueden llamarse concurso de acreedores, quiebras o
cambio de denominación de empresas, en los últimos 25 años se dejó de percibir una suma superior a
los 20 millones de pesos".
"No es nuestra intención —aclara la misiva— cargarle tintas al
empresariado, pero llegado el momento tendremos que hacerlo ya que en forma individual hemos
mantenido y mantenemos reuniones permanentes sin la compresión de estas empresas que ponen en
peligro la continuidad de un proyecto que brinda protección a la salud de familias trabajadoras de
nuestro sector y a otras que viven en Casilda o la región".
