Cartas de lectores

Una ley que desprotege

Domingo 23 de Diciembre de 2018

El 29 de noviembre pasado, el Parlamento santafesino sancionó con fuerza de ley los proyectos del diputado socialista Joaquín Andrés Blanco, juntamente con el proyecto de ley del senador justicialista Alcides Lorenzo Calvo. No tenemos dudas de las muy buenas intenciones de "protegernos" a nosotros, las personas mayores, incluyéndonos a la sociedad en la que vivimos desde hace varias décadas, construyendo en Santa Fe una sociedad inclusiva con un Estado presente que "cuida a los grupos vulnerables, desprotegidos y ofreciendo herramientas para nuestro desarrollo y autonomía", dijo el legislador. Sin embargo, desde que asumió la actual gestión con diferentes gobiernos desde 2007 a la actualidad, las políticas de la vejez se caracterizaron por ignorar y desatender prácticamente este colectivo de la población. Según pudimos colegir, no era ni es un tema de agenda política prioritaria. La nueva ley se basa en incrementar la "burocracia estatal"; con más personal, creando nuevas estructuras: Subsecretaría de las Personas Mayores, Defensoría Provincial de las Personas Mayores, Servicio de Atención para víctimas del abuso y maltrato, Registro único de Cuidadores; Registro de Instituciones públicas y privadas; una Comisión Interministerial de 11 ministerios. En una provincia con recursos limitados, con una población de sólo 3,3 millones de habitantes, con menos de 570 mil mayores de 60 años, no hacen falta tantos puestos "políticos", tantos funcionarios, estructuras gubernamentales. Si hoy no pueden hacer casi nada, gastando lo escueto asignado ineficiente, ¿por qué pensar que de un día a otro, mejorará en eficiencia y eficacia? Esta ley propone la creación de múltiples instituciones complejas dentro del Estado provincial. Crea una Defensoría de las Personas Mayores. Este "defensor" lo nombra el poder político de turno a los 90 días de sancionada la presente ley, dura cinco años, pudiendo ser reelegido. ¿Qué tal? Por otro lado, menciona muy escuetamente programas de servicios domiciliarios, centros de día, de "vulnerabilidad subjetiva"; de viviendas tuteladas, servicio de inserción familiar; residencias con estancia transitoria; de larga estadía, cuyo órgano de aplicación será el Ministerio de Salud. Por otro lado habla de controles por "inspectores" para "sancionar con multas y clausuras; hoy esto está perimido, se debe hablar de "auditorías gerontológicas profesionales" para enseñar, perfeccionar servicios. Esta ley reitera la "medicalización de la vida de los ancianos"; el "asistencialismo dadivoso", crea figuras que no son consensuadas en el mundo gerontológico de la importancia del médico director especializado en geriatría y gerontología junto a los trabajadores sociales gerontológicos. Por otra parte, no incluye políticas para el 98,5 por ciento de la población mayor de 60 años, como ser participación ciudana, política, legislativa y del poder de decisión en las altas esferas gubernamentales de los ancianos que tienen experiencia y sabedores de muchos conocimientos muy útiles a la sociedad; la transformación de las urbes en "ciudades amigables para los mayores"; la creación de espacios de recreación, participación real y efectiva de los ancianos en los poderes del Estado que atiendan los problemas de los mayores por otros mayores con experiencia y sabiduría. Por otra parte, es tan evidente y explícito la ausencia de asesoramiento y consultas a los académicos, representantes de los mayores, lleno de memeces, repleto de aporías que transforman a esta ley en un discurso oxímoron. Es una ley que nos retorna al pasado; la ancianidad hoy tiene bases científicas, que constituyen la gerontología; no cualquier vecino pude ser gerontólogo porque le gusta, porque le parece que sabe. Un defensor de los ancianos debe ser otro anciano que sepa, que tenga mucha experiencia para enseñar a los demás.

José Alberto Trop

Médico geriatra, presidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Rosario

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