En La Capital del 2 de octubre pasado, página 18, aparece destacada una nota con el título "Autorizan a abortar a una discapacitada violada". El desarrollo de la noticia cuenta que "la chica de 18 años quedó embarazada tras ser violada en reiteradas ocasiones por familiares directos". Un juez del lugar donde acaeció el hecho había ordenado suspender el aborto terapéutico pero el Tribunal de Familia revocó su decisión. Ahora bien, y sin entrar en la discusión permanente y nunca resuelta sobre la licitud o no del aborto, La Capital debería preguntarse y preocupar sobre qué hace el Tribunal de Familia además de autorizar lo que el juez no había concedido. ¿Qué hacen para resolver la situación lastimosa de esta víctima que vive rodeada de familiares que, si ya la violaron antes en "reiteradas ocasiones", seguramente seguirán haciéndolo si no se procede con ellos con el mismo celo y determinación empleados para interrumpir la gestación de una vida? ¿Deberá pasar la pobre chica nuevamente por calvario semejante y, además, deberá eliminarse tal vez otra vida no deseada? Creo que la labor periodística debe ser objetiva y descuento la inteligencia del periodista de este diario que investigará hasta el hueso la penalización de un hecho aberrante como el que se publica y que, desgraciadamente y por razones que los sociólogos podrían explicar mejor, se repite con demasiada frecuencia en nuestra sociedad.

Juan Carlos D’Andretta, DNI 6.023.118