El reciente e insignificante aumento otorgado a jubilados y pensionados y cuyo "beneficio" alcanza a más de cinco millones de personas, incluidos ex combatientes de Malvinas, constituye un hecho injusto, casi una burla para tanta gente postergada y excluida que, como mínimo, debería ver duplicados sus actuales ingresos mensuales. En efecto, aumentar 15% los haberes de quienes están por debajo o al borde de la línea de pobreza ($967) y pagarlo en dos veces, 7,5 en marzo y lo mismo en julio, llegando a un total de $689 resulta algo inentendible en tiempos de bonanza económica. Desde ya que este aumento tan exiguo, casi ridículo, en nada cambiará la vida de penurias y sufrimientos de tantos argentinos y que, hay que decirlo, la inflación real lo devorará a poco andar. Es evidente entonces que no está la justicia en las palabras de la ley y que la economía no está al servicio del bienestar y dignidad de millones de personas, jubiladas o no, sumidas en la pobreza y la marginación social. Quizá el argumento oficial para dar tan pequeño aumento sea aquel de que "hay que marcar la cancha" para que en las próximas paritarias, donde los gremios pedirán aumentos de un 30% o más, sea esto una señal para transar por mucho menos. Además, y para mayor bronca del sector, la migaja que recibirán los pasivos llega en tiempos de crecimiento económico y con miles de millones de dólares por todas partes. El BCRA tiene 48.000 millones de dólares de reserva (fuente de tranquilidad financiera y económica) y el superávit fiscal es altísimo (3.000 millones en enero) al igual que la recaudación impositiva que creció casi un 50% en relación al año pasado. Digamos que plata es lo que sobra, mientras falta sensibilidad humana y espíritu de justicia además de una ley que disponga la movilidad automática en los haberes tal como lo manifestó la Corte Suprema de Justicia. Todo esto hace a los derechos humanos.

Roberto J. Torres

DNI 6.037.069