Hace algunos años, no muchos, en el sector público de nuestra provincia, activos y pasivos padecieron la llamada ley de emergencia previsional que, por más de cinco años, les obligó a "contribuir" con el 10 por ciento de sus salarios para "equilibrar" los números de la Caja, según se dijo. Tan prolongada, injusta e inmoral expoliación la padecieron todos pero más los jubilados, a pesar que no fueron los empleados públicos los responsables del déficit o cuentas en mal estado de la Caja de Jubilaciones y sí lo fue un Estado ineficiente y dirigentes incapaces o corruptos. Sólo recordemos que por años se estuvo "pagando" a personas fallecidas, índice elocuente del desastre administrativo, la ineficiencia y la falta de control. Quitarle al que menos tiene, en este caso los jubilados, es muy injusto, y más aún si la tal "emergencia" no es acotada a un tiempo preciso y prolonga por años un prejuicio mayor para todos. Recordemos, en honor a la verdad, que en el orden nacional estas leyes de emergencia fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema de la Nación obligando al gobierno (Duhalde) a devolver las retenciones (13%) hechas a los empleados públicos. Preguntémonos, con o sin suspicacias, por qué aquí, en Santa Fe, quienes tienen el deber gremial y moral de informar a sus representados no lo hicieron ni lo hacen. Nos referimos al gremio judicial, entre otros del sector público, como también a ciertos abogados que tramitaron amparos y recursos contenciosos administrativos. ¿Se expidió nuestra Corte sobre la constitucionalidad o no de la ley de emergencia tal como ocurrió en Buenos Aires? ¿Cuándo lo hará? ¿Y los juicios? Alguien tendría que informar sobre lo que antecede pues tenemos derecho a saber y a dudar y la duda es el principio de la sabiduría, dijo Aristóteles.

Roberto Torres