A continuación se reproducen en  forma textual las conclusiones del informe que brindó hoy en Salta, durante la 47 Asamblea Anual de Adepa, el titular de la Comisión  de Libertad de Prensa e Información de la entidad, Carlos Gamond.

“La preocupación de Adepa por el sensible deterioro de la  libertad de prensa, como también del derecho de los ciudadanos a estar  informados, se extiende desde el campo de los medios al de las  instituciones todas.

“Asistimos a una merma de la calidad institucional con  múltiples manifestaciones de decadencia de los principios republicanos y  de sospechas en las conductas. En un contexto de crisis, se  perfilan rasgos de creciente autoritarismo, que debilitan las  instituciones y profundizan la confusión del Estado con el gobierno, y del  gobierno con facciones.

“Los condicionamientos que afectan la actividad de los medios  se manifiestan a nivel nacional y en algunas provincias, con  presiones abiertas o solapadas, interferencias en las comunicaciones,  trabas a la circulación de periódicos, agresiones a periodistas y  editores. No puede soslayarse, en este punto, la campaña de  hostigamiento que viene sufriendo Clarín, que incluyó espionajes, afiches  callejeros, publicaciones anónimas y hasta persecuciones  regulatorias y fiscales.

“Hemos expuesto reiteradamente la cruda certeza de que un  diario se acalla mediante el estrangulamiento económico o impositivo.  Con diarios empobrecidos se dificulta la libertad de prensa y con  aquellos enriquecidos por el favor oficial, la libertad de prensa  directamente desaparece.

“Nuestra Corte Suprema de Justicia ha dicho que sin una prensa  económicamente sólida e independiente existiría tan sólo una  democracia desmedrada o puramente nominal. Por eso, resulta  preocupante la distribución discrecional de la publicidad oficial,  beneficiando o castigando a las publicaciones según el tono de su contenido  editorial.

“No obstante, Adepa debe señalar los pasos dados en torno a la  salida del régimen de competitividad, un desencuentro crítico  entre los medios y el fisco que, con los convenios en trámite, parece  encontrar un principio de solución transaccional para algunos  litigios en curso.

“El periodismo no debe ser visto por los poderes públicos  como un enemigo a derrotar, sino como un aliado en la lucha por  mejorar el nivel cultural y de vida del pueblo. Deben respetarse los  principios clásicos de una relación siempre tensa, pero necesaria  para la comunicación entre gobernantes y gobernados, la ilustración  de la ciudadanía y el perfeccionamiento de las instituciones.

“Debemos puntualizar con estrictez, en consonancia con el  artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, que los derechos  constitucionales que asisten a la prensa -reservados tan sólo al  pueblo por el articulo 32 de la Constitución Nacional y consagrados  por la cultura jurídica como una libertad estratégica-, alcanzan a  todos los medios por igual, cualquiera sea el soporte tecnológico a  que se apele para la difusión de noticias, comentarios e  interpretación editorial.

“El proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre Servicios de  Comunicación Audiovisual, en reemplazo de la ley de radiodifusión,  ha generado graves preocupaciones. Adepa ha reclamado a lo largo de  los años una normativa a tono con la actualidad, la proyección de  la tecnología y los fundamentos de la democracia republicana. Es  sabido que la tecnología marcha más de prisa que el legislador y,  por eso, no resulta aconsejable una ley excesivamente casuística  que corra el peligro de pronta desactualización.

"Las frecuencias radioeléctricas pertenecen a la comunidad  internacional que las concede a los Estados para su administración,  pero no en propiedad. Su misión debe ser, por así decirlo, el  ordenamiento del dial para evitar, como sucede, la superposición de  ondas y la ilegalidad.

“Seguimos con inquietud el trámite, ahora en el Senado, del  proyecto de ley, con la esperanza de que el Congreso aún esté a  tiempo de adecuarla a las mejores tradiciones en materia de libertad  de expresión y principios constitucionales.

“La media sanción que obtuvo en Diputados, más allá de los  cuestionamientos formales que conciernen a los partidos políticos y  el trámite legislativo, debe alertar sobre las cuestiones de  fondo. El acceso sin restricciones de los ciudadanos a las fuentes de  información y la sustentabilidad de los medios privados de  comunicación, son valores primordiales para la democracia y, como tales,  deben ser preservados en un marco jurídico congruente con el  espíritu de la Constitución Nacional.

“Ninguna norma tendría que plantearse con el ánimo de  silenciar o debilitar determinadas voces sino que, por el contrario,  debería tender a fortalecer la oferta informativa independiente,  preservando las opciones existentes y abriendo nuevas alternativas a la  luz de las innovaciones tecnológicas.

“La actualización del sistema de medios puede ampliar el  registro de voces sin restringir ofertas actuales que, en libertad,  encuentran el cauce de la comunicación, como es el caso, entre  otros, de Cadena 3 de Córdoba.

“Advertimos los riesgos existentes para la vigencia de  espacios plurales que garanticen la libre información y la diversidad de  oferta informativa, más allá de la tutela gubernamental y el  control directo o indirecto sobre medios y contenidos, mediante un  agudo intervencionismo en todos los servicios de comunicación  audiovisual.

“También llamamos la atención sobre la naturaleza y finalidad  de los medios públicos, que por definición deben estar al  servicio de la sociedad toda y no de los fines propagandísticos de un  gobierno.

“El otorgamiento a funcionarios administrativos de amplios  márgenes de discrecionalidad y arbitrariedad en la adjudicación y  revisión de licencias, puede derivar en controles editoriales que  contradigan los principios constitucionales e internacionales de  protección a la libre expresión y defensa contra la censura previa.

“La iniciativa oficial, por otra parte, parece desentenderse  de la sustentabilidad de los medios, haciéndolos más vulnerables y  por consiguiente más dependientes de los recursos del Estado o de  negocios advenedizos.

“La normativa en cuestión se despreocupa de la evolución  tecnológica, cristalizando los recursos existentes y suponiendo que  así subsistirán por largo tiempo. Traiciona además siglos de cultura  jurídica al pretender imponer la caducidad retroactiva de  licencias e inversiones, con manifiesta afectación de derechos  adquiridos.

“Puede verse, también, como una aspiración de censura que los  medios que no utilizan el espectro radioeléctrico se vean sujetos  al arbitrio gubernamental y que se pretenda licenciar soportes de  libre circulación como los servicios de cable y las producciones  audiovisuales.

“Resulta extemporáneo y discriminatorio que los diarios y  revistas deban estar sujetos al arbitrio oficialista a la hora de  acceder a medios audiovisuales. Las publicaciones impresas de todo el  mundo buscan participar de nuevas expresiones de comunicación a  fin de asegurarse mayor independencia y llegar a nuevas audiencias.  Nuestro país, como se ve, podría aislarse, una vez más, de la  evolución y el progreso con iniciativas como esta, que van en sentido  opuesto al del interés general.

“Las cuestiones planteadas trascienden las urgencias  coyunturales y comprometen a los ciudadanos y sus representantes en la  búsqueda de respuestas que no provengan de la voluntad de acallar  voces sino que reflejen los valores esenciales de la sociedad  democrática, los estándares internacionales en materia de comunicación y  nuestro indiscutible compromiso con el pluralismo y diversidad  informativa.

“Al apelar al juicio de los ciudadanos, Adepa deposita en la  conciencia pública la confianza en la propia libertad de prensa”.