La señora presidenta de la Nación ha solicitado a los dirigentes gremiales, puntualmente al señor Hugo Moyano, que haya mesura a la hora de dirimir cuestiones salariales en el marco de las paritarias. Llama la atención este pedido, cuando en realidad quienes no tienen mesura, ni consideración, ni el más mínimo respeto por el destino de los trabajadores y sus familias son los operadores económicos (nacionales y extranjeros), que gozan de todas las prerrogrativas para aumentar los precios según convenga a sus intereses y exportar sin que les importe un bledo el mercado interno. Pero lo que más llama la atención es que los señores de la CGT hayan no sólo aceptado este pedido de “mesura”, sino que lo hayan convalidado con la ratificación de su voluntad al respecto. Ahora bien, en un país como la Argentina, ¿qué debe entenderse por mesura en este caso? Que los aumentos salariales no se eleven tanto como para que perjudiquen a la conveniencia política del gobierno, mediante el incremento del índice inflacionario por la irresponsabilidad de los verdaderos desmesurados, esto es los operadores económicos.La “mesura” que prestará la CGT, por otra parte, es posible que no sea gratis. Será a cambio de un arreglo político con el gobierno para que éste no opere con el inefable Barrionuevo o divida a la CGT y los “gordos” puedan seguir apoltronados en los sillones de la central obrera sin que les importe demasiado la situación lamentable de miles y miles de trabajadores que perciben salarios por debajo del nivel de pobreza. Ello en tanto a las autoridades del Ministerio de Trabajo de la Nación no se les mueve un pelo ante tantas injusticias sociales (medidas sólo para la caja fiscal) y la burocracia sindical sigue más interesada en la cuestión política que en la vida digna de los trabajadores.
LE 7.634.700

El accidente en
el parque Alem
Se me ocurren algunas reflexiones sobre el accidente que le costó la vida a una nena en el parque Alem, donde la atropelló el trencito. Ya pasó, muchos opinantes sostienen ahora qué es lo que estuvo mal, si el descuido de los padres o la edad del conductor del trencito, etcétera. Como algo elemental, no debemos permitir que pase algo grave para indicar lo que está mal. Son los estamentos gubernamentales los que deben velar por la seguridad de los ciudadanos. Y los ciudadanos, entre los que me cuento, estamos enfrascados en todo tipo de obligaciones como para requerir un cambio en los malos hábitos de los gobernantes. Otra cosa: la pista de aprendizaje de conducción del citado parque ofrece peligros por doquier, a saber: 1) picadas de motos, circulación de aprendices de conducción, de ciclistas y otras. 2) No hay una valla de protección y los asistentes al parque se sitúan circundando dicha pista, con el consiguiente riesgo si se desbanda algún conductor. 3) Ninguna autoridad de los poderes a los que concierne intervenir parece ver (o en todo caso lo ven pero hacen caso omiso) el riesgoso desarrollo de tales actividades.
4) Propongo modestamente corregir dichas anomalías estableciendo que en días festivos en dicha pista se desarrollen actividades que no pongan en riesgo la integridad física de los que allí concurren, o bien estudiar un programa en consecuencia. 5) Entiendo que no es necesario acudir a un Centro Municipal de Distrito para presentarlo.
Oscar Héctor Rodriguez
DNI 6.004.403

Juramento hipócrita
Hace unos días mi hija, que es alérgica a todas las anestesias locales, concurrió al consultorio de un cirujano odontólogo cuyo nombre nos recuerda a una popular hamburguesería para realizarse dos tratamientos de conducto, por lo cual quizás deberían ponerle anestesia general. El profesional pertenece a la obra social Iapos. Sólo viendo la radiografía que llevaba y sin revisarla, le dijo que debería hacerle las dos extracciones más un complicado tratamiento de encías por una enfermedad comprobablemente inexistente. Por su intervención nos pidió 2.500 pesos, por supuesto sin comprobante, supuestamente por el riesgo quirúrgico que tenía la operación. ¿A quién hay que recurrir ante tamaña muestra de falta de profesionalidad?
Gracias a Dios que sí existen profesionales idoneos, que ante semejante irresponsabilidad le hicieron frente al problema y actuaron en consecuencia, solucionando lo que pudo ser un riesgo de vida. ¿Es que la vida humana no tiene ningún tipo de valor para cierto tipo de gente?
¿Puede ser que la mercantilización haya llegado al punto de que un “profesional” se olvide de su juramento hipocrático para transformarlo en un juramento hipócrita?
LC 4.568.792

Los abogados tenemos derecho
Con referencia a la carta de lectores titulada "La muerte no mejora ni empeora (II)", del jefe de la sección Policiales de La Capital el diálogo que estamos manteniendo con el periodista sí nos parece trascendente y no desearíamos calificarlo como el “de los matrimonios desavenidos”, porque el auténtico destinatario del mismo es la comunidad lectora del diario. A nuestro entender y con la posterior colaboración del periodista, se ha conseguido el objetivo de reflejar aspectos esenciales de la profesión y de esa forma evitar que la comunidad lectora, a partir de texto y titulado estridente, adopte posiciones o conceptos descalificantes de un colega fallecido. No queríamos que el abogado que defiende al defraudador, al genocida, al violador, al narcotraficante o al delincuente común sea confundido con su defendido y se le extienda el descrédito.
La historia de la humanidad y nuestra historia reciente dan cuenta de la cantidad de abogados que fueron puestos en la misma bolsa con sus clientes y que fueron víctimas de agresiones y hasta perdieron la vida por haber defendido a personas o causas que los violentos, intolerantes o totalitarios no compartían o combatían. Nadie tiene soberanía sobre los modos en que la comunidad recibe la información periodística, sin embargo es innegable la trascendencia de los medios de comunicación como formadores de opinión o de imágenes o desintegradores de trayectorias; es por ello que agradecemos públicamente la generosidad de La Capital al brindarnos la oportunidad para expresar nuestro punto de vista, que es compartido por decenas de letrados que nos recomendaron no quedar callados. Por ello reiteramos, la muerte no mejora ni empeora, pero todos tenemos derecho a que se preserve nuestra auténtica memoria y los abogados también.
Arturo Araujo
Presidente del Colegio de Abogados de Rosario

Bombitas y
solidaridad
Debemos definirnos y actuar. Si las tradicionales lamparitas incandescentes generan mayores y corregibles consumos, debemos eliminarlas y sustituirlas. A todos nos corresponde, sin esperar el regalo del canje, colocar en nuestros domicilios, locales, sedes o fábricas bombitas de bajo consumo, sumándonos con ello y otras medidas que surgirán de la exigencia, al control y consumo adecuado de la energía. El Estado, sea nacional, provincial o municipal, por necesidad y para dar el ejemplo, debe proceder en consecuencia, generando consumos racionales en todos los ambitos fisicos de sus respectivas reparticiones. La crisis energética está instalada y la dura realidad a enfrentar, culpas aparte, que las hay y concurrentes, es que la solución nos demandará por años, además de cambios culturales y de conductas sociales colectivas y privadas, inversiones multimillonarias que seguramente repercutirán en las tarifas y en nuestros bolsillos. Seamos serios y si el cambio de las lamparitas más el consumo adecuado de la energía ayudan parcialmente a paliar la crisis, hagamoslo sin demoras. Ser solidarios significa simple e inteligentemente ayudarnos a nosotros mismos, y esto es válido para quienes pagamos el consumo o para aquellos que, colgados, no cumplen con sus obligaciones.
Juan Carlos Romano DNI 3.690.388