Existe un sello que es utilizado por muchos partidos y/o gobiernos para querer hacer creer al conjunto de los ciudadanos que se identifican con sus intereses.

Para detentar el título de popular deberá reunirse un requisito indispensable; ser aceptado por una clara mayoría de la ciudadanía . El actual gobierno apenas obtuvo el treinta por ciento, o sea tres de cada diez electores habilitados lo votaron. El resto, o sea los siete restantes, no lo votaron (votaron para otros partidos, en blanco, anulados o no fueron a votar). Entonces, ¿en dónde puede el actual gobierno sustentar su carácter de popular? Para tener un contenido nacional se deben tener la convicción y el ejercicio de la defensa de aquellos principios y prácticas que impongan una política en exclusivo beneficio de los intereses de la Nación y del conjunto de su población. Quienes han ejercido lobbies para la privatización de los recursos energéticos (petróleo, gas, agua, etcétera); quienes permanentemente imponen políticas que benefician a los grandes monopolios extranacionales en la explotación de la minería; quienes permiten la permanente extranjerización de las tierras; quienes permiten pasivamente la extranjerización de empresas nacionales; quienes distribuyen los recursos económicos obtenidos por el Estado a través de recursos fiscales en beneficio de los grandes pooles y/o grupos financieros multinacionales a través de subsidios, retenciones, excepciones y/u otros medios; quienes condonan deudas inmobiliarias de los últimos cuatro años a los grandes terratenientes; quienes les otorgan la subvenciones de grandes bancos extranjeros; quienes pagan una deuda externa contraída con fraude y a pesar de que la Justicia la declarara ilegítima e ilegal. A todos esos que aplicaron y aplican esas políticas que dañan los intereses de la Nación y que permiten e instrumentan la violación consecuente del artículo 29 de la Constitución, no merecen ser considerados nacionales. Por todo ello ¿en que puede fundamentar este gobierno su carácter de nacional y popular? Es un fraude a la ciudadanía.

Amílcar Monti