En recientes manifestaciones un alto funcionario del gobierno nacional sostuvo que sin las retenciones móviles el campo pierde millones ya que en medio de la crisis mundial el precio de la soja cayó más de 45 por ciento desde julio pasado. Parece una broma de mal gusto. Resulta difícil de entender que desde el Ejecutivo y sus funcionarios, todavía no hayan comprendido el error que cometieron desde el principio de la aplicación de la resolución 125, cuyo rechazo generalizado por parte del sector involucrado y la sociedad argentina fue mayoritario. El rechazo fue justo porque era una confiscación inconstitucional. En estos difíciles momentos sería oportuno y muy bien apreciado por todos que el gobierno sacara el impuesto a la producción o al menos rebajarlo al mínimo, porque con los constantes aumentos en los costos de los insumos y otros gastos derivados de su comercialización se está perjudicando su renta y también al país. Todos vivimos gracias a lo producido por el campo. En ningún país, un gobierno es enemigo del sector más competitivo y menos trabar las exportaciones que generan divisas importantes que permiten que el mundo conozca nuestros productos y por este medio que sepan dónde se encuentra Argentina en el mapa, no sólo por las noticias policiales. Ahora un sector industrial solicita un cierre a las importaciones en vez de ponerse a producir más y con valor agregado para ser más competitivo como como quiere la presidente. ¿Hay preferencias gubernamentales entre un sector y otro? Están bien clarificadas las diferencias.

Susana Cabal

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