El 13 de agosto, el gobernador de la provincia de Santa Fe firmó el decreto 810, otorgando una asignación especial de emergencia que dejó sin cobrarla a miles de jubilados provinciales. Nos pusimos a leer la letra chica y en la norma advertimos que las atribuciones que se tomó la máxima autoridad provincial -lo decía el propio decreto- era en carácter de jefe superior de la administración pública, atento el artículo 72 de la Carta Magna santafesina. De modo que no había motivo alguno -menos desde lo jurídico- para dejar sin esa suma fija a miles de jubilados. En nombre de ellos, reclamamos por todas las vías posibles. El diario La Capital, en esta columna, tuvo el buen tino de publicarnos una extensa carta en la que fundamentamos los derechos conculcados, se publicó en la edición del 25 de agosto. Hoy, nueve días después de que nos preguntábamos si se haría justicia, bien se hizo. Los jubilados finalmente en los próximos días vamos a cobrar ese dinero que nos correspondía y que algún funcionario escuchó -en este particular caso- o leyó el reclamo. Gracias al Estado que reparó un error y al medio que se hizo eco del reclamo.
