En estos tiempos de pobreza, inflación y pandemia que estamos atravesando, cada “militante” que consigue un puesto público, lo hace a costa de mayor déficit, financiado con inflación y de quienes no llegan a fin de mes. Hoy por hoy, en Argentina, los únicos que tienen garantizada su subsistencia son los que tienen empleo, cuando estos escasean como en la actualidad, la tabla de salvación es el empleo público. Los “militantes”, en general jóvenes con escasa o nula experiencia, hacen lo imposible para acceder a puestos en Anses, Pami, Aerolíneas Argentinas, YPF, municipalidades y demás organismos estatales. Esta situación nos lleva a una ecuación lamentable pero real, a mayores sueldos en la administración pública, mayor emisión monetaria; a mayor emisión sin respaldo, por supuesto, mayor inflación y pobreza. Más cantidad de sueldos militantes, altos e innecesarios, más cantidad de argentinos bajo la línea de pobreza, con el crecimiento de los asentamientos más vulnerables y marginales. En la Argentina actual, agobiada por la pandemia, la inflación, la pobreza y la indigencia, con todos los trabajos esenciales mal pagos, llámese salud, educación, seguridad, investigadores de ciencia y tecnología, ¿se puede tolerar y justificar más empleados y funcionarios en la administración pública? ¿Se puede tolerar que un empleado con 10 o 12 años de antigüedad, en una de las empresas citadas más arriba, casi doble en sueldo a un maestro o a un investigador del Conicet? Cómo me gustaría que el lector me ayude a entender esta realidad. Por más dólares que ingresen al país, a partir de las exportaciones de granos y carnes, por mejor que nos vaya en la renegociación con el Fondo Monetario Internacional y con el Club de París, con este despilfarro de dineros públicos, no tenemos salida. Seguiremos viendo este escenario de mediocridad que nos rodea desde hace décadas.